ATS, 8 de Septiembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Septiembre 2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 08/09/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 3869/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer
Procedencia: T.S.J. MADRID SOCIAL SEC. 5
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: CMG/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 3869/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Ángel Blasco Pellicer
Dª. María Luz García Paredes
D. Juan Molins García-Atance
En Madrid, a 8 de septiembre de 2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer.
Por el Juzgado de lo Social N.º 8 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 11 de agosto de 2017, en el procedimiento n.º 130/2017 seguido a instancia de D. Luis contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 8 de abril de 2019, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 26 de septiembre de 2019 se formalizó por el letrado D. Luis Garisoain Cadarso en nombre y representación de D. Luis, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 14 de febrero de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por defecto en preparación. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
De acuerdo con lo previsto en el art. 221.2 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá exponer cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos. Según el apartado 4 del mismo artículo, las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición. Por otro lado, a tenor del art. 225.4 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, son causas de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar el recurso.
De este modo, la Ley de la Jurisdicción Social viene a recoger el criterio sostenido por la Sala Cuarta al amparo de la normativa anterior en la sentencia de 2 de julio de 2013 (rcud 2597/2012) y las que en ella se citan. Conforme a esa doctrina el escrito de preparación del recurso ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce, de modo que si bien no será necesario efectuar en dicho escrito "el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición", sí se "deberá identificar tanto el núcleo básico de la contradicción, que la Sala ha definido como la determinación del objeto y el sentido de la divergencia entre las resoluciones comparadas, como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias". El mismo criterio doctrinal se mantiene en los autos, entre otros muchos, de 11 y 18 de septiembre de 2018 (rcud 3987/2017 y 4548/2017), 23 de mayo de 2019 (rcud. 4134/2018) y 17 de diciembre de 2019 (rcud. 1351/2019).
Por otra parte, debe indicarse que el incumplimiento de tales requisitos constituye un defecto procesal insubsanable y se trata además de "una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento al retrasar también de forma injustificada la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable".
Hay que señalar además que sobre tal interpretación se pronunció el Tribunal Constitucional, declarando en auto 260/1993, de 20 de julio, que este criterio no era contrario al art. 24 de la Constitución, "sino más bien impecable desde el punto de vista constitucional y legal". Doctrina que reiteró en la STC 111/2000, de 5 de mayo.
La sentencia recurrida confirmó la de instancia que desestimó la demanda solicitando el reconocimiento de una incapacidad permanente. El procurador del demandante presentó un escrito el 23 de abril de 2019 por el que venía a anunciar recurso de casación por Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia y en el que se refería al concepto de incapacidad permanente total e incapacidad permanente absoluta. Seguidamente citaba el art. 233 LRJS y señalaba a continuación que según lo previsto en el art. 206.1 de la citada Ley venía a interponer en tiempo y forma recurso de casación para la unificación de doctrina contra la mencionada sentencia de suplicación. En el apartado ALEGACIÓN la parte recurrente indicaba que se razonará la contradicción entre la sentencia recurrida y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que contradigan (sic) a la recurrida, aportando las pruebas y certificaciones. La parte recurrente terminaba por suplicar que se tuviera por presentado el escrito y se tuviera por interpuesto el recurso de casación para la unificación de doctrina con las demás prevenciones legales. Por otrosí se comunicaba haber efectuado el depósito de 600 €.
Aunque la Sala de Madrid ha seguido actuaciones a partir de un requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de 25 de abril de 2019 para subsanación de defectos, el recurso debe inadmitirse porque está defectuosamente preparado al no exponerse el núcleo de la contradicción ni citarse sentencia alguna de contraste como exige el art. 221.2 a) y b) LRJS. De hecho, el escrito ni siquiera se identifica como de preparación del recurso pues primero anuncia recurso de casación y en el suplico se pide que se tenga por interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina. Y, como viene declarando reiteradamente la Sala Cuarta, los defectos advertidos en el escrito de preparación del recurso son insubsanables.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 225.5 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Luis Garisoain Cadarso, en nombre y representación de D. Luis contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 8 de abril de 2019, en el recurso de suplicación número 299/2018, interpuesto por D. Luis, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 8 de los de Madrid de fecha 11 de agosto de 2017, en el procedimiento n.º 130/2017 seguido a instancia de D. Luis contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
