STS 294/2021, 3 de Marzo de 2021

El presente recurso de casación se interpuso por la Comunidad de Madrid contra la sentencia núm. 184/2019, de 29 de marzo, de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación núm. 82/2019 formulado frente a la sentencia núm. 328/2018, de 14 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid, en autos del procedimiento abreviado 266/2018, seguidos a instancia de D. Alexander frente a la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de 16 de octubre de 2017, confirmada por la desestimación del recurso de alzada mediante resolución de 13 de marzo de 2018, de la Viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería de Educación e Innovación de la Comunidad de Madrid, que desestimó la petición relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y los días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos en los que fue cesado.

La Sala del TSJ de Madrid desestimó el recurso de apelación con sustento en el siguiente razonamiento:

"PRIMERO.- La sentencia ahora impugnada, estimó el recurso interpuesto por el ya citado recurrente, profesor interino docente, contra las resoluciones administrativas que denegaron al mismo el reconocimiento de los derechos de antigüedad y el abono de los salarios de los meses de julio, agosto y días proporcionales del mes de septiembre de los cursos lectivos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, previa deducción de las cantidades que el actor hubiera podido obtener en los mismos periodos por desempleo y otra actividad incompatible con la función docente. Alegaba el actor en el recurso contencioso administrativo resuelto por la sentencia que ahora se impugna, que es funcionario interino docente prestando servicios en la Comunidad de Madrid y que sucesivamente durante todos los años era cesado el día 30 de junio de cada uno de dichos cursos, por lo que dejaba de percibir abono de salario y reconocimiento de antigüedad correspondiente a los citados meses, si bien desempeñaba y sigue desempeñando en la actualidad las mismas funciones que los profesores titulares, funcionarios de carrera, con el mismo horario y las mismas responsabilidades. La sentencia recurrida se fundamenta para estimar dicha pretensión en el criterio seguido por esta Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid (Sección Séptima), en la Sentencia que sobre similar cuestión se dictó en fecha 2 de julio de 2018 en resolución del recurso de apelación 1225/2017 (sentencia nº 479/2018), que a su vez recoge y resume el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2018, dictada en resolución del recurso de casación 37665/2015 (Sentencia 966/2018)".

El fundamento segundo reproduce la argumentación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid (Sección Séptima), de fecha 2 de julio de 2018, recaída en resolución del recurso de apelación 1225/2017 (sentencia núm. 479/2018).

"TERCERO.- Pues bien, la Comunidad de Madrid centra ahora su recurso de apelación en dos órdenes de motivos: primero, insiste en que no se debe aplicar la doctrina sentada en la referida Sentencia del Tribunal Supremo porque la falta de retribución no es sino consecuencia del cese de la recurrente a lo largo de los cursos lectivos que reclama y que tales ceses son actos firmes y consentidos porque no se recurrieron en su momento. Y, segundo, la doctrina del Tribunal Supremo referida en la sentencia no se estima de pertinente aplicación.

Ahora bien, ambas cuestiones se analizan y resuelven en sentido desestimatorio en la reciente Sentencia nº 859/2018 de 10 de diciembre (recurso de apelación 218/2018) dictada por la Sección Séptima de esta Sala.

En relación con tales argumentos dice la citada Sentencia en sus fundamentos de derecho:

"no habiendo fundamento razonable para haber cesado a la apelante antes de cesadas las razones de necesidad y urgencia por que fue nombrada, concurriría una causa de nulidad absoluta de los ceses prevista en nuestro Derecho interino. Puesto que los funcionarios interinos tienen derecho a un trato igual con respecto a los funcionarios de carrera, en todo aquello que no sea directa consecuencia de ser interinos. (Art. 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público).

Por lo cual, se estima que una vez resuelta esta cuestión de derecho interno en el sentido de que no ha sido correcta la aplicación del art. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, desde esta resolución, es consecuencia de ello que sí concurre en los ceses de la demandante, infracción del art. 4.1 la Directiva 1999/70 CE del trabajo temporal. Al haber sido sometidos los profesores interinos, a privación de parte del cargo, sin que ello estuviera justificado por su condición de interinos (temporales) conforme al Derecho interno.

Y ello a pesar de que alegue la Comunidad, que cesó a la demandante en aplicación de la Ley 4/2010, de 29 de junio de reforma de la Ley 9/2009, de 23-12-2009 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-ley 8/2010, de 20-5-2010 de medidas extraordinarias para la reducción del dé?cit público.

Como se ha visto, esta ley solamente suspendió la vigencia de un antiguo pacto sobre el derecho a percibir vacaciones los profesores interinos; adoptado en fecha anterior a entrar en vigor las normas ahora aplicables. En la fecha de dicho acuerdo, no era aplicable en España la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo temporal, la cual solo fue de aplicación directa, desde terminado el plazo de transposición el día 10 de julio de 2001, ni el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, ni la Ley Orgánica de Educación, LO 2/2006, de 3 de mayo de 2006.

Por tanto, que una norma con rango de ley haya suspendido este antiguo pacto sobre relaciones de trabajo, no estorba la vigencia de estas normas con rango igual o superior, aplicadas en las sentencias antes citadas; ni para que estas normas sean interpretadas a la luz del art. 4.1 de la Directiva 1999/70/CE del trabajo de duración determinada.

En consecuencia, los acuerdos de cese de la apelante en fecha de 30 de junio de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, infringieron el art. 4.1 de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

La interpretación efectuada por el TJUE respecto de la Cláusula 4, punto 1, antedicha, por el contenido suficientemente preciso de la Directiva, tiene efecto vertical directo, lo cual sido reafirmado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de Mayo de 2011 (recurso de casación 35/2010), en el bien entendido que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta Sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho Comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno, como consecuencia de lo cual, los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión.

Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía, recae como dijimos sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea, y es consecuencia, a su vez, de la obligación que tienen los Órganos Jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea de garantizar que las Sentencias del TJUE se lleven a efecto.

Dicho de otro modo, constatada una discriminación contraria al Derecho Comunitario tan palmaria como la analizada y en tanto no se adopten medidas que restablezcan la igualdad de trato, únicamente puede garantizarse el respeto del principio de igualdad concediendo a las personas incluidas en la categoría perjudicada las mismas ventajas de que disfrutan las personas comprendidas en la categoría beneficiada (Sentencia Rodríguez Caballero, de 12 de Diciembre de 2002, ya citada, apartado 42). Y en estos casos el Juez nacional debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador, y debe aplicar a los miembros del grupo perjudicado el mismo régimen del que disfruten los demás trabajadores (apartado 43 de la propia Sentencia, y la Jurisprudencia que allí se cita).

DÉCIMO.- Subsidiariamente, aunque no infringiera la Directiva, esta discriminación injustificada de los profesores interinos, constituiría defecto de nulidad absoluta por infracción del derecho fundamental a la igualdad de los profesores interinos con respecto a los titulares, del art. 62.1.a de la citada Ley estatal 30/1992 en relación con art. 14 y 23.1 de la Constitución española de 1978 . Por lo que al menos por esta razón se podría apreciar, a pesar de ser firmes los ceses de la apelante."

En aplicación de tal criterio, que entiende esta Sección que ha de hacer suyo en su integridad, han de desestimarse los dos motivos esenciales en que se sustenta el presente recurso de apelación.

Finalmente, se alega por la Comunidad de Madrid otro motivo de apelación, referente al reconocimiento de la antigüedad que se estima no procedente, pero en cuanto al mismo se reitera lo ya considerado en las Sentencias en que se fundamenta el fallo recaído; aplicable en el caso aquí examinado, teniendo en cuenta que el apelante reclamaba en relación con los períodos estivales de los Cursos Escolares 2104/2015, 2015/2016 y 2018/2017 y justificaba los siguientes nombramientos:

* EN EL CP INF-PRI CARPE DIEM desde el 3 de septiembre de 2012 al 30 de junio de 2013, por cuya razón se le concede antigüedad de 9 meses.

