STSJ Comunidad de Madrid 529/2020, 30 de Julio de 2020
| Ponente | JOAQUIN HERRERO MUÑOZ-COBO |
| ECLI | ES:TSJM:2020:11210 |
| Número de Recurso | 221/2019 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 529/2020 |
| Fecha de Resolución | 30 de Julio de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Novena
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2019/0004505
Procedimiento Ordinario 221/2019
Demandante: BUILDINGCENTER, S.A.U.
PROCURADOR D./Dña. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY
Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
SENTENCIA No 529
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN NOVENA
Ilmos. Sres.
Presidente:
D. José Luis Quesada Varea
Magistrados:
D. Ramón Verón Olarte
Dª. Matilde Aparicio Fernández
D. Joaquín Herrero Muñoz-Cobo
Dª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid a treinta de julio de dos mil veinte.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por los trámites del procedimiento ordinario, el recurso núm. 221/19, interpuesto por BUILDINGCENTER SAU, representada por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 22 de octubre de 2018, desestimatoria de las reclamaciones contra liquidación provisional del impuesto sobre transmisiones y sanción tributaria.; siendo demandados la Abogada del Estado y el Letrado de la Comunidad de Madrid.
Previos los oportunos trámites, el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, en representación de BUILDINGCENTER SAU, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó oportunos, suplicó a la Sala
[D]icte Sentencia por la que anule la Resolución dictada por el TEARM por los siguientes motivos:
i. La operación realizada por BC es una compraventa, no debiendo calificarse de forma distinta por parte de la Administración.
ii. La Administración debería haber tramitado un expediente de conflicto en la aplicación de la norma para alterar la calificación de la operación realizada por mi representada.
iii. La base imponible considerada por la Administración es incorrecta al no coincidir con el valor real de las Fincas, suponiendo una clara conculcación de los principios de legalidad, seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la CE ) y capacidad económica de mi representada ( artículo 31.3 de la CE ), vulnerando los derechos constitucionales de mi representada en relación con este punto.
iv. La Resolución de Expediente sancionador es improcedente por cuanto no concurren los elementos exigidos por la normativa para imponer una sanción a mi representada.
La Abogada del Estado contestó a la demanda alegando asimismo los hechos y fundamentos jurídicos que consideró oportuno, y solicitó la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte recurrente.
El Letrado de la Comunidad de Madrid, en el mismo trámite, se opuso a la demanda alegando los hechos y fundamentos de Derecho que estimó adecuados, y solicitó la desestimación del recurso con condena en costas a la parte actora.
Recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes y admitida por la Sala, con el resultado que consta en autos.
Evacuado el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 16 de julio de 2020, en que tuvo lugar.
En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales esenciales.
Es ponente el Magistrado D. Joaquín Herrero Muñoz-Cobo.
Con carácter previo resulta necesaria la siguiente cita de antecedentes del caso:
-
-Dña. I.A.F era propietaria de determinados bienes inmuebles hipotecados a favor de CAIXABANK SA en garantía de un préstamo.
-
- BUILDINGCENTER SAU es la entidad a la que CAIXABANK había designado para recibir los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.1 del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
-
-CAIXABANK certificó la deuda hipotecaria que con ella mantenía la propietaria si bien, en caso de transmitir los bienes hipotecados a BUILDINGCENTER, realizaría una condonación reduciendo la deuda.
-
- El mismo día otorgaron la que denominaron "escritura de compraventa de inmueble y subrogación". Mediante el contrato, la primera transmitió los inmuebles hipotecados por la suma a que ascendía la responsabilidad hipotecaria tras la condonación parcial. El precio fue íntegramente reservado por la parte compradora para hacer frente al pago del crédito hipotecario que gravaba las fincas a favor de CAIXABANK.
-
- BUILDINGCENTER presentó la autoliquidación del ITP sobre la suma que figuraba como precio de venta de esos inmuebles.
-
- La Administración giró liquidación provisional calculando la cuota sobre el valor de la deuda de los mismos bienes sin la condonación. La motivación de la liquidación residió en que la operación realizada era una dación en pago del art. 1175 CC cuyo valor es igual al de la deuda extinguida, en este caso el importe pendiente de amortizar del préstamo hipotecario que recaía sobre esos bienes. Añadió que la dación en pago no queda desnaturalizada por el hecho de ser un tercero el adquirente de los inmuebles.
