STSJ Comunidad de Madrid 349/2020, 8 de Junio de 2020
| Ponente | MATILDE APARICIO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJM:2020:7101 |
| Número de Recurso | 212/2019 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 349/2020 |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Novena
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2019/0004465
Procedimiento Ordinario 212/2019
Demandante: BUILDINGCENTER, S.A.U.
PROCURADOR D./Dña. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY
Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
COMUNIDAD DE MADRID DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
SENTENCIA No 349
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN NOVENA
Ilmos. Sres.
Presidente:
D. José Luis Quesada Varea
Magistrados:
Dª. Matilde Aparicio Fernández
D. Joaquín Herrero Muñoz-Cobo
Dª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid a ocho de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por los trámites del procedimiento ordinario, el recurso núm. 212/2019, interpuesto por BUILDINGCENTER SAU, representada por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 22.10.2018, desestimatoria de dos reclamaciones acumuladas, reclamación NUM000 contra la liquidación provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, y en segundo lugar, reclamación NUM001 contra la sanción tributaria; sobre documento de referencia 2012-T-114312; siendo demandados el Abogado del Estado y el Letrado de la Comunidad de Madrid.
Previos los oportunos trámites, el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, en representación de BUILDINGCENTER SAU, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó oportunos, suplicó a la Sala
Dicte Sentencia por la que anule la Resolución dictada por el TEARM por los siguientes motivos:
i. La operación realizada por BC es una compraventa, no debiendo calificarse de forma distinta por parte de la Administración.
ii. La Administración debería haber tramitado un expediente de conflicto en la aplicación de la norma para alterar la calificación de la operación realizada por mi representada.
iii. La base imponible considerada por la Administración es incorrecta al no coincidir con el valor real de las Fincas, suponiendo una clara conculcación de los principios de legalidad, seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la CE ) y capacidad económica de mi representada ( artículo 31.3 de la CE ), vulnerando los derechos constitucionales de mi representada en relación con este punto.
iv. La Resolución de Expediente sancionador es improcedente por cuanto no concurren los elementos exigidos por la normativa para imponer una sanción a mi representada.
El Abogado del Estado contestó a la demanda alegando asimismo los hechos y fundamentos jurídicos que consideró oportuno, y solicitó la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte recurrente.
La Letrada de la Comunidad de Madrid, en el mismo trámite, se opuso a la demanda alegando los hechos y fundamentos de Derecho que estimó adecuados, y solicitó la desestimación del recurso con condena en costas a la parte actora.
Recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes y admitida por la Sala, con el resultado que consta en autos.
Evacuado el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 28.5.2020, en que tuvo lugar.
En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales esenciales.
Es ponente la magistrada Dª Matilde Aparicio Fernández.
Para resolver el presente recurso debemos tener partir de los siguientes hechos:
-
- M.A.U. PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS SL era propietaria de determinados bienes inmuebles hipotecados a favor de CAIXABANK SA en garantía de un préstamo.
-
- BUILDINGCENTER SAU es la entidad a la que CAIXABANK había designado para recibir los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.1 del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
-
- El 30.10.2012, CAIXABANK SA certificó a M.A.U. PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS SL que la responsabilidad hipotecaria que con ella mantenía ascendía, en la suma el total de los cinco préstamos que allí figuran, al importe de 897.06762 €, si bien, en caso de transmitir los bienes hipotecados a BUILDINGCENTER, realizaría una condonación reduciendo la deuda hasta los 580.000 euros. Esta responsabilidad hipotecaria se refería en parte, al importe de un préstamo concedido a D Ovidio, quien compareció en su propio nombre a aceptar la operación y también en nombre de M.A.U. PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS SL, como administrador. Concretamente, el préstamo concedido a D Ovidio tenía saldo deudor de 70.475'30 € y quedó reducido a 35.200 €. Tratándose de cinco documentos bancarios, que decían en lo que es texto común, lo siguiente:
"[S]e certifica que ante la imposibilidad de poder atender los pagos correspondientes a esta operación, dada la situación de insolvencia por la parte deudora y atendiendo su expresa petición, esta Entidad ha acordado que, para el caso de que la parte deudora transmita la finca a BUILDINGCENTER, S.A.U. con subrogación de la adquirente en la deuda hipotecaria, reducirá el Importe exigible de ésta a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS EUROS ... , con renuncia y condonación del exceso, inclusive en su caso de los intereses moratorios y costas causadas, manteniéndose en lo demás las condiciones propias del título hipotecario."