* EN EL CP INF-PRI CIUDAD DE JAEN de 6 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014, por cuya razón se le concede antigüedad de 9 meses y 8 días.

* EN EL CP INF-PRI REPUBLIDA DE PANAMA Nº 1 MADRID de 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015, por cuya razón se le concede antigüedad de 9 meses y 9 días, y,

* EN EL CP INF-PRI María Luisa de 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, por cuya razón se le concede antigüedad de 9 meses y 24 días.

En virtud de todo ello, se ha de desestimar el recurso interpuesto y confirmar en su integridad la resolución judicial que se impugna".

El letrado de la Comunidad de Madrid preparó recurso de casación contra la meritada sentencia, mediante escrito presentado el 5 de junio de 2019, identificando como normas legales que se consideran infringidas:

1. Cláusula 4, punto l, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como Anexo de la Directiva 1999/7A/CE, de 28 de junio, de acuerdo con la STJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-245117.

2. La jurisprudencia en la aplicación al presente caso de la STS de 11 de junio de 2018, recurso núm. 3765/2015.

La Sala de apelación tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 7 de junio de 2019.

Emplazadas las partes para su comparecencia ante esta Sala del Tribunal Supremo, con remisión de los autos originales y del expediente administrativo, tras personarse las mismas, por auto de 25 de febrero de 2020, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

"Segundo.- Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma.

Tercero.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las siguientes: la Cláusula 4, punto 1 de la Directiva 70/1999 de 28 de junio relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada artículo, de acuerdo con la reciente STJUE de 21 de noviembre de 2018 -asunto C-245/17-, así como la sentencia del Tribunal Supremo de 11/06/2018, RC 3765/2015. sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art. 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ["LJCA"], la representación de la Comunidad de Madrid, mediante escrito registrado el 20 de abril de 2020, interpuso el recurso de casación en el que comienza poniendo de manifiesto "[...] que ninguno de los profesores recurrentes en los centenares de procesos que por esta cuestión se han abierto han recurrido ni uno solo de los ceses que se han ido produciendo puntualmente cada 30 de junio" (pág. 3 del escrito de interposición).

Seguidamente, tras exponer el panorama normativo propio de la Comunidad de Madrid y los diferentes pronunciamientos judiciales dictados sobre el asunto, la principal crítica que le hace a la sentencia recurrida "[...] es que alcanza la conclusión de que los ceses no pueden defenderse cuando en realidad tales ceses, ni se cuestionan aquí, ni han sido impugnados en vía administrativa ni judicialmente", esto es, que se trata de "[...] una reclamación de abono por los meses de verano no trabajados cuando no ha existido ni relación jurídica que vincule a las partes ni ello está contemplado en norma, pacto o acuerdo alguno", siendo pues actos consentidos y firmes (pág. 9).

Por último, trae a colación la STS de 9 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 1930/2017), que a su juicio supera la STS de 11 de junio de 2018 (rec. cas. núm. 3765/2015), para concluir que:

"[...] es correcto el cese de los funcionarios docentes interinos en verano por no existir las razones de urgencia y necesidad que motivaron sus nombramientos, respetándose así tanto los preceptos oportunos del EBEP como el Acuerdo Marco de constante cita" (pág. 21).

Finalmente solicita que:

"tenga por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Casación contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) nº 184, de fecha 29 de marzo de 2019, por la que se desestima el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia nº 328, de fecha 14 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid, por la que se estimó el recurso contencioso administrativo tramitado por el Procedimiento Abreviado nº 266/2018, y previa la tramitación legal oportuna dicte Sentencia revocatoria de la misma, declarando ajustada a derecho la actuación administrativa impugnada".

Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, la representación procesal de don Alexander presenta, el día 21 de agosto de 2020, escrito de oposición en el que muestra su "[...] total conformidad con la fundamentación jurídica de la Sentencia que se pretende casar y principalmente en sus Fundamentos Jurídico Segundo y Tercero que abordan el fondo de la cuestión controvertida y que a la vista del recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid, basándose únicamente en la vulneración del artículo 14. d) del TREBEP, no ha quedado desvirtuada [...]" (pág. 1 del escrito de oposición), y suplica a la Sala "[...] dicte en su día sentencia desestimando el recurso de casación, siendo confirmada la Sentencia recurrida Nº 184/2019 de fecha 29 de marzo de 2019 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recaída en Recurso de Apelación Nº 82/2019) con imposición de costas a la recurrente".

Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 23 de febrero de 2021, fecha en que tuvo lugar dicho acto.

Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia núm. 184/2019, de 29 de marzo, de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación núm. 82/2019 formulado frente a la sentencia núm. 328/2018, de 14 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid, recaída en autos del procedimiento abreviado 266/2018, seguidos a instancia de D. Alexander frente a la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 16 de octubre de 2017, confirmada por la desestimación del recurso de alzada, mediante resolución de 13 de marzo de 2018, de la Viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería de Educación e Innovación de la Comunidad de Madrid, que desestimó la petición de la parte actora relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y los días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos en los que fue cesado.

El actor y aquí recurrido, don Alexander, ha venido desempeñando como funcionario interina diversos puestos de trabajo en el sector de la enseñanza no universitaria, como docente, con sucesivos nombramientos como funcionario interino de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el año 2012, mediante nombramientos que responden a las necesidades educativas existentes en la Comunidad de Madrid para los distintos cursos escolares y en los centros para los que se produjo el nombramiento, que en el caso del actor, según declara la sentencia recurrida fueron los que se relacionan en el FJ cuarto de la sentencia recurrida.

En todos los cursos a que se refiere su petición, fue cesado a fecha 30 de junio por finalización del periodo lectivo del curso escolar para el que se efectuaron los respectivos nombramientos, sin que formulase impugnación alguna contra los actos de cese, tampoco contra los de nombramiento, que adquirieron firmeza.

Tal como se indica en el auto de la Sección Primera de 25 de febrero de 2020, por el que se admite este recurso de casación, la cuestión aquí planteada es sustancialmente igual a la suscitada en otros recursos de casación, a comenzar por el resuelto por esta Sala mediante sentencia de 16 de julio de 2020 (rec. cas. núm. 793/2018). Dado que ya hay criterio jurisprudencial fijado en esta materia, basta ahora remitirse a lo que entonces se dijo:

"SEXTO.- El juicio de la Sala.

La sentencia recurrida, ya lo hemos dicho, se apoya en lo que considera vulneración de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE y, en su desarrollo hace cita y trascripción de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También, en la vulneración de los artículos 10.3 y 5 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/ 2007, y el artículo 14 de la Constitución española.

Pues bien, el examen de la cuestión de interés casacional nos sitúa en la posición de analizar un nuevo matiz de una cuestión que, estrechamente relacionada con la actual, fue resuelta en la sentencia de esta Sala de 9 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 1930/2017 - ES:TS:2019:2480). En aquella sentencia fijamos la siguiente doctrina jurisprudencial: "[...] que el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera".

Esta doctrina jurisprudencial se basa en la interpretación que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado sobre la cuestión de la compatibilidad de los ceses, por la causa indicada, con la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Se trata de la sentencia del TJUE de fecha 21 de noviembre de 2018 en el asunto C-245/17, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante auto dictado el 19 de abril de 2017 en el recurso contencioso administrativo número 164/2015.

La sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit., resolvió estas cuestiones declarando lo siguiente:

1. - En cuanto a la primera cuestión: "1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera".

2. - En cuanto a la segunda y tercera, examinadas conjuntamente: "2) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico, aun cuando esta circunstancia prive a esos docentes de días de vacaciones estivales anuales retribuidas correspondientes a dicho curso académico, siempre que los referidos docentes perciban una compensación económica por este concepto".

