STSJ Andalucía 2704/2020, 16 de Septiembre de 2020
| Ponente | LUIS ANGEL GOLLONET TERUEL |
| ECLI | ES:TSJAND:2020:10589 |
| Número de Recurso | 699/2017 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 2704/2020 |
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
RECURSO NÚMERO 699 / 2017
SENTENCIA NÚM. 2704 DE 2.020
Ilmo. Sr. Presidente:
Don José Antonio Santandreu Montero
Ilmos. Sres. Magistrados
Don Luis Gollonet Teruel (ponente)
Don Antonio de la Oliva Vazquez
______________________________________
En la ciudad de Granada, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 699/2017, seguido a instancia de D. Secundino , que comparece representado por la Procuradora de los Tribunales doña Encarnación Ceres Hidalgo y asistida por el Letrado don Miguel Rodríguez de Cepeda, siendo parte demandada la Administración del Estado, Tribunal Económico Administrativo Central, en cuya representación y defensa interviene el Sr. Abogado del Estado y como parte codemandada la Junta de Andalucía en cuya representación y defensa intervino el Letrado de su Gabinete Jurídico.
La cuantía del recurso es 87.471,39 euros.
El recurso se interpuso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, que se reseña en el Fundamento de Derecho Primero.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando la resolución impugnada.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó se dictase sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada. Similar petición dedujo en el mismo trámite la parte codemandada que se adhirió a las alegaciones de la parte demandada.
Solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba, se practicaron las que propuestas por las partes, la Sala consideró pertinentes con el resultado que obra en autos. Hubo lugar al trámite de conclusiones escritas que evacuaron las partes personadas reiterando lo ya solicitado en sus escritos de demanda y contestación.
Se pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente, y se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso y habiendo actuado como Magistrado Ponente don Luis Ángel Gollonet Teruel.
Se interpone el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, expedientes NUM000 y NUM001, que anuló la sanción y confirmó la liquidación número NUM002 que por importe de 87.471,39 euros le giró la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía por el concepto del Impuesto sobre Sucesiones, devengado por el fallecimiento de don Abilio acaecido el 4 de noviembre de 2010.
La estimación de la reclamación promovida el 3 de julio de 2014 contra la sanción por importe de 57.035,96 euros y la anulación de ésta hace que nuestro pronunciamiento vaya a versar exclusivamente sobre la conformidad a derecho de la resolución del TEARA en cuanto confirmó la liquidación número NUM003 que por importe de 87.471,39 euros le giró la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía por el concepto antes reseñado.
El TEARA en su fundamento de derecho tercero acota que cuestión a resolver en la reclamación es si para gozar de la bonificación fiscal del 95% por la adquisición mortis causa de una empresa familia, prevista en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones, es necesario no solo que la persona forme parte del grupo familiar y que cumpla con el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección de la empresa familiar, sino que, además, debe de cumplir el requisito de que lo percibido por el ejercicio de esas funciones de dirección, represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos del trabajo personal y si se puede considerar cumplido este último requisito cuando todos los rendimientos declarados como percibidos, según sus declaraciones del IRPF ejercicios 2009 y 2010, corresponden a ingresos obtenidos en actividades económicas.
Para la resolución de este proceso es necesario tener en cuenta lo ya resuelto en las Sentencias de 28 de mayo de 2020, recaídas en los recursos 698 y 700 de 2017, cuyo criterio jurídico seguimos en este recurso.
La empresa familiar que nos ocupa es Electra La Loma S.L., en la que don Artemio - hermano del recurrente- desde el día 15 de octubre de 1997 a 27 de julio de 2011 tuvo la condición de Consejero Delegado solidario y el 29 de julio de 2011 fue nombrado administrador único.
La parte demandante sostiene que aunque su hermano en sus declaraciones del IRPF de los años 2009 y 2010 reseñara que las remuneraciones percibidas por esas labores de dirección eran rendimientos de actividades económicas, lo cierto y verdad es que eran de rendimientos de trabajo de su labor de dirección en dicha mercantil y que lo percibido por ese concepto superaba el 50 % de la totalidad de sus rendimientos.
No se ha hace cuestión, a criterio de la Sala, que don Artemio ejerciera funciones de dirección de la citada mercantil, sino si los rendimientos obtenidos y declarados lo son como rendimientos de su trabajo personal como administrador único de la mercantil o, por el contrario, rendimientos de sus actividades económicas.
La Administración en su liquidación confirmada por el TEARA y cuya conformidad a derecho se trae ante esta Sala, denegó la reducción postulada por la ahora recurrente porque el hermano de la recurrente don Artemio en sus declaraciones del IRPF de los años 2009 y 2010 no cumplía con el requisito del artículo 20-2 c) de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones, de 18 de diciembre porque de la propia declaración de su hermano que ostentaba la dirección de la sociedad por el concepto y períodos señalados no figuraba la existencia de rendimientos de trabajo personal derivados del desempeño de su labor de dirección en esa mercantil, sino que los rendimientos declarados eran fruto de sus actividades económicas y profesionales en estimación directa, ya que figuraba de alta en el Código Nacional de Actividades Económicas en el epígrafe 321 correspondiente a los ingenieros técnicos industriales y textiles, ayudantes y peritos.
Frente a ello la parte recurrente aduce que se aportaron una serie de facturas que evidenciaban que los rendimientos de don Artemio obedecían en su mayor parte de las labores de dirección de la citada mercantil. La Administración no consideró prueba suficiente la aportada porque siendo las facturas unos documentos privados precisaban de otros medios (liquidaciones de IVA, contabilidad de la sociedad, etc.) que contribuyesen a acreditar la realidad de los servicios reflejados en esas facturas.
En principio es conveniente reseñar que es sobradamente conocido el carácter restrictivo que presentan las exenciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico, del que constituyen exponentes claros los siguientes preceptos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria: art. 8.d), reserva de ley tributaria; art. 22, concepto funcional; y, básicamente, art. 14, prohibición de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
Es por ello que la cuestión jurídica que se plantea en este proceso es si la parte recurrente ha probado que aglutinara los requisitos y presupuestos exigidos legalmente para disfrutar de la reducción por la adquisición de empresa familiar a que se refiere los artículos 20 de la Ley 29/1987,del Impuesto sobre sucesiones y 4 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.
El artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en relación con el artículo 4.8 de la Ley 19/1991, de 6 de junio del Impuesto sobre el Patrimonio y el artículo 5.1.d) del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones, constituyen el entramado normativo a aplicar.
Así, el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 establece que:
"2. En las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado las reducciones a que se refiere el apartado anterior o no resultase aplicable a los sujetos pasivos la normativa propia de la Comunidad, se aplicarán las siguientes reducciones:
-
En los casos en los que en la base imponible de una adquisición "mortis causa" que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio , o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el...
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