AAP Barcelona 170/2020, 11 de Marzo de 2020
| Ponente | MARIA CARMEN HITA MARTIZ |
| ECLI | ES:APB:2020:3603A |
| Número de Recurso | 548/2019 |
| Procedimiento | Otros recursos |
| Número de Resolución | 170/2020 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2020 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 2ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
BARCELONA
SECCIÓN SEGUNDA
ROLLO OTROS Nº 548/2019
Sumario Ordinario nº 5/2018
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13 DE BARCELONA
APELANTE: Rosario
A U T O 170/2020
Iltmas. Srías.:
Sr. Presidente:
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José Carlos Iglesias Martín
Sras. Magistradas:
Dª. María José Magaldi Paternostro
Dª. María Carmen Hita Martíz
En Barcelona, a once de marzo de dos mil veinte
En el Sumario Ordinario nº 5/2018 del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, se dictó auto de procesamiento en fecha 4 de abril de 2019 contra, entre otros, Rosario, al estimarse la existencia de indicios de la comisión de delito de Malversación de caudales públicos, Desobediencia y Falsedad Documental.
Notificado dicho auto, por la representación procesal de la citada procesada se presentó recurso de reforma, que, previos los trámites legales, fue desestimado en resolución de 6 de junio de 2019. Interponiéndose recurso de apelación, y siendo admitido y tramitado conforme a derecho, se elevó testimonio de las actuaciones a esta Audiencia Provincial, con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones en esta Sección de la Audiencia, se ordenó la incoación del presente Rollo de Apelación, que fue numerado y registrado, y conforme al turno de reparto previamente establecido se nombró Magistrada Ponente a Dª María Carmen Hita Martíz. Habiendo comparecido las partes, en virtud del emplazamiento que se le les efectuó, se les dio el trámite de instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalándose posteriormente fecha para la celebración de la vista, que tuvo lugar el 5 de febrero del año en curso, con el resultado que consta en acta grabada.
En la presente resolución se expresa el criterio unánime del tribunal, previa deliberación y votación.
El recurso se articula en torno a la ausencia de indicios racionales de criminalidad por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia y falsedad documental contra la Sra. Rosario, Interventora General de la Generalitat de Cataluña. Y ello por cuanto, y contra de la conclusión alcanzada en el Auto de procesamiento- y ulterior de reforma-:
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respecto del delito de malversación, la procesada no tuvo conocimiento del destino final de los gastos públicos, careciendo de funciones de fiscalización y policía sobre la veracidad de los documentos que le son presentados por los distintos órganos administrativos para emitir sus informes. Así, en concreto, los gastos relativos al Registro de Catalanes en el Exterior fueron abonados directamente por el CTTI, lo que impedía cualquier control previo; los de publicidad de la aplicación de dicho registro, al margen de que fue otra persona quien lo supervisó, de la documental obrante en el expediente no podía concluirse que estaba relacionado con el referéndum; en el caso de la campaña de publicidad " Civisme", si bien fue fiscalizada por la Sra. Rosario según los datos obrantes en el expediente NUM000 que autorizó la recurrente, estaba destinada a valores de bienestar social, cultura de la paz y solidaridad y no con el referéndum, desconociendo totalmente la misma que ulteriormente se incluiría el anuncio de las vías que publicitaba la celebración del referéndum; por demás y respecto del resto de gastos especificados en el Auto ( los relativos a difusión en medios públicos del anuncio de las vías del tren, de los de reparto vinculados a UNIPOST, y los del ámbito externo DIPLOCAT y Delegación de Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea) no fueron fiscalizados por la Interventora General.
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Respecto del delito de falsedad documental, al margen de que el Auto adolece de incorrección, en modo alguno la mendacidad de los documentos que en los expedientes se aportaron ante la Interventora conlleva su responsabilidad criminal.
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Y, por último respecto del delito de desobediencia, cabe oponer que la Sra. Rosario, fue advertida por el Tribunal Constitucional en fecha 13 de septiembre de 2017 de su deber de impedir y/o paralizar cualquier iniciativa relacionada con el referéndum, y ya previamente, el 24 de julio de 2017, había bloqueado la partida presupuestaria relativa a los procesos electorales incluida en el programa 132, lo que impedía en el plano teórico vincular gasto al referéndum, y dio instrucciones precisas a tal efecto a los Interventores delegados, facilitando posteriormente toda la documentación que le fue requerida desde el Ministerio de Hacienda, el Juzgado de Instrucción y la Guardia Civil
Por todo ello solicita se deje sin efecto el procesamiento acordado.
