ATS, 20 de Octubre de 2020
| Ponente | JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE |
| ECLI | ES:TS:2020:9473A |
| Número de Recurso | 4584/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 20 de Octubre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 20/10/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4584/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SALA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Transcrito por: AML / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4584/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
Dª. Rosa María Virolés Piñol
D. Ángel Blasco Pellicer
D. Juan Molins García-Atance
En Madrid, a 20 de octubre de 2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance.
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Granada se dictó sentencia en fecha 10 de octubre de 2018, en el procedimiento nº 305/17 seguido a instancia de D.ª Clara contra la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Economía y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sobre derechos, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 24 de octubre de 2019, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 7 de noviembre de 2019 se formalizó por la letrada D.ª María Teresa Molina Fajardo en nombre y representación de D.ª Clara, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 16 de junio de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La cuestión suscitada se centra en decidir si la relación laboral de la trabajadora demandante es indefinida no fija, por haber excedido el último contrato de interinidad por vacante celebrado con la administración demandada los 3 años previstos en el art. 70.1 EBEP.
En concreto, la actora viene prestando servicios para la Consejería demandada, con la categoría de auxiliar de clínica, desde el 27 de octubre de 1999 en virtud de sucesivos contratos de interinidad por vacante, siendo el último de ellos celebrado el 25 de abril de 2013, sin que conste que se haya realizado convocatoria alguna para su cobertura reglamentaria.
La sentencia de suplicación impugnada, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 24 de octubre de 2019 (R. 214/2019), estima el recurso interpuesto por la Consejería demandada y revoca la dictada en la instancia que estimó la demanda, en aplicación de la doctrina de esta Sala, en el sentido de que no cabe la declaración de indefinido no fijo por el mero transcurso del plazo de 3 años previsto en el art. 70.1 EBEP, sin que se aprecie indicios de abuso o fraude en la demora para la cobertura de la plaza, dada la crisis económica padecida en nuestro país y las normas de restricción del gasto público.
Recurre el trabajador en casación para la unificación de doctrina, insistiendo es su pretensión, con cita de contraste de la sentencia de la misma Sala de Granada, de 14 de febrero de 2019 (R. 1484/2018).
Dicha sentencia confirma la de instancia, que estimó demanda y declaró indefinida no fija la relación laboral del demandante con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, iniciada el 7 de noviembre de 2013, por haber estado sujeta a contrato de interinidad por vacante más de 3 años, con arreglo al art 70.1 EBEP. La sentencia razona que no consta que la plaza ocupada por el actor haya sido cubierta de modo reglamentario desde su contratación dentro del plazo legal, y que con ese contrato la Administración demandada ha venido cubriendo una necesidad estructural de personal, esto es, ha mantenido una permanente necesidad de ocupación de la plaza.
Con independencia de la existencia o no de contradicción, el recurso debe ser inadmitido por falta de contenido casacional, por cuanto la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que puedan inadmitirse por falta de contenido casacional los recursos que se interpongan contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por la Sala IV del Tribunal Supremo, conforme a lo recogido en el art. 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Así, entre otras, las TS 4-12-18 Rec 3559/16 y 5-12-18 Rec 2658/17.
Eso es lo que sucede en este caso dado que la sentencia recurrida es acorde con la doctrina más reciente de la Sala Cuarta, sobre la aplicación del artículo 70 EBEP a los contratos de interinidad por vacante que exceden de los tres años de duración. Así, las sentencias de 24 de abril de 2019, R. 1001/17; de 22 de mayo de 2019, R. 1336/18 y de 23 de mayo de 2019, R. 1756/18, entre otras, señalan que "La cuestión del alcance de lo dispuesto en el art. 70 EBEP ha sido abordada por la STS/4ª/Pleno de 24 abril 2019 (rcud. 1001/2017), en la que hemos declarado que el plazo de tres años a que se refiere dicha norma legal "no puede entenderse en general como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que, antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar; al igual que, en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático". En esa sentencia hemos destacado que el art. 70 EBEP va referido a la ejecución de la oferta de empleo, sin que del mismo se derive cuál debe ser el alcance de la superación del plazo en relación con la naturaleza del contrato de trabajo, respecto de la cual serán "las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión".
Ello nos lleva a negar que el mero transcurso de un periodo de tiempo superior a tres años convierta en indefinida no fija la relación de la trabajadora de forma automática, [...]; y ello con independencia que se trate de un supuesto de cobertura mediante personal de nuevo ingreso o de cobertura por consolidación de empleo, pues tal distinción es irrelevante. La conversión en indefinido no fijo sólo podría venir derivada, en todo caso, de la apreciación de la existencia de fraude o abuso en la contratación, circunstancia que aquí no aparecen constatadas, no existiendo, pues, elementos que puedan llevarnos a afirmar que se ha desnaturalizado la causa de temporalidad del contrato de trabajo".
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225.4 y 5 y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª María Teresa Molina Fajardo, en nombre y representación de D.ª Clara contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 24 de octubre de 2019, en el recurso de suplicación número 214/19, interpuesto por la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Economía y Administración Pública de la Junta de Andalucía, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Granada de fecha 10 de octubre de 2018, en el procedimiento nº 305/17 seguido a instancia de D.ª Clara contra la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Economía y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sobre derechos.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