-
- El mismo día 30.10.2012, M.A.U. PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS SL, D Ovidio y BUILDINGCENTER otorgaron la que denominaron "escritura de compraventa y subrogación de hipoteca". Mediante el contrato, la primera transmitió a BUILDINGCENTER los inmuebles hipotecados por ese precio total de 580.000 euros, esto es, la suma a que ascendía la responsabilidad hipotecaria tras la condonación parcial. El precio fue íntegramente reservado por la parte compradora para hacer frente al pago de los créditos hipotecarios que gravaban las fincas a favor de CAIXABANK, en los cuales se subrogó también como prestataria, quedando liberados los anteriores prestatarios.
-
- La entrega de estos inmuebles estaba sujeta al ITPO. Siendo dos viviendas y dos garajes en la CALLE000 de Madrid. La responsabilidad hipotecaria de estos últimos era en esa fecha de 897.06762 €, que tras la quita se minoraba a 580.000 euros, precio asignado a éstos en el contrato.
-
- El 3.12.2012, BUILDINGCENTER presentó la autoliquidación del ITP sobre una base imponible de 580.000 euros, es decir, la suma que figuraba como precio de venta de esos cuatro inmuebles.
-
- La Administración giró liquidación provisional calculando la cuota sobre una base constituida por 897.06762 euros, valor de la deuda de los mismos inmuebles sin la condonación. La motivación de la liquidación residió en que la operación realizada era una dación en pago del art. 1175 CC cuyo valor es igual al de la deuda extinguida, en este caso el importe pendiente de amortizar de los préstamos hipotecarios que recaían sobre esos bienes. Añadió que la dación en pago no queda desnaturalizada por el hecho de ser un tercero el adquirente de los inmuebles.
El TEAR confirmó la liquidación, si bien afirmando que el negocio concertado era una dación para el pago de deuda y no en pago de deuda.
La demanda tiene su sustento en los siguientes argumentos, expuestos muy resumidamente.
Primero, la improcedencia de la calificación del contrato realizada por el TEAR, puesto que: 1.- La operación realizada fue una compraventa, tal como resulta de las estipulaciones del contrato, por lo que la base imponible debe coincidir con el valor declarado en la escritura que equivale al valor real de las fincas y no al valor de la deuda hipotecaria. 2.- La consideración del negocio como dación para el pago de deudas se opone a los términos y efectos de lo convenido por las partes. Y, 3.-, No fue observado el procedimiento establecido para que la Administración tributaria modifique la calificación que al contrato ofrecieron los interesados, pues para ello es necesario haber tramitado un procedimiento para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma como prevé el art. 15 LGT.
Segundo, la improcedencia de la base imponible considerada por el TEAR por: 1.- Conforme al art. 10.1 de la ley reguladora del impuesto (TRITPyAJD) la base imponible coincide con el valor real del bien transmitido, equivalente al precio de adquisición. 2.- La incorrección de la base imponible del TEAR porque, 2.1, debería haberse atenido al trasfondo económico del contrato con abstracción de las convenciones entre el vendedor y el acreedor hipotecario; 2.2, no cabe considerar que la contraprestación sea el importe total de la deuda; 2.3, debe analizarse la operación desde la perspectiva de la compradora que es el sujeto pasivo del tributo; 2.4, la integración del art. 10 y del 46.3 LITPyAJD conculca el principio de legalidad y de reserva de ley; 2.5, el único activo que cabía esperar de la operación coincidía con el valor de las fincas, y, 2.6, también en la dación para pago debe estarse al importe que se obtiene en la venta del inmueble y que se aplica a compensar la deuda.
Tercero, la vulneración del principio de igualdad por la diferencia de trato de las operaciones de dación para el pago de deudas y ejecución hipotecaria, pues: 1.- La causa y la consecuencia de ambas operaciones son idénticas porque en ambas el deudor no puede hacer frente a la deuda y el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba