Sentencia nº 3/2019 de Tribunal Militar Territorial, Cataluña (Barcelona), Sección 3ª, 29 de Mayo de 2019
| Ponente | ADOLFO L GARCIA MONTERO |
| Fecha de Resolución | 29 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Tribunal Militar Territorial - Cataluña (Barcelona), Sección 3ª |
| ECLI | ES:TMT:2019:72 |
| Número de Recurso | 2/2017 |
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
Sr. Auditor Presidente
Teniente Coronel Auditor
D. Adolfo Luis García Montero
Vocal Togado
Comandante Auditor
D. Jorge Arangüena Sande
Vocal Militar
Comandante de la Guardia Civil
D. Jesús López Palafox Manzano
EN NOMBRE DEL REY
El Tribunal Militar Territorial Tercero, constituido por los señores mencionados al margen, con la potestad jurisdiccional que dimana de la Constitución y le confiere la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, dicta la siguiente:
S E N T E N C I A Nº 3 / 19
En Barcelona, a 29 de mayo de 2019.
Visto el presente recurso contencioso disciplinario militar ordinario núm. 2/17 interpuesto por el Guardia Civil
D. Olegario, con destino en la Sección Fiscal de Beriain de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, contra la resolución del Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Operaciones de fecha 24 de marzo de 2017 y notificada al interesado el día 24 de abril siguiente, por la que resolviendo un recurso de alzada se confirmaba la resolución sancionadora del Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Pamplona recaída en el procedimiento por falta leve núm. 09LO12/16, de fecha 12 de diciembre de 2016.
El recurrente actúa asistido por el Letrado D. Alejandro Montero Fernández del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y ha sido parte, como formalmente demandada, la mencionada Administración sancionadora, legalmente representada por la Abogacía del Estado y Vocal Ponente para la redacción de esta Sentencia, que recoge el parecer de la Sala, el Teniente Coronel Auditor D. Adolfo Luis García Montero.
El Guardia Civil D. Olegario, con destino en la Sección Fiscal de Beriain de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra ha interpuesto el presente recurso contra la resolución del Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Operaciones, de fecha 24 de marzo de 2017, por la que resolviendo un recurso de alzada
se confirmaba la resolución sancionadora del Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Pamplona recaída en el procedimiento por falta leve núm. 09LO12/16, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la que se le impuso al recurrente, así como a otros dos Guardias Civiles, una sanción de PÉRDIDA DE DOS DÍAS DE HABERES, como autor responsable de una falta leve del artículo 9, apartado 3, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, bajo la rúbrica de " El retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obligaciones, de las órdenes recibidas, o de las normas de régimen interior, así como la falta de rendimiento en el desempeño del servicio habitual ", siendo el hecho que se corrige - de acuerdo con la resolución sancionadora- porque siendo las 09:57 horas del día 06 de septiembre de 2016, durante la vigilancia del servicio, se comprobó que no se había dado debido cumplimiento a los cometidos asignados en la papeleta de servicio número NUM000, en el horario de 08.00 a 09:27 horas, sin justificación alguna, habiendo dedicado el tiempo a realizar actos de carácter no oficial, como fueron, comprar " pan y otras cosas" en la panadería de la localidad de Lecumberri (NA) y "distribución de publicidad de una asociación profesional", y atender una "llamada telefónica particular", siendo perfeccionados los cometidos omitidos a partir de las 10:05 horas, lo que les llevó a suspender otro de los cometidos ordenados en la papeleta de servicio.
Notificada la resolución que ponía fin a la vía administrativa el día 24 de abril de 2017, el recurrente interpuso el presente recurso contencioso-disciplinario ordinario que tuvo entrada en este Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona el día 18 de mayo de 2017, dándose por admitido en tiempo y forma mediante Decreto de la Secretario Relator de este Tribunal de fecha 19 de mayo siguiente.
Recibido el Expediente Disciplinario reclamado a la Autoridad sancionadora, por escrito de fecha 8 de julio de 2017, dedujo el actor la demanda en la que por los motivos expuestos en el citado escrito, que por razones de economía procesal se dan por reproducidos, alega:
Una vulneración del derecho a la presunción de inocencia fundamentada en una arbitraria valoración de la prueba al no ser ratificado el parte disciplinario; y en la falta de una adecuada explicación en la resolución sancionadora de los medios de prueba tenidos en cuenta.
Una vulneración del derecho a la asistencia letrada y el de defensa; al no admitirse la suspensión solicitada por el recurrente de las declaraciones testificales y por las razones esgrimidas en el escrito de demanda, impidiéndose el derecho a la defensa contradictoria, así como por no admitirse la práctica de los medios de prueba pertinentes y útiles para la resolución de la controversia.
