ATS, 24 de Abril de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:4341A |
| Número de Recurso | 1231/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 24/04/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 1231/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 19 DE BARCELONA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Transcrito por: CMB/MJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 1231/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 24 de abril de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
La representación procesal de D. Borja presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19.ª, en el rollo de apelación n.º 676/2015 , dimanante del juicio ordinario n.º 630/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de marzo de 2017 se tuvo por interpuesto el recurso acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
La procuradora D.ª Susana Gómez Castaño en nombre y representación de D. Borja presentó escrito ante esta Sala de fecha 24 de marzo de 2017 personándose en calidad de parte recurrente. La procuradora D.ª Ana Llorens Pardo, en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (antes Catalunya Banc, S.A.) presentó escrito ante esta Sala de fecha 17 de abril de 2017 personándose en calidad de parte recurrida.
Por providencia de fecha 6 de marzo de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a la parte personada.
Mediante escrito presentado el día 13 de marzo de 2019 la parte recurrente manifestó su conformidad con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto por providencia de esta Sala de fecha 6 de marzo de 2019. La parte recurrida no ha formulado alegaciones.
Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia recaída en juicio ordinario en el que la parte demandante, D. Borja , interpuso demanda contra Catalunya Banc, S.A. (actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) en ejercicio de acción de responsabilidad contractual con fundamento en el artículo 1101 del Código Civil , en reclamación de la cantidad de 14.349,98 euros, más intereses legales, en concepto de daños y perjuicios derivados del incumplimiento por la demandada de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de obligaciones subordinadas a la demandante.
La parte demandada se opuso a la demanda, alegando su condición de mera intermediaria y negando la existencia de una conducta negligente en su actuación profesional.
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, condenando a la parte demandada a abonar a la demandante la cantidad de 716,28 euros.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y por la parte demandada el cual fue resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19.ª, de fecha 3 de febrero de 2017 , la cual desestimó los dos recursos de apelación interpuestos, confirmando la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar a la entidad bancaria demandada a indemnizar en concepto de daños y perjuicios al demandante en la cantidad de 716,28 euros, cantidad resultante de restar a lo reclamado los rendimientos obtenidos durante la tenencia de los títulos.
La sentencia de la Audiencia Provincial es recurrida en casación por la parte demandante, D. Borja .
Dicho procedimiento fue tramitado en atención a una cuantía inferior a los 600.000 euros por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC .
El escrito de interposición, en cuanto al recurso de casación, se articula en un único motivo en el que tras citar como preceptos legales infringidos en los artículos 1106 y 1107 del Código Civil , se alega la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. A tal fin cita por un lado las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19.ª, de fechas 3 de febrero de 2017 (recurrida ) y 29 de junio de 2016 , las cuales sostienen la minoración de la indemnización con la suma de los rendimientos obtenidos durante la vigencia del contrato. Y por otro lado, con un criterio jurídico coincidente entre si pero dispar con el anterior, cita las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.ª, de fecha 23 de noviembre de 2016 y 21 de noviembre de 2015 , las cuales sostienen que no se debe proceder a la minoración de la indemnización por la detracción de los intereses percibidos. Igualmente cita numerosas sentencias de Audiencias Provinciales en este último sentido.
Argumenta la parte recurrente que no se debe proceder a la minoración de la indemnización con la suma de los rendimientos obtenidos al obedecer estos últimos a la retribución por la entrega del capital.
Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente, el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento al haber resuelto esta Sala otros asuntos sustancialmente iguales en sentido contrario al pretendido por el recurrente y por inexistencia de interés casacional ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.4 de la LEC ).
La cuestión que se suscita en el presente procedimiento es si debe minorarse o no la indemnización por daños y perjuicios con la suma de los rendimientos obtenidos durante la vigencia del contrato. Tal cuestión ha sido resuelta por esta Sala en la reciente sentencia n.º 81/2018, de 14 de febrero, recurso n.º 2411/2015 , la cual establece lo siguiente:
"[...] 1.- La cuestión jurídica del alcance de la indemnización por responsabilidad contractual por defectuoso asesoramiento en la comercialización de productos financieros complejos ha sido tratada recientemente por esta sala en la sentencia 613/2017, de 16 de noviembre , al decir, en relación con los arts. 1101 y 1106 CC , que:
" Esta sala, en la sentencia 301/2008, de 5 de mayo , ya declaró que la aplicación de la regla compensatio lucri cum damno significaba que en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse la eventual obtención de ventajas experimentadas por parte del acreedor, junto con los daños sufridos, todo ello a partir de los mismos hechos que ocasionaron la infracción obligacional.
"Por su parte, la STS 754/2014, de 30 de diciembre , en aplicación de esta misma regla o criterio, y con relación al