STSJ Cataluña 713/2019, 12 de Junio de 2019
| Ponente | JAVIER AGUAYO MEJIA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2019:6306 |
| Número de Recurso | 334/2017 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 713/2019 |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 334/2017
Partes: Leandro
C/
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (TEAR CATALUÑA)
S E N T E N C I A Nº 713
Ilmos/as. Sres/as.:
PRESIDENTE:
JAVIER AGUAYO MEJIA
MAGISTRADOS:
MARIA ABELLEIRA RODRÍGUEZ
EMILIA GIMENEZ YUSTE
En la ciudad de Barcelona, a 12 de junio de dos mil diecinueve.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 334/2017, interpuesto por Leandro
, representado por el Procurador de los Tribunales Juan Manuel Bach Ferré y asistido del Letrado Alfredo Saenger Ruiz, contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (Inspección Regional de la AEAT de Cataluña), representada por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado JAVIER AGUAYO MEJIA, quien expresa el parecer de la SALA.
Por el citado Procurador, actuando en nombre y representación de Leandro, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución del TEAR de Cataluña, que desestimó la reclamación económico- administrativa interpuesta contra las liquidaciones por el concepto de impuesto sobre renta de las personas físicas, ejercicio 2006, y acuerdo de imposición de sanción.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos
de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, interesó la actora el dictado de una sentencia estimatoria que anulase actos de los que trae causa, subsidiariamente sea dejada sin efecto la liquidación practicada, sin perjuicio de dictar otra en un nuevo expediente, anulando en todo caso la sanción; y la demandada la desestimación del recurso, con imposición de las cosas en cada caso a su contraria.
Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Es objeto de este recurso contencioso-administrativo la Resolución del TEAR de Cataluña de 6 de abril de 2017, que desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta por Leandro, contra acuerdos dictados por el Inspector Regional Adjunto de la AEAT de Cataluña, por el concepto de IRPF, ejercicio 2006.
La cuestión principal que resuelve la Resolución consiste en la residencia del recurrente; esto es, si residía en Andorra como argumenta, o en España como considera la Inspección.
Y reseña como motivo de su decisión:
" 10.- A tenor de la citada normativa la Inspección ha considerado que el contribuyente tenía su residencia en España y no en Andorra y las circunstancias que ha tenido en cuenta para alcanzar dicha conclusión han sido:
-
Permanencia en territorio español durante más de 183 días durante el año natural.
-
Núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos en territorio español.
-
Residencia, en territorio español, del cónyuge no separado legalmente ni divorciado, del obligado tributario.
Y dado que el interesado cuestiona dicha conclusión, procede analizar dichas circunstancias para determinar si la actuación de la Inspección ha sido ajustada a derecho.
Permanencia en territorio español durante más de 183 días durante el año natural
En primer lugar y como se ha dicho, Andorra en los ejercicios regularizados tenía la calificación de Paraíso Fiscal (la tuvo hasta el mes de febrero de 2011 fecha en la que entró en vigor el acuerdo firmado entre España y el Principado de Andorra) por lo que, tenía que ser el contribuyente quien acreditase haber residido en dicho país durante 183 días, circunstancia ésta que el interesado no ha acreditado, como pone de relieve la Inspección, pues aunque los documentos aportados: certificado de residencia expedido por el Consulado General de España en Andorra, propietario de dos viviendas en Andorra, de dos entidades radicadas en Andorra, efectuar operaciones financieras en Andorra, carné de residencia y trabajo expedido por el gobierno de Andorra, carné de la Seguridad Social Andorrana, permiso de conducir andorrano, podían ser un indicio de su residencia en Andorra, por si solos no acreditaban la permanencia por un periodo de 183 días y por lo tanto, el interesado hubiese tenido que aportar documentación que hubiese acreditado dicha permanencia.
Por su parte la Inspección consideró que el contribuyente había permanecido en territorio español por un periodo superior a los citados 183 días, en concreto 229 días, circunstancia ésta que resultaba acreditada de la información suministrada por las compañías VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. y FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A, pues la Inspección constató que el contribuyente estaba autorizado para utilizar el teléfono nº NUM000 cuyo titular era la empresa METRO 02, SA, de la cual el contribuyente era su administrador, y a través del análisis de las llamadas efectuadas o recibidas en el citado teléfono (roaming) se averiguó que el titular del mismo había recibido o efectuado llamadas desde España durante los citados 229 días (en el acta figura un amplio detalle de los meses y los días que la Inspección considera que el contribuyente estuvo en territorio español). En relación a este teléfono es significativo que el interesado no ha aportado prueba alguna de que la persona que utilizaba dicho móvil no fuese el contribuyente, mientras que la Inspección a partir de requerimientos efectuados a: ENCO SANT JORDI, S.L., (entidad dedicada a la distribución de gasóleo para calefacciones, entre otras actividades), ASSOCIACIÓ DAPARTAMENTS TURISTIC DE BARCELONA, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., GENERALITAT DE CATALUNYA, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE CATALUÑA y MICHIELS, IKEA IBERICA, S.A y Eulalio (empleado de la entidad VISION 33 INTERNET & TOURISM SERVICES, S.L., que prestaba sus servicios a la entidad VIATGES FELIÇOS, S.L de la que, el contribuyente era el socio fundador, administrador y partícipe mayoritario) ha acreditado ( tal como se detalla en el acta) que la persona que utilizaba el citado teléfono era el hoy contribuyente.
Otra indicio aportado sobre la permanencia en España del contribuyente partió de la información suministrada por el BBVA relativa a las retiradas de efectivo de la sucursal situada en la C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 536, de Barcelona y cuyo detalle también figura en el acta.
También se comprobó la utilización de vehículos con matrícula española tanto de su titularidad como de la entidad METRO 02, S.A, en territorio español, tal como se detalla en el acta.
Llegados a este punto debe de señalarse que, el art. 108 de la vigente ley 58/2003 General Tributaria, dispone en su apartado 2 que "para que las presunciones no establecidas por la ley sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Y conforme a la doctrina del Tribunal Central consagrada en numerosas resoluciones (entre otras la RG 2323/07 de fecha 26/10/2010), tal enlace se da cuando concurren los tres requisitos siguientes:
a) Seriedad, esto es, que exista un auténtico nexo o relación entre el hecho conocido y la consecuencia extraída que permita considerar ésta en un orden lógico, como extremadamente posible.
b) Precisión o, lo que es lo mismo, que el hecho o hechos conocidos estén plena y completamente acreditados y sean claramente reveladores del hecho desconocido que pretende demostrarse.
c) Concordancia entre todos los hechos conocidos, que deben conducir a la misma conclusión.
Requisitos que se cumplen en los citados indicios, pues, no hay duda de la seriedad de los mismos, ya que, del análisis de las llamadas telefónicas (roaming), de las retiradas de efectivo y por la titularidad y utilización de vehículos, se aprecia un autentico nexo entre el hecho conocido y la conclusión que se extrae (permanencia en España por mas de 183 días); de la precisión, pues los indicios están plenamente acreditados y son reveladores del hecho desconocido y por último la concordancia también se cumple, ya que todos los hechos acreditados conducen a la conclusión que el contribuyente residía en España.
Por su parte, el interesado no solo no ha aportado pruebas convincentes de su estancia en el Principado de Andorra por más de 183 días, como le correspondería por residir en un país calificado como paraíso fiscal, sino que tampoco ha desvirtuado los indicios acreditados por la Inspección, por lo que, ante la solidez de los indicios y pruebas presentados por la Inspección y la falta de acreditación por parte del reclamante, esta Instancia, sin necesidad de analizar el resto de circunstancias [Núcleo principal de los intereses económicos en España y residencia en territorio España del cónyuge no separado legalmente ni divorciado] considera que en el ejercicio comprobado el contribuyente tenía que calificarse como residente en España y como tal tenía que tributar por obligación personal tal como ha efectuado la Inspección .".
La demanda solicita la anulación de la Resolución recurrida y actos de los que trae causa; subsidiariamente sea dejada sin efecto la liquidación practicada, sin perjuicio de...
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