ATS, 14 de Julio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Julio 2021 |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 14/07/2021
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 2918/2021
Materia: ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente Lamarca
Secretaría de Sala Destino: 003
Transcrito por:
Nota:
R. CASACION núm.: 2918/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente Lamarca
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. César Tolosa Tribiño, presidente
D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Ángel Ramón Arozamena Laso
D. Dimitry Berberoff Ayuda
En Madrid, a 14 de julio de 2021.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Santiago de Compostela dictó sentencia de fecha 9 de junio de 2020 desestimando el recurso contencioso-administrativo n.º 282/2019 interpuesto por Volkswagen Group España Distribución, S.L. contra la resolución del Secretario General Técnico (por delegación) de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Junta de Galicia, de 23 de abril de 2019, que inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la resolución sancionadora adoptada por la Directora del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, en fecha 29 de marzo de 2017, por la que se impuso a la citada mercantil una sanción de multa de 33.400 euros por la comisión de infracciones administrativas graves en materia de defensa del consumidor.
Recurrida en apelación la anterior sentencia por Volkswagen Group España Distribución, S.L., la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia, de fecha 26 de enero de 2021, desestimando el recurso de apelación n.º 7175/2020.
La Sala de apelación, en contestación a las alegaciones de la recurrente en el sentido de que la Administración recurrida tenía la obligación de practicar las notificaciones de forma electrónica y no en papel, señala que concurren circunstancias determinantes de la validez de la notificación "en papel" a una persona jurídica, toda vez que así le fue notificada la propuesta de arbitraje a la misma persona y en el mismo domicilio de la notificación de la resolución sancionadora; y la empresa formuló alegaciones frente ella demostrando al eficacia de tal notificación a persona física en la sede de la empresa y respondiendo a la propuesta de arbitraje señalando un domicilio físico sin formular queja alguna hasta el recurso contencioso-administrativo.
Añade la Sala que no constituye vivió o defecto invalidante que la persona que recibe la notificación sea o no trabajador de la empresa. Pues no tiene que existir relación laboral o de dependencia entre la empresa destinataria y el receptor, según tiene declarado el Tribunal Supremo en la STS de 28 de junio de 2012 (recurso de casación n.º 2540/20210), entre otras. En cualquier caso, el receptor no es ajeno a la empresa pues trabaja para una subcontratista que se encarga del mantenimiento. Tampoco es un defecto invalidante la ausencia del sello de la empresa en el acuse de recibo, pues tal ausencia también se aprecia en la propuesta de arbitraje, habiendo reconocido la mercantil su recepción; y tratándose de circunstancias, todas ellas, concurrentes en anteriores notificaciones idénticas.
En definitiva, concluye, la notificación, válida y eficaz, ha de tenerse por practicada en fecha de 10 de abril de 2017 por lo que la interposición del recurso de alzada el 30 de mayo de ese mismo año fue extemporánea; deviniendo la resolución sancionadora definitiva y firme.
Notificada la sentencia, ha preparado recurso de casación contra la misma la representación procesal de Volkswagen Group España Distribución, S.L., denunciando la infracción de los artículos 41.1 y 42.2 en relación con los artículos 14.2 y 43, así como del artículo 40.3, en relación con el artículo 122.1, todos ellos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Denuncia, asimismo, la infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española (CE) y de la doctrina constitucional respecto de la estrecha relación entre la notificación y el derecho defensa.
Alega, en síntesis, que la sentencia infringe los citados preceptos en la medida en que convalida la entrega postal o en papel de la resolución sancionadora a un tercero ajeno a la recurrente, sin su conocimiento, aplicando indebidamente la regla presuntiva establecida en el artículo 42.2 LPAC, no contemplada para la práctica de notificaciones a aquellos interesados personas jurídicas, que debe llevarse a cabo necesariamente por medios electrónicos. Añade que la razón por la que las notificaciones incorrectas anteriores han producido efecto sin ser válidas, es porque el interesado se ha dado por enterado interponiendo el recurso correspondiente y han surtido efecto sólo a partir de ese momento, lo que no supone en absoluto aceptar la subsanación con efectos iniciales. Continúa manifestando que, a falta de debida notificación electrónica, la entrega en papel de la resolución sancionadora no podía provocar el inicio del plazo para su impugnación.
Por lo que concierne al interés casacional objetivo se invoca, en primer lugar, la concurrencia de la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA, alegando que no existe jurisprudencia sobre la posibilidad de aplicar la regla presuntiva de conocimiento de las notificaciones en papel recibidas por terceros presentes en el domicilio del interesado, establecida en el artículo 42.2 LPAC, a supuestos de notificaciones a sujetos obligados a recibirlas por medios electrónicos (personas jurídicas). Alega, asimismo, la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, al entender que la sentencia realiza una interpretación de los artículos 14.2 y 41.1 LPAC contraria con la que otros órganos jurisdiccionales han establecido, citando como sentencia de contraste la sentencia n.º 395/2019, de 25 de octubre, de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (recurso n.º 66/2019), en la que se señala que, concurriendo el presupuesto del artículo 14.2 LPAC, la Administración no puede optar libremente por practicar la notificación electrónicamente o en papel, sino que se encuentra obligada a notificar por vía electrónica ex lege. Y en esta línea se afirma también en la sentencia de contrate que no puede defenderse la validez de una notificación realizada en papel a un empleado de la oficina si no concurren los supuestos legales en que resulta admisible la notificación no electrónica.