Finalmente, una vulneración del principio de legalidad penal dado que la conducta se derivó de una errónea o confusa descripción de las tareas asignadas.
La Abogacía del Estado, como legal representante de la Administración sancionadora, al contestar a la demanda con fecha 26 de agosto de 2017, interesa por diversos argumentos que en su profuso escrito señala, y que aquí también por economía procesal se tienen por reproducidos, la desestimación del recurso interpuesto entendiendo que no existe vulneración alguna de los derechos que se estiman vulnerados por el recurrente, dado que la prueba aportada y practicada en el procedimiento se ha llevado a cabo con todas las garantías constitucionales y legales; los hechos son perfectamente incardinables en el tipo aplicado; no ha resultado vulnerado el derecho del recurrente a la asistencia letrada pues a los encartados se les concede el derecho a asistir a las pruebas por si, o asistido de letrado, pero no una obligación de practicarse ante letrado, ni se acredito la causa alegada ; y se ha causado una adecuada graduación de la sanción impuesta en función de las circunstancias concurrentes.
Recibido el procedimiento a prueba, por auto de fecha 8 de noviembre de 2017, se declaró la pertinencia de la prueba solicitada consistente en las testificales del Cabo 1º de la Guardia Civil D. Valeriano, del Teniente de la Guardia Civil D. Samuel y de los otros dos Guardias Civiles que fueron sancionados junto con el recurrente en el procedimiento, prueba que quedó unida al procedimiento y ha sido valorada por esta Sala.
Ofrecido a las partes el trámite de conclusiones sucintas la Abogacía del Estado se ratifica en su escrito de contestación a la demanda. El recurrente por su parte, se reafirma fundamentalmente en lo expuesto en la demanda además de manifestar que de la prueba practicada se constata que existió un error en la designación de las tareas encomendadas.
Por Providencia de fecha 23 de abril de 2018 se señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 17 de mayo de 2017, si bien tuvo que ser suspendida mediante Providencia de fecha 7 de mayo siguiente y por las razones en la misma contenidas, fijándose como nueva fecha para la votación y fallo del presente recurso la de 11 de mayo de 2018.
El 11 de mayo de 2018 el Tribunal Militar Territorial Tercero, poniendo término al mencionado recurso, dictó sentencia. Notificada la misma a las partes, el letrado D. Alejandro Montero Fernández, en representación
del recurrente D. Olegario, mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2018, manifestó su intención de interponer recurso de casación, que tuvo por preparado según auto de 10 de julio siguiente, del tribunal sentenciador.
Recibidas las actuaciones en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, se pasaron a su sección de admisión, determinando por auto de fecha 6 de noviembre de 2018, que se acordaba la admisión del recurso anunciado, concretando el interés casacional en los siguientes extremos: " 1º vulneración del principio de legalidad penal ( art. 25.1 CE ) en relación con el derecho de tutela judicial efectiva por estimar que en la sentencia de instancia se ha incurrido en arbitrariedad;2ºInfracción del principio non bis in ídem.3ºinfracción del derecho de defensa".
El recurso de casación anunciado se presentó con fecha de 12 de noviembre de 2018, y se fundamentó en los siguientes motivos: "Vulneración del principio de legalidad penal ( art. 24.1 CE ) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva por incurrir en arbitrariedad ( art.24.1 CE ) y con afectación al derecho a un proceso con todas las garantías ( art.24.2 CE )".
El abogado del Estado, mediante escrito presentado el 2 de enero de 2019, verificó el trámite conferido, solicitando a la sala se dicte sentencia desestimatoria del recurso de casación presentado y que confirme la sentencia impugnada.
Con fecha de 12 de marzo de 2019, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, dicta la Sentencia núm. 29/2019, resolviendo el recurso de casación interpuesto por el recurrente en los siguientes términos:
Estimar en parte el presente recurso de casación nº 201-72/18, interpuesto por el Guardia Civil D. Olegario
, representado por la procuradora D.ª Marta Saint Aubín Alonso, contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 2018,dictada por el Tribunal Militar Territorial Tercero, en el recurso contencioso disciplinario militar ordinario nº 2/17,contra la resolución del Teniente General Jefe del Mando de Operaciones de fecha 24 de marzo de 2017,que agotó la vía administrativa al confirmar en alzada la resolución del capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Pamplona, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la que se le impuso la sanción de pérdida de dos días de haberes como autor de una falta leve consistente en " el...
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