STSJ Comunidad de Madrid 680/2019, 19 de Noviembre de 2019
| Ponente | JOSE MARIA SEGURA GRAU |
| ECLI | ES:TSJM:2019:12386 |
| Número de Recurso | 1022/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 680/2019 |
| Fecha de Resolución | 19 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Novena C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33010280
NIG: 28.079.00.3-2015/0009611
Recurso de Apelación 1022/2018
Recurrente : D./Dña. Agueda y otros 4
PROCURADOR D./Dña. VICTORIO VENTURINI MEDINA
Recurrido : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL
SENTENCIA No 680
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN NOVENA
Ilmos. Sres.
Presidente:
D. José Luis Quesada Varea
Magistrados:
Dª. Matilde Aparicio Fernández
D. Joaquín Herrero Muñoz-Cobo
D. José María Segura Grau
Dª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
Visto por la Sala el recurso de apelación nº 1022/2018 interpuesto por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de D.ª Caridad y D.ª Agueda, D.ª Cristina, D.ª Florinda y D. Juan Manuel, contra el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid de fecha 5 de julio de 2018, dictada en el Procedimiento Extensión de Efectos número 70/2017, que declaró no haber lugar a la extensión de efectos.
Con fecha 27 de octubre de 2017 el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de D.ª Caridad y D.ª Agueda, D.ª Cristina, D.ª Florinda y D. Juan Manuel, interpuso escrito solicitando la extensión de efectos de la sentencia de 4 de mayo de 2017 del Juzgado número 27 de Madrid y declare la nulidad del Decreto 2770/2016 dictado por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Majadahonda de 26 de octubre de 2016 por prescripción de las liquidaciones del IBI ejercicios 2009 a 2012.
Admitido a trámite el recurso por decreto de 3 de noviembre, se presentó por la Administración Municipal escrito escrito oponiéndose a la solicitud el 8 de enero de 2018.
Por auto de 5 de julio de 2018 el Juzgado declara no haber lugar a la extensión de efectos. Por medio de escrito presentado el 25 de julio, el recurrente interpone recurso de apelación, exponiendo las alegaciones en las que se fundamenta. Del recurso se da traslado a las demás partes personadas.
Por diligencia de ordenación de 19 de noviembre se elevan los autos y el expediente administrativo a la Sala.
Recibidas las actuaciones, se formó el correspondiente rollo de apelación con fecha 19 de diciembre, fijándose como fecha de señalamiento para deliberación, votación y fallo el día 14 de noviembre de 2019, fecha en que tiene lugar.
Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes del caso y pretensiones de las partes.
Se solicita la extensión de efectos de la sentencia de 4 de mayo de 2017 del Juzgado número 27 de Madrid respecto del Decreto 2770/2016 dictado por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Majadahonda de 26 de octubre de 2016 por prescripción de las liquidaciones del IBI ejercicios 2009 a 2012.
La primera cuestión a resolver es la posible existencia de causa de inadmisión del recurso. Se trata de una cuestión de orden público por lo que, con independencia de su alegación por la parte interesada, puede y debe ser examinada de oficio por el Tribunal en cualquier momento procesal. El Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho de acceso a los recursos forma parte del contenido a la tutela judicial efectiva. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia 374/1993, que señala que es doctrina consolidada y muy reiterada ( SSTC 21/1990, 23/1992 y 72/1992) que el derecho de acceso a los recursos legalmente previstos forma parte integrante del contenido a la tutela judicial efectiva, siempre que se cumplan y respeten los presupuestos, requisitos y límites que la propia Ley establezca, correspondiendo a los órganos judiciales decidir en cada caso sobre el cumplimiento o no de esas exigencias. El sistema de recursos es de configuración legal y pertenece al ámbito de libertad del Legislador ( SSTC 93/1993, 230/1993 y 37/1995), salvo en lo relativo al derecho del declarado culpable de un delito a que el fallo y la pena sean sometidos a un Tribunal Superior, derecho a los recursos reconocidos en el artículo 14,5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, y que el Tribunal Constitucional ha considerado integrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española ( SSTC 42/1982, 33/1989 y 255/1...
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