El TEAR confirmó la liquidación, si bien afirmando que el negocio concertado era una dación para el pago de deuda y no en pago de deuda.
La demanda tiene su sustento en los siguientes argumentos, expuestos muy resumidamente.
Primero, la improcedencia de la calificación del contrato realizada por el TEAR, puesto que: 1.- La operación realizada fue una compraventa, tal como resulta de las estipulaciones del contrato, por lo que la base imponible debe coincidir con el valor declarado en la escritura que equivale al valor real de las fincas y no al valor de la deuda hipotecaria. 2.- La consideración del negocio como dación para el pago de deudas se opone a los términos y efectos de lo convenido por las partes. Y, 3.-, No fue observado el procedimiento establecido para que la Administración tributaria modifique la calificación que al contrato ofrecieron los interesados, pues para ello es necesario haber tramitado un procedimiento para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma como prevé el art. 15 LGT.
Segundo, la improcedencia de la base imponible considerada por el TEAR por: 1.- Conforme al art. 10.1 de la ley reguladora del impuesto (TRITPyAJD) la base imponible coincide con el valor real del bien transmitido, equivalente al precio de adquisición. 2.- La incorrección de la base imponible del TEAR porque, 2.1, debería haberse atenido al trasfondo económico del contrato con abstracción de las convenciones entre el vendedor y el acreedor hipotecario; 2.2, no cabe considerar que la contraprestación sea el importe total de la deuda; 2.3, debe analizarse la operación desde la perspectiva de la compradora que es el sujeto pasivo del tributo; 2.4, la integración del art. 10 y del 46.3 LITPyAJD conculca el principio de legalidad y de reserva de ley; 2.5, el único activo que cabía esperar de la operación coincidía con el valor de las fincas, y, 2.6, también en la dación para pago debe estarse al importe que se obtiene en la venta del inmueble y que se aplica a compensar la deuda.
Tercero, la vulneración del principio de igualdad por la diferencia de trato de las operaciones de dación para el pago de deudas y ejecución hipotecaria, pues: 1.- La causa y la consecuencia de ambas operaciones son idénticas porque en ambas el deudor no puede hacer frente a la deuda y el bien hipotecado es el único activo de que dispone. Y, 2.- El TEAR no justifica la razón de la diferencia de trato.
Cuarto, la vulneración del art. 31.1 CE por cuanto es contrario al principio de capacidad económica exigir a la entidad adquirente de un activo un importe superior al valor declarado, en el cual consiste el valor de la contraprestación satisfecha y el importe pendiente de la deuda.
Quinto, la improcedencia de la sanción impuesta al no concurrir ni el elemento objetivo ni el subjetivo de la infracción. Y, por último, la falta de motivación de la resolución sancionadora.
La adecuación a Derecho de la liquidación tributaria impugnada ha sido declarada en supuestos idénticos al actual en las sentencias de la Sección 4ª de esta Sala con núm. 544/2018, de 28 de noviembre (rec. 60/2018), 80/2019, de 20 de febrero (rec. 238/2018), 135/2019, de 13 de marzo (rec. 237/2018) y 147/2019, de 29 de marzo (rec. 342/2018). Por evidentes razones debemos remitirnos a los fundamentos de las mencionadas sentencias para dar respuesta a las cuestiones que suscita la actora.
En efecto, el negocio traslativo controvertido en el proceso dispone de todos los elementos de la dación en pago de deudas del art. 1175 CC. La causa que subyace en el contrato es la entrega de unos bienes con objeto de extinguir la obligación pendiente con la entidad bancaria acreedora y con sujeción a las condiciones impuestas por esta, como la designación del destinario del bien y el plazo en que habría de formalizarse la operación, a cambio de una condonación parcial de la deuda.
La función económica esencial del negocio jurídico fue la de cancelar el préstamo hipotecario, con la peculiaridad de que la entidad acreedora aceptó modificar la prestación del deudor y admitió como pago determinados bienes inmuebles en vez de una cantidad de dinero. La acreedora, CAIXABANK, carecía de la posibilidad de recibir directamente los bienes en virtud de la normativa sobre venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, para lo que debía de servirse de la sociedad creada a tal efecto, BUILDINGCENTER.
No...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba