STSJ País Vasco 8/2019, 3 de Diciembre de 2019
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 03 Diciembre 2019 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, sala civil y penal |
| Número de resolución | 8/2019 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
EAEko AUZITEGI NAGUSIA
ZIBILEKO ETA ZIGOR-ARLOKO SALA
BARROETA ALDAMAR, 10-1ª planta - C.P./PK: 48001
TEL. : 94-4016654 FAX : 94-4016997
Procedimiento : Nulidad de laudo arbitral / Arbitraje laudoa deuseztatzea 10/2019
NIG / IZO : 00.01.2-19/000003
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.31.1-2019/0000003
Demandante / Demantzailea: Raúl
Procurador/a / Prokuradorea: BILBAO HOYOS
Abogado/a / Abokatua: ARITZ MENDIZABAL SANTISTEBAN
Demandado / Demandatua: EVIS S.L.
Procurador/a / Prokuradorea:ECHEVARRIA GABIÑA
Abogado/a / Abokatua:
EXCMO. SR. PRESIDENTE : JUAN LUIS IBARRA ROBLES
ILMA. SRA. MAGISTRADA : Dª NEKANE BOLADO ZÁRRAGA
ILMO. SR. MAGISTRADO : D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ
SENTENCIA N.º: 8/2019
En Bilbao, a tres de diciembre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los/as Magistrados/as arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 10/2019, siendo parte demandante Raúl, Amalia y Celestina representados por la procuradora D.ª TERESA BILBAO HOYOS, y asistidos por el letrado D. ARITZ MENDIZABAL SANTISTEBAN, y como parte demandada EVIS S.L., representado por la procuradora D.ª YOLANDA ECHEBARRÍA GABIÑA, en solicitud de anulación de laudo arbitral de fecha 28.3.19 por la Corte de arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y navegación de Bilbao.
Con fecha 29.05.19, se presentó demanda de solicitud de anulación de laudo arbitral, dictado con fecha 28.03.19, por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao.
Con fecha 03.06.19, se dictó Decreto por el que se admitía a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada, por plazo de veinte dias, para que contestara a misma.
Con fecha 02.07.19, se presentó escrito de contestación a la demanda, personándose en las actuaciones la Procuradora Dª. YOLANDA ECHEBARRIA GABIÑA, en nombre y representación de la parte demandada EVIS S.L.
Con fecha 27.9.19, se dictó auto resolviendo sobre la admisión de las pruebas propuestas por las partes, resolviendose en su parte dispositiva :
"1.- Se inadmite:
(i) La prueba documental propuesta por la parte demandante, en lo referente a los documentos acompañados con el escrito de demanda con los números 2 y 4 al 18 (ambos inclusive).
(ii) La prueba documental propuesta por la parte demandada, en lo referente a los documentos acompañados con el escrito de contestación a la demanda con los números 2 a 6 (ambos inclusive).",
-
- Devuélvanse a los presentantes, los documentos acompañados con los escritos de demanda y de contestación a que se refiere el punto anterior.
-
- No procede la celebración de vista, quedando los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.
-
- No se está en el caso de efectuar un especial pronunciamiento sobre costas procesales."
No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron las actuaciones pendientes de deliberación, votación y fallo.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ,
Se impugna en el presente proceso de anulación, promovido por la Procuradora de los Tribunales, Dña. Teresa Bilbao Hoyos, en representación de Dña. Amalia y Dña. Celestina, y de D. Raúl, el laudo arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bizkaia, dictado en equidad por D. José Ramón Lizárraga Ochoa, en 28 de marzo de 2019, que desestimaba íntegramente la demanda.
La parte demandante fundamenta su acción de anulación en tres motivos: 1) Infracción del orden público [ artículo 41.1. f) de la Ley de Arbitraje], al haberse dictado el laudo en equidad con manifiesta vulneración de las normas de ius cogens de derecho societario que regulan las cuestiones objeto de impugnación. 2) Infracción del orden público [ artículo 41.1. f) de la Ley de Arbitraje], al haberse dictado el laudo en equidad con manifiesta vulneración del orden público económico y societario. 3) Infracción del orden público [ artículo 41.1. f) de la Ley de Arbitraje], al haberse dictado el laudo con manifiesta vulneración del orden público, por falta de exhaustividad, falta de motivación y valoración irracional de la prueba.
La Procuradora de los Tribunales, Dña. Yolanda Echebarría Gabiña, en representación de la mercantil, Evis, S.L., como parte demandada, deduce los siguientes motivos de oposición a la demanda: Previos: i) Improcedencia de la revisión de fondo del asunto, dado los riesgos de una interpretación extensiva del concepto de orden público como causa de anulación del laudo arbitral; ii) la naturaleza del arbitraje de equidad, que faculta a los árbitros a resolver sólo conforme a su leal saber y entender. 1) Inexistencia de infracción de orden público por vulneración de normas imperativas. 2) Inexistencia de vulneración del orden público económico y societario, dado que el laudo en equidad ha propiciado la justicia de los actos sometidos a su consideración, siendo, además, de aplicación la doctrina de equivalencia de resultado y la carencia de efecto útil de la demanda de nulidad. 3) Inexistencia de infracción de orden público por ser el laudo dictado en equidad exhaustivo y motivado y la prueba ha sido valorada de forma racional.
Con carácter previo, debe recordarse que la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, vetan por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, quedando limitada la actuación de los tribunales a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la ley reguladora de la institución. Por ello, es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, limitándose el control a la legalidad del acuerdo de arbitraje, a la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado, y a la regularidad del procedimiento de arbitraje ( SSTS de 21 de febrero de 2006 y de 15 de septiembre de 2008; y SSTC 62/91, de 22 de marzo y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio, y 176/96 de 11 de noviembre). En el mismo sentido el Tribunal Constitucional ( STC 174/1995, de 23 de noviembre), señala que el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales; razón por la cual únicamente procede conocer de las causas de nulidad tasadas, que han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones ( STS de 23 de abril de 2001).
Como primer motivo impugnatorio, alega el demandante que el laudo impugnado incurre en infracción del orden público [ artículo 41.1. f) de la Ley de Arbitraje], al haberse dictado el laudo en equidad con manifiesta vulneración de las normas de ius cogens de derecho societario que regulan las cuestiones objeto de impugnación.
Vincula la infracción a los artículos 168, 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital (en adelante LSC), en relación con las diferentes formas de convocatoria de junta general; los artículos 104, 105 y 106 LSC, que recogen la forma en que ha de oponerse frente a la sociedad la adquisición de las participaciones sociales de cara a poder ejercitar frente a la misma eficazmente los derechos del socio; y las normas en materia de llevanza de contabilidad y de cuentas anuales, que regulan la distribución de competencias entre los diversos órganos societarios, reservando al órgano de administración la llevanza de la contabilidad y la formulación de las cuentas anuales y a la junta general la aprobación, o rechazo de las mismas ( arts. 253 y ss. LSC).
Alega que un arbitraje de equidad en modo alguno autoriza a emitir un laudo contra legem; que el árbitro ha omitido dar razón de los motivos que en el caso concreto le han conducido a considerar que la equidad ofrece una solución distinta y más justa a la recogida en las normas imperativas ; que la seguridad jurídica, como principio constitucional, también se protege a través de la infracción de orden público, de modo que un laudo en equidad que vulnere la seguridad jurídica es un laudo contrario al orden público. Y concluye formulando una serie de preguntas retóricas, relativas a si un órgano jurisdiccional habría permitido que se aprobasen cuentas anuales no formuladas; o que se convocara junta para, además de nombrar administrador por inexistencia de éste, adoptar acuerdos que comprometen la competencia y responsabilidad de un administrador inexistente; o si habría permitido reconocer los derechos de voto a participaciones que no cumplen los requisitos de oponibilidad de los artículos 104 y 106 LSC- para su propia reflexión.
El motivo de impugnación debe desestimarse por las siguientes razones:
-
- La naturaleza y finalidad del arbitraje de equidad permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el...
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