Estas consideraciones del TJUE determinan, también aquí, nuestra decisión y nos llevan a estimar el presente recurso de casación, en la línea sentada en nuestra anterior sentencia de 9 de julio de 2019, cit., sin que resulte procedente el planteamiento de cuestión prejudicial alguna, al resultar clara la interpretación de la norma de derecho europeo de aplicación. Es así, por la jurisprudencia reiterada y uniforme del TJUE relativa a cómo ha de ser interpretada la Cláusula 4 del Acuerdo marco tantas veces citado, y, en particular, por la interpretación fijada en la indicada sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit. Esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recogimos en nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., ha aclarado definitivamente la cuestión de la interpretación y alcance de las citadas normas de Derecho Europeo, en términos distintos a los que hizo nuestra sentencia de 11 de junio de 2018 (rec. cas. núm. 3716/2015) en un recurso de casación anterior al modelo de casación introducido en la Ley orgánica Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

En efecto, tal y como declaramos en nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., la comparabilidad de la situación de los funcionarios interinos, que ejercen las mismas funciones que los docentes que son funcionarios de carrera (funcionarios comparables por razón de su estatuto, aun con las salvedades que haremos más adelante) no impide que, en atención a circunstancias objetivas, concretamente a la fijación de una fecha o circunstancia predeterminada objetivamente como determinante del cese, éste sea acordado por la Administración por razones objetivas, a diferencia de los trabajadores fijos comparables, los funcionarios de carrera. El cese de los funcionarios interinos, también el de la actora, responde a la finalización de la causa que motivó cada uno de sus nombramientos como funcionaria interina, siendo tal causa objetiva la finalización del respectivo período lectivo del curso escolar, que se produjo el 30 de junio de cada uno de los años que se indica en la reclamación, y sobre la base de una configuración previa de la relación jurídica de servicio de tiempo determinado, que tuvo en cuenta de manera predeterminada el efecto extintivo de la finalización del periodo lectivo. Hay que destacar que, como señala la citada STJUE de 21 de noviembre de 2018, "[...] el Acuerdo Marco reconoce en principio la legitimidad de recurrir a relaciones de servicio por tiempo indefinido y también de hacerlo a relaciones de servicio de duración determinada, y, en la medida en que no establece en qué condiciones se puede hacer uso de unas y de otras, no cabe sancionar, sobre la base de dicho Acuerdo, una diferencia de trato como la que es objeto del litigio principal, consistente en el mero hecho de que una relación de servicio de duración determinada se extingue en una fecha dada, mientras que una relación de servicio por tiempo indefinido no se extingue en esa fecha" (parágrafo 46).

La elección de una relación de servicio de duración determinada deriva únicamente de una razón objetiva, la introducción de nuevas medidas organizativas en la prestación del servicio público de educación, en particular en la actividad genuinamente docente, encaminadas además a la consecución de un objetivo de interés público igualmente relevante, cómo es la reducción del déficit público, y establecidas en una norma de rango legal, como son las disposiciones presupuestarias con rango de ley a que hace referencia la Administración recurrente. Esta elección de una relación de servicio determinada, justifica un trato diferenciado entre los docentes, en función de que sean funcionarios interinos o funcionarios de carrera, dado que la relación de servicio de la interesada finalizó en unas fechas determinadas, como la de los demás interinos docentes, esto es, en aquellas en que se produjeron la finalización de las necesidades lectivas del curso escolar y, por ende, la extinción de las causas que determinaron su nombramiento, lo que además estaba previsto en sus nombramiento de forma objetiva y predeterminada, mientras que la de los docentes que eran funcionarios de carrera se mantuvo después de dicha fecha, correspondiendo a los mismos realizar todas cuantas labores administrativas y organizativas son propias del periodo no lectivo del curso escolar, y están establecidas en las ordenes reguladoras de la programación de los sucesivos cursos escolares.

Por tanto, la proscripción de discriminación en el tratamiento, a tenor del estatuto jurídico de funcionarios de carrera y funcionarios interinos, no ha sido vulnerada. Además, las razones de índole organizativa consideradas por la Administración para la determinación de manera predeterminada de la fecha de finalización de la relación de servicio (finalización del periodo lectivo del curso escolar), en cuanto fundadas en un objetivo de naturaleza pública igualmente relevante, no pueden tacharse por si mismas de medidas de trato discriminatorio para los funcionarios interinos.