Por último, invoca los supuestos de las letras b), c) y e) del artículo 88.2 LJCA.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 18 de marzo de 2021, emplazando a las partes para su comparecencia ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dentro del plazo de 30 días.
Ha comparecido, en calidad de parte recurrente, el procurador de los Tribunales D. José Paz Montero, en nombre y representación de la Volkswagen Group España Distribución S.A. En calidad de parte recurrida, ha comparecido la Junta de Galicia, representada por el procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso, Magistrado de la Sala.
El escrito de preparación del recurso de casación cumple con los requisitos que el artículo 89.2 LJCA exige al escrito de preparación, por lo que nada puede oponerse a su admisión desde esta perspectiva.
El artículo 14.2.a) LPAC dispone que "En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas". Por su parte, el artículo 41.1 LPAC establece: "Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía".
Como se ha resumido en los antecedentes de esta resolución, la representación procesal de Volkswagen Group España Distribución, S.L. articula su recurso sobre la base de que, al ser su representada una persona jurídica, la resolución sancionadora adoptada por la Directora del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, de 29 de marzo de 2017, se le debió de notificar por medios electrónicos, y que, al no hacerlo así, la entrega en papel de la resolución sancionadora no podía provocar el inicio del plazo para su impugnación.
Por su parte, la sentencia recurrida, en lo que aquí interesa, considera que concurren diversas circunstancias que determinan la validez de la notificación en papel a persona jurídica; en particular, que le fueron realizadas otras notificaciones (como la propuesta de arbitraje) en el mismo domicilio y a la misma persona -notificaciones que fueron contestadas por la empresa sin queja alguna hasta el recurso contencioso-administrativo y sin que constituya un defecto invalidante que la notificación sea recibida por persona que no mantiene relación laboral o de dependencia con la empresa-.
Planteada en estos términos la controversia y teniendo en cuenta que, junto al artículo 88.2.a), b), c) y e) LJCA, la representación procesal de la recurrente invoca la concurrencia de la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA, nos corresponde verificar si la cuestión apuntada se encuentra revestida de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Y la respuesta ha de ser afirmativa puesto que lo suscitado no carece manifiestamente de interés casacional (esto es, de una forma evidente y sin complejos razonamientos jurídicos) trascendiendo del mero objeto del pleito la interpretación que deba darse a los artículos 14.2 y 41.1 LPAC a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos. No existe sobre esta cuestión jurisprudencia de esta Sala y parece conveniente un pronunciamiento al respecto, concurriendo, por tanto, la presunción del artículo 88.3.a) LJCA invocada por la recurrente; a lo que se añade que se trata de una cuestión que trasciende del caso objeto del litigio, por lo que concurre también el supuesto del artículo 88.2.c) LJCA.
Por último, tal y como destaca el escrito de preparación, parece existir una doctrina contradictoria entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia en la interpretación y aplicación del ordenamiento citado. Así, mientras unos tribunales, como es el caso del que dicta la sentencia de instancia, consideran que el defecto de la falta de notificación por medios electrónicos, que la Administración estaba obligada a utilizar, queda validado por la notificación en papel (al entender que el destinatario ha tenido conocimiento suficiente de ella); otros tribunales, como el de Canarias ( STSJ Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, de 25 de octubre de 2019, dictada en el recurso n.º 66/2019) consideran que, en los casos en que la Administración esté obligada a notificar por vía electrónica, no puede defenderse la validez de la notificación efectuada en papel. Se aprecia, por tanto, que existen sentencias que, en supuestos sustancialmente iguales, efectúan una interpretación contradictoria de las normas de derecho estatal en las que se fundamenta el fallo, lo que hace necesario un pronunciamiento de este Tribunal Supremo tendente a esclarecer estos extremos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir a trámite el recurso de casación, identificando como cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la interpretación que deba darse a los artículos 14.2 y 41.1 LPAC a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
-
) Admitir el recurso de casación n.º 2918/2021 preparado por la representación procesal de Volkswagen Group España Distribución, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 26 de enero de 2021, dictada en el recurso de apelación n.º 7175/2020.
-
) Declarar que la cuestión suscitada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.
-
) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.
-
) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
-
) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
-
) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.
Así lo acuerdan y firman.
-
SAN, 9 de Diciembre de 2022
...1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), así como el auto del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 2021 (Recurso de casación 2918/2021), que ha admitido un recurso de casación para la interpretación de los artículos 14.2 y 41.......
-
SAN, 9 de Diciembre de 2022
...1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), así como el auto del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 2021 (Recurso de casación 2918/2021), que ha admitido un recurso de casación para la interpretación de los artículos 14.2 y 41.......
-
SAN, 9 de Diciembre de 2022
...1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), así como el auto del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 2021 (Recurso de casación 2918/2021), que ha admitido un recurso de casación para la interpretación de los artículos 14.2 y 41.......
-
SAN, 9 de Diciembre de 2022
...1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), así como el auto del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 2021 (Recurso de casación 2918/2021), que ha admitido un recurso de casación para la interpretación de los artículos 14.2 y 41.......