El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado impugnan el recurso, alegando en esencia, la existencia en el Auto recurrido de múltiples indicios de criminalidad contra la recurrente.
Fijado el objeto devolutivo del recurso, a él nos ceñiremos.
Con carácter previo al análisis de los concretos motivos aducidos por la parte conviene destacar que el auto de procesamiento, tal y como señala la jurisprudencia, es la resolución que coloca al afectado en una situación procesal específica como objeto de una imputación formalizada. El auto de procesamiento, desde la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872, aparece como una peculiar institución del ordenamiento procesal español, incardinada en el que ha venido siendo procedimiento común para el enjuiciamiento de los delitos, cuya naturaleza ha sido caracterizada por la doctrina como resolución que coloca al afectado en una situación procesal especifica como objeto de una imputación formalizada, esta resolución formal de imputación, aunque en algún supuesto puede resultar, por consideraciones ajenas al proceso, dañoso y perjudicial para el crédito y prestigio social del procesado, representa una garantía para el formalmente así inculpado -- incluso después de la reforma del art. 118 LECr. producida por la L 53/1978 de 4 diciembre--, ya que permite un conocimiento previo de la imputación en fase de instrucción sumarial, posibilita la primera declaración indagatoria ( art. 386 LECr.), y hace surgir la obligación judicial de proveer de Abogado de oficio si el procesado estuviera desasistido de dirección letrada ( art. 118.4 LECr.), además de conferir al procesado la plenitud de la condición de parte con las consecuencias a ello inherentes. ( STC 70/1990, de 5 de abril).
Es una resolución judicial de imputación formal y provisional. No implica culpabilidad del procesado. El procesamiento, pues, constituye sólo una resolución judicial de imputación formal y provisional que ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación de los órganos judiciales, habida cuenta de que tanto el propio instructor como la Audiencia Provincial pueden dejar sin efecto el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su adopción. ( STC 70/1990, de 5 de abril).
Ahora bien, el auto de procesamiento en cuanto medida atributiva de un determinado "status" e imputación suficiente para justificar la adopción de medidas cautelares de importancia dentro del proceso penal, y que constituye además un presupuesto necesario para la apertura del juicio oral, en el caso de que se dictara arbitrariamente sin un mínimo fundamento en "algún indicio racional de criminalidad" podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE (por todas, STC 66/1989). Por ello, sólo en estos supuestos excepcionales corresponde al Tribunal Constitucional revisar la adecuación de la resolución a las exigencias que derivan del art. 24.1 CE. Esto es, que el auto de procesamiento incorpore explícita motivación y, teniendo en cuenta la propia literalidad del art. 384 LECr., se aprecie: a) la presencia de unos hechos o datos básicos; b) que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta; y c) resulte calificada como criminal o delictiva. ( STC 70/1990, de 5 de abril).
En tal sentido, el Alto Tribunal en su STS 133/2018, de 20 marzo, Ponente Excmo. Sr. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, venía a señalar "Conforme al artículo 384 LECRIM, " Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias... ". El auto de procesamiento -nos dice la STS. 78/2016 de 10 de febrero "representa, en el ámbito del procedimiento ordinario, la resolución por la que el Juez de instrucción formaliza la inculpación y delimita objetiva y subjetivamente el proceso. Y lo hace mediante una resolución motivada que encierra la provisionalidad derivada, tanto de su naturaleza como acto de inculpación susceptible de ser dejado sin efecto en atención al resultado final de la investigación, como de la singular configuración de la fase intermedia en nuestro sistema ( art. 627 LECrim .). Con su dictado el Juez de instrucción expresa la asunción jurisdiccional de los indicios que justificaron la imputación. Del mismo modo, determina la legitimación pasiva, al convertirse en un requisito previo de la acusación, hasta el punto de que nadie puede ser acusado sin haber sido previamente procesado.
No faltan autores -continúa la sentencia- que reducen el alcance del auto de procesamiento a la delimitación subjetiva del proceso, pero sin capacidad para condicionar al Fiscal o al resto de las acusaciones para definir en sus respectivos escritos de conclusiones los presupuestos fácticos que habrían de ser objeto de debate en el acto del juicio oral. Quizás la literalidad del art. 650.1 de la LECrim . aliente esta interpretación, en la medida en que, al describir el contenido de la conclusión fáctica del escrito de conclusiones provisionales, alude a los "
... hechos punibles que resulten del...
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