Ciertamente es pacífico que las razones de índole presupuestaria no pueden constituir por si mismas y en todo caso justificación de una diferencia de trato, ya que no son directamente un objetivo perseguido por el Acuerdo marco incorporado a la Directiva 1999/70. Sin embargo, sí es preciso analizar si las medidas de tipo organizativo adoptadas, y que han determinado una distribución de las tareas no estrictamente lectivas a cargo de los funcionarios de carrera, posibilitando que los nombramientos de funcionarios interinos como docentes no hubiera de prolongarse más allá de la finalización del periodo lectivo, constituyen una discriminación injustificada de los funcionarios interinos.

Para comprobar si esta medida es proporcionada y objetiva habrá que atender a si tales medidas organizativas, que posibiliten la reducción de las necesidades de personal docente interino al periodo estrictamente lectivo, con reorganización de los servicios a desarrollar exclusivamente por el personal docente de carrera en el periodo no lectivo del curso escolar, se han aplicado de manera objetiva y uniforme a todo el personal funcionario interino en una situación comparable, y que esas razones, y no otras, constituyen realmente la causa de finalización de la relación de servicio de duración determinada. En el presente caso, ninguna prueba se ha aportado de que las sucesivas extinciones de la relación de servicio de la actora hayan respondido a situaciones distintas de las que estaban previstas objetivamente en los sucesivos nombramientos, esto es, a la finalización del periodo lectivo del curso escolar, y tampoco se cuestiona que han sido aplicadas de manera uniforme a los funcionarios docentes interinos en una situación comparable. No puede reputarse comparable, desde luego, la situación de la propia recurrente en años anteriores, como alegaba en su escrito de reclamación en vía administrativa, en que su actividad continuó en los meses del periodo no lectivo. Tal y como señala, tal y como señala el parágrafo 50,51 y 52 de la sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit.:

"[...] 50.A este respecto, es preciso señalar que los interesados no solicitan ser tratados efectivamente, por lo que respecta a la duración de su relación de servicio, de la misma manera que sus compañeros funcionarios de carrera, que están llamados a ocupar sus puestos incluso después del 14 de septiembre de 2012. En realidad, lo que reclaman con sus solicitudes es el mismo trato que se otorgó a los docentes que en los anteriores cursos académicos fueron nombrados como funcionarios interinos hasta el 14 de septiembre.

51 Pues bien, dado que el principio de no discriminación se ha aplicado y se ha concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparable ( sentencia de 5 de junio de 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, apartado 50 y jurisprudencia citada), las posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, apartado 38 y jurisprudencia citada).

52 En tales circunstancias, la diferencia de trato alegada por los interesados no puede estar comprendida, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco" (parágrafo 50 a 52).

Las consideraciones que el juzgador de instancia hace sobre la improcedencia de que pueda organizarse un servicio adecuado del curso escolar, y por tanto la imposibilidad de reducir el personal durante el periodo no lectivo, no se basan en apreciación de hechos o pruebas, extremo que quedaría al margen del recurso de casación, sino en la interpretación jurídica de normas, tales como la Ley General de Educación de 1970, la ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación y la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Afirma la sentencia de instancia que "[s]iendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora".

Tales conclusiones, fruto de una labor de interpretación jurídica, no establecen ningún hecho, ni desvirtúan lo que resulta del expediente y de las propias alegaciones de las partes, y es que la actora no desempeñó las tareas correspondientes al periodo no lectivo del curso escolar, ya que en base a una decisión organizativa de la Administración, y con base en el interés de cumplir una finalidad pública igualmente relevante como el control del déficit público, se optó por un modelo de relación laboral de duración limitada, acotada en su finalización al dato objetivo de la finalización del periodo lectivo del curso escolar, y sin menoscabo alguno de los derechos de la recurrente que disfrutó de su periodo vacacional o recibió la compensación económica correspondiente, extremo que no cuestiona.

