STSJ Comunidad Valenciana 742/2019, 3 de Mayo de 2019
| Ponente | MIGUEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO |
| ECLI | ES:TSJCV:2019:2315 |
| Número de Recurso | 926/2016 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 742/2019 |
| Fecha de Resolución | 3 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Ordinario 926/2016
SENTENCIA N.º 742/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Iltmos. Srs.:
Presidente:
D. LUIS MANGLANO SADA
Magistrados:
D. RAFAEL PÉREZ NIETO.
D. MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ BERMEJO
D. JOSÉ IGNACIO CHIRIVELLA GARRIDO
En la Ciudad de Valencia, a 3 de Mayo de 2019
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 926/2016, inter¬pues¬to por la mercantil PEDREGAL ARJOLU S.L., representada por el Procurador D. Joaquin Francisco Funes García, defendida por el letrado D. Ángel Antonio García Botella, contra la Administración General del Estado - TEAR-, defendida y repre¬sentada por el Abogado del Estado.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que realizó mediante escrito en que solicitó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la reso-lución recurrida.
La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.
La cuantía del procedimiento asciende a 3.369,83 euros sobre IVA.
No habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que practicaran el trámite de conclusio¬nes y, realizado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación y fallo para el día 30 de abril de 2019
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones lega¬les.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ BERMEJO.
Es objeto del presente recurso la resolución del TEAR de la Comunidad Valenciana de fecha 29-6-16 por la que se desestiman las reclamaciones económico administrativas 03-2.701/2014 y 03/2925/2014 acumuladas contra la liquidación provisional por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 3T y 4T del año 2010 por la que reduce el importe de las deducciones en el correspondiente al 50% de las cuotas soportadas en la adquisición de automóvil o turismo con fundamento en lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art. 95 de la Ley del IVA, determinándose una deuda cuyo importe asciende a 3.369,83 euros.
En la mencionada resolución se razona que no se aporta prueba suficiente de la exclusividad del uso empresarial del automóvil adquirido de que se trata, por lo que es de aplicación la presunción de afectación a la actividad del 50% de acuerdo con la regla segunda del apartado 3 y en el punto segundo del apartado cuatro, del art. 95 Ley del IVA, en relación con el art. 118 de la Directiva 2006/112/CE al no haberse acreditado un porcentaje superior de afectación a la actividad, tal y como exige el art. 105 de la LGT .
En el recurso presentado se aduce la afectación total del vehículo que han originado la deducción de las cuotas de IVA soportadas entendiendo que el art. 95.3, párrafo segundo de la Ley 37/92 que presume la afección de los vehículos a la actividad en un 50% está contradiciendo el derecho comunitario según las sentencias de la Sala que cita en su escrito, así como la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11-6-1991, caso Lennarz, C-97/90 y la de 8-5-2003, caso Wolfang Seeling, C-269/00 . Añade que la recurrente es una sociedad que por razón de la actividad de promoción inmobiliaria de edificaciones a la que se dedica precisa del uso del vehículo para supervisión de obras y efectuar las gestiones propias de la misma ante los distintos organismos y autoridades con competencia de tutela y autorización (Consellerías y ayuntamientos, etc) para realizar edificaciones. Se añade que se ha incumplido por el Estado Español el desarrollo de a Sexta Directiva, debiendo prevalecer, pues, el derecho comunitario. Se invoca la validez de la deducción del IVA practicada y que la carga de la prueba de la no afectación del vehículo le corresponde a la AET.
La Abogacía del Estado se opone a todos los motivos de impugnación esgrimidos solicitando la confirmación del acto recurrido por considerarlo plenamente ajustado a derecho.
Contestando a la cuestión de fondo suscitada en cuanto al requisito de la prueba de la completa afectación del vehículo alquilado y sus gastos de combustible inherentes a su uso, la Sala debe ratificar el criterio de la resolución recurrida en cuanto a la falta de prueba de ese grado de afectación exigible al contribuyente, no sirviendo a estos efectos las alegaciones sobre la necesidad de los desplazamientos, dada la índole de la actividad desarrollada por la recurrente y la utilización del vehículo adquirido con ese fin.
Como se señala en la sentencia de la Sala, entre otras la de 3-10-2018, recurso 421/2015, sehabía venido manteniendo el criterio de inaplicar el artículo 95.3 de la LIVA frente a las previsiones de la Sexta Directiva, en cuando considerábamos que la norma legal citada no permite deducirse la totalidad del IVA repercutido en la adquisición o gastos de un bien (un automóvil turismo en este caso) afecto parcialmente a la actividad, sin necesidad de tener que probar su afectación del 100% a la actividad empresarial, por entender que una norma (el artículo 95.3 de la LIVA ) que impone una restricción general del derecho a deducir en caso de uso profesional o empresarial limitado, pero sin embargo efectivo, constituye una derogación del art. 17 de la Sexta Directiva, vulnerando con ello la primacía del derecho comunitario sobre el nacional de los países de la Unión Europea.
Así se ha venido pronunciado esta Sala en numerosas sentencias, en las que se razonaba que, aunque la afectación del vehículo a la actividad sea parcial, procede la deducibilidad del IVA en el 100%: sentencias nº 3998, de 14-11-2014 (R. 2304/2011, nº 306, de fecha 15-3-2011 (R. 3175/2008 ), nº 359, de 14 - 4-2010 (R. 213/2008 ), nº 618, de 15-5-2012 (R. 485/2009 ), nº 1088, de 28-10-2010 ( R. 2436-2008), nº 375, de 24-4-2013 ( R. 852/10 ), nº 362, de 17-4-2013 (R. 3/10 ), nº 730, de 29-6-2017 (1142/13 ), nº 890, de 19-7-2017 (R. 2062/13 ), nº 888, de 19-7-2017 (R. 2061/13) nº 1512, de 20-11-2017 (R. 3035/13 ) y nº 1592, de 5 - 12-2017 (R. 49/2014 ), entre otras muchas, sustentando este criterio en la interpretación que hacíamos de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de la sentencia de fecha 11.7.1991 (caso Lennartz, asunto C/97/90), a propósito de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán, en el punto 35 de la misma estableció que "Procede responder al órgano jurisdiccional que un sujeto pasivo que utiliza los bienes para las necesidades de una actividad económica tiene derecho, en el momento de la adquisición de los bienes, a deducir el impuesto soportado de conformidad con las reglas previstas en el art. 17, por reducido que sea el porcentaje de utilización para fines profesionales. Una regla o una práctica administrativa que imponga
una restricción general del derecho a...
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