STS 606/2020, 12 de Noviembre de 2020
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2020:3685 |
| Número de Recurso | 2741/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 606/2020 |
| Fecha de Resolución | 12 de Noviembre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 606/2020
Fecha de sentencia: 12/11/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 2741/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 29/10/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 2741/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 606/2020
Excmos. Sres.
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 12 de noviembre de 2020.
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cornellá. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (antes Catalunya Banc S.A.), representada por la procuradora Ana Espinosa Troyano y bajo la dirección letrada de Mónica del Collado Picó. Es parte recurrida Paula, Pura y Emilio, que no se han personado ante esta sala.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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La procuradora Griselda Martínez del Toro, en nombre y representación de Paula, Pura y Emilio, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cornellá, contra la entidad Catalunya Banc S.A., para que se dictase sentencia por la que:
"estimando íntegramente la demanda, que contenga los siguientes pronunciamientos:
"1.- Se declare el incumplimiento por parte de Catalunya Banc S.A. de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de los instrumentos objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma.
"2.- Se condene a Catalunya Banc S.A. a indemnizar en concepto de daños y perjuicios a los actores a la suma de 7.398,87 €, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la quita.
"3.- Se condene a Catalunya Banc S.A. al pago de las costas judiciales causadas en la presente instancia".
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El procurador Ignacio de Anzizu Pigem, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:
"desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cornellá, dictó sentencia con fecha 22 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta en fecha 21 de mayo de 2015 por la Procuradora de los Tribunales Griselda Martínez del Toro en nombre y representación de Paula, Pura y Emilio contra Catalunya Banc SA y debo condenar y condeno a la demandada al pago a la actora del total importe de 7398,87 euros de principal, con más los intereses legales desde la interposición de la demanda hasta su completo pago con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Catalunya Banc S.A.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de fecha 7 de febrero de 2018, con la siguiente parte dispositiva:
"Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A., contra Sentencia de 22/04/2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cornellà de Llobregat (UPAD) en el asunto mencionado en el encabezamiento, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con imposición de costas a la recurrente".
Interposición y tramitación del recurso de casación
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El procurador Ignacio de Anzizu Pigem, en representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (antes Catalunya Banc S.A.), interpuso recurso de casación ante la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
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Por diligencia de ordenación de 10 de mayo de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (antes Catalunya Banc S.A.), representada por la procuradora Ana Espinosa Troyano. Es parte recurrida Paula, Pura y Emilio, que no se han personado ante esta sala.
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Esta sala dictó auto de fecha 17 de junio de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (antes Catalunya Banc, S.A.) contra la sentencia dictada con fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª, en el rollo de apelación n.º 672/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 296/2015 del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Cornellá de Llobregat".
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Al no solicitarse por la parte personada la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de octubre, en que ha tenido lugar.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
El 18 de diciembre de 2008, Paula, Pura y Emilio adquirieron obligaciones subordinadas de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un importe total de 33.000 euros.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las obligaciones de deuda subordinada por acciones y su posterior venta, Paula, Pura y Emilio recuperaron la suma de 25.601,13 euros.
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Paula, Pura y Emilio interpusieron una demanda contra Catalunya Banc, S.A. de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 7.398,87 euros.
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El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 7.398,87 euros, más los intereses devengados desde la interposición de la demanda.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso. Desatiende, entre otras, la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros y confirma la condena a indemnizar en la suma de 7.398,87 euros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación, sobre la base de un único motivo.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo fue resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimamos en parte el recurso de apelación, en el sentido de estimar en parte la demanda y condenar al banco demandado a indemnizar a los demandantes en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas.
Los rendimientos percibidos durante la vigencia de las subordinadas, según se desprende de las liquidaciones aportadas con su contestación a la demanda y resume el recurso de casación, fueron 7.029,88 euros, importe que deberá descontarse de la suma inicialmente reconocida a los demandantes (7.398,87 euros). De este modo la indemnización se cifra en 368,99 euros y sobre esta suma debe aplicarse el interés legal desde la interpelación judicial.
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, y acordamos la devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas en parte las pretensiones de ambas partes, tampoco hacemos expresa condena de las costas de la primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) de 7 de febrero de 2018 (rollo 672/2016).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cornellá de 22 de abril de 2016 (juicio ordinario 296/2015) en el siguiente sentido.
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Estimar en parte la demanda formulada por Paula, Pura y Emilio contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y condenar a la demandada a indemnizar a los demandantes en la suma 368,99 euros, más el interés legal desde la interpelación judicial.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y de apelación, ni tampoco las correspondientes a la primera instancia.
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Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