Además, hay que matizar que la situación de los funcionarios de carrera no resulta por completo comparable en el sentido de que dichos funcionarios no es que, como dice la demandante, recibieran la retribución de los meses de julio y agosto pese a finalizar el curso escolar antes, el 30 de junio, sino que continúan en el desempeño de sus puestos de trabajo - como es lógico - con dedicación a otras labores también propias de su actividad, pero no disfrutando de unas vacaciones más allá de las previstas legalmente. Estas labores no son las mismas que la tarea docente y las conexas con la misma durante el periodo lectivo, que es la necesidad que justificó los nombramientos de la recurrente, y que concluyó al final de cada periodo lectivo.

Por otra parte, hay que tener presente que, de la conducta de la actora, que no impugnó los actos de cese, se sigue, sin dificultad, que no cabe cuestionar la licitud de los mismos, máxime cuando ni se aportan por la actora los nombramientos ni tampoco los actos de cese, ni el hecho de que éstos últimos se correspondieran con la causa objetiva establecida en los respectivos nombramientos.

El dato en que se insiste por la sentencia recurrida de que los nombramientos dieron lugar a la prestación de servicio en un mismo centro docente no empaña la conclusión que hemos establecido, pues es notorio que los procesos de acceso a la condición de funcionario interino se producen mediante el acceso a la condición, y no para centro determinado, sin perjuicio de que en el proceso de adjudicación de puestos como funcionarios interino se produzcan determinadas prioridades que respondan a las preferencias del aspirante que resulta nombrado. No estamos ante una situación de interinidad por vacante específica, que tendría una vinculación con el centro, sino en un nombramiento por necesidades de la planificación educativa. No es el centro escolar o docente el que nombra al funcionario interino, sino la Administración educativa y sobre la base de una "bolsa de empleo", o listado de aspirantes y según un proceso anualizado (puede verse al respecto el Decreto 42/2013, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el procedimiento de selección de funcionarios interinos docentes de ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid).

Así pues, la adjudicación de la plaza concreta en que desempeña sus servicios no sirve, en la forma que pretende exponer la sentencia recurrida, a unas concretas necesidades educativas de un centro cubiertas por un determinado docente interino. De hecho, la hoja de servicios de la actora prueba que tanto antes como después de los periodos reclamados ha prestado servicios en otros centros docentes de la Comunidad de Madrid. De ahí que la continua referencia a que los servicios se prestaron en un mismo centro carezca de relevancia para la cuestión en litigio. De modo que no cabe hablar de "readmisión" como hace la demanda y acepta la sentencia recurrida en su argumentación.

Lo relevante es que la relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y predeterminadas. Por consiguiente, reconocer como hace la sentencia recurrida, el devengo de retribuciones sin que traiga causa de una relación de servicio existente, dada la extinción legítima y además consentida de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, supone una vulneración frontal de lo dispuesto en el art. 14.d) y del art. 10.3 y 5, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como una infracción de la doctrina jurisprudencial establecida respecto a la interpretación del alcance de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE.

SÉPTIMO.- La doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional.

De lo razonado se sigue que, la finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este caso fue a 30 de junio de cada uno de los años reclamados-, y la iniciación de un nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.[...]".

Por lo expuesto, este recurso de casación debe ser acogido, reiterando la doctrina jurisprudencial expresada en el FJ séptimo de nuestra sentencia de 16 de julio de 2020, cit., con la consiguiente anulación de la sentencia impugnada así como de la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que fue confirmada por aquella, procediendo, asimismo, la desestimación del recurso contencioso-administrativo; todo ello sin hacer imposición de costas del recurso de casación por no apreciar temeridad ni mala fe en ninguna de las partes ( art. 93.4 LJCA), ni tampoco imponer las de la instancia, dada las serias dudas de derecho que la cuestión litigiosa ha suscitado hasta la fijación de la doctrina jurisprudencial ( art. 139.1 LJCA).