STSJ País Vasco 149/2019, 23 de Mayo de 2019
| Ponente | PAULA PLATAS GARCIA |
| ECLI | ES:TSJPV:2019:1687 |
| Número de Recurso | 190/2018 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 149/2019 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 190/2018
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SENTENCIA NÚMERO 149/2019
ILMOS./AS. SRES./AS.
PRESIDENTE:
D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA
MAGISTRADOS/AS:
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
D.ª PAULA PLATAS GARCÍA
En Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.
La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 190/2018 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Autoridad Vasca de la Competencia, por la que se declara la comisión por parte de la recurrente y de otras empresas sancionadas, de una infracción única y continuada de carácter muy grave por la realización de las siguientes conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia :
-
Fijación de tarifas de los mercados de transporte regular de uso especial (en las modalidades de escolar público y licitaciones públicas) y/o transporte discrecional; b) Reparto de los mercados de transporte regular y/o transporte discrecional; por lo que se le impone una sanción de multa de
44.941,56 euros, así como el cese de la conducta infractora y la prohibición de reiteración de conductas que tengan el mismo objetivo.
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE : AUTOCARES DIEZ, S. A., representada por el procurador D. JAVIER ORTEGA AZPITARTE y dirigida por el letrado D. JESÚS MARÍA AMUNARRIZ AGUEDA.
- DEMANDADA : La AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA-LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA, representada y dirigida por el SERVICIO JURÍDICO CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO.
Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª PAULA PLATAS GARCÍA.
El día 27 de febrero de 2018 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. JAVIER ORTEGA AZPITARTE, actuando en nombre y representación de AUTOCARES DIEZ, S. A., interpuso recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Autoridad Vasca de la Competencia, por la que se declara la comisión por parte de la recurrente y de otras empresas sancionadas, de una infracción única y continuada de carácter muy grave por la realización de las siguientes conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia : a) Fijación de tarifas de los mercados de transporte regular de uso especial (en las modalidades de escolar público y licitaciones públicas) y/o transporte discrecional;
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Reparto de los mercados de transporte regular y/o transporte discrecional; por lo que se le impone una sanción de multa de 44.941,56 euros, así como el cese de la conducta infractora y la prohibición de reiteración de conductas que tengan el mismo objetivo; quedando registrado dicho recurso con el número 190/2018.
En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados y que damos por reproducidos.
En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos de la parte actora.
Por Decreto de 12 de marzo de 2019 se fijó como cuantía del presente recurso la de 44.941,56 euros.
El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.
Por resolución de fecha 17 de mayo de 2019 se señaló el día 23 de mayo de 2019 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
La actora formula recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Autoridad Vasca de la Competencia, por la que se declara la comisión por parte de la recurrente y de otras empresas sancionadas, de una infracción única y continuada de carácter muy grave por la realización de las siguientes conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia : a) Fijación de tarifas de los mercados de transporte regular de uso especial (en las modalidades de escolar público y licitaciones públicas) y/o transporte discrecional; b) Reparto de los mercados de transporte regular y/o transporte discrecional; por lo que se le impone una sanción de multa de 44.941,56 euros, así como el cese de la conducta infractora y la prohibición de reiteración de conductas que tengan el mismo objetivo.
Interesa la parte recurrente de esta Sala en el Suplico de su demanda el dictado de Sentencia por la que, con estimación del recurso, se declare la nulidad de la resolución impugnada y se revoque la misma.
Tras exponer los hechos que por pertinente tiene, articula una serie de motivos impugnatorios que rubrica y ordena como sigue:
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- Caducidad del procedimiento sancionador.
Aduce, al efecto, infracción del artículo 36.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007 (LDC, en adelante) y del artículo 28.4 del Real Decreto 216/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, que establece un plazo de duración de la fase de instrucción del procedimiento sancionador de 12 meses, que el actor entiende sobrepasado desde la fecha de incoación del procedimiento sancionador hasta su resolución.
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- Prescripción.
Tras exponer el plazo de prescripción que para las infracciones en materia de competencia establece el artículo 68 de la actual LDC, concluye que si en el caso de autos es aplicable el plazo de prescripción de 2 años, teniendo en cuenta la fecha de incoación del procedimiento sancionador, 9 de mayo de 2016, habría transcurrido el plazo de prescripción para todos los acuerdos objeto de sanción, incluido el de fecha 19 de marzo de 2014.
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- Nulidad del procedimiento sancionador por infracción de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la LDC, en relación con la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
Bajo la rúbrica de este alegato impugnatorio subraya que correspondía al Estado y no a la Autoridad Vasca de la Competencia el ejercicio de las acciones de este expediente, y así denuncia que ésta inició en fecha 6 de julio de 2015 una información reservada, ex artículo 49.2 de la LDC, a iniciativa propia, a pesar de que la iniciativa debería haberse iniciado e impulsado por la Comisión Nacional de la Competencia.
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- Vulneración del principio de presunción de inocencia, por enteder la mercantil recurrente que de la suma de indicios que obran en el expediente, no puede deducirse sin más, en términos que excluyan la duda razonable, que AUTOCARES DIEZ, S.A. (y el resto de empresas sancionadas), se hubieran concertado para obtener un beneficio ilícito en detrimento de la competencia que sanciona el artículo 1 de la LDC .
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- Aplicación del principio de confianza legítima en materia de defensa de la competencia a fin de eximir de responsabilidad a la actora y al resto de empresas sancionadas.
Dicha aplicación la infiere de las que califica "especiales circunstancias del sector y del comportamiento de la Administración", inductora, a su juicio, de los precios acordados por ser determinados a través de licitaciones públicas o bien por los consejos dados para dar respuesta a los problemas del sector que, según concluye, han contribuido a generar un clima de confianza en los precios que se acordaban.
La defensa letrada del Gobierno Vasco, en su escrito de contestación a la demanda, postula su total desestimación en base a las alegaciones siguientes:
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- En relación al reproche de caducidad del procedimiento sancionador, aduce la demandada que la tesis de la parte actora se sustenta en asignar erróneamente los efectos de la caducidad, al plazo que establece el artículo 28.4, eludiendo el inciso final de dicho artículo, que se remite, en cualquier caso al plazo de 18 meses del artículo 38.1 LDC para determinar la caducidad.
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- Con invocación del artículo 68.1 de la LDC, atendiendo al carácter de infracción única y continuada de carácter muy grave que se imputa a la recurrente, y teniendo en cuenta el plazo de prescripción que para tales infracciones establece la LDC de 4 años, deduce que no se ha producido la prescripción de tal infracción, en tanto que el expediente sancionador fue incoado por Resolución del Director de Investigación el 9 de mayo de 2016 y que las conductas constitutivas de ilícito administrativo se extienden desde el año 1988 hasta el 2010, reiterándose de nuevo en el año 2014, según acta recabada en la sede de AVITRANS el 19 de marzo de 2014, en la que se constata que los socios de AVITRANS confirmaban la vigencia de los acuerdos alcanzados en su seno años anteriores.
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- Dedica seguida atención a refutar el alegato impugnatorio relativo a la pretendida nulidad del procedimiento sancionador por infracción de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la LDC, en relación con la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, remitiéndose a los apartados 168 a 170 de la resolución impugnada que examinan esta cuestión.
Asimismo, adjunta como documento nº 1 de la contestación a la demanda, un escrito de la CNMC, de fecha 23 de marzo de 2016, remitido en respuesta a las consideraciones de la AVC sobre este particular, que, a su criterio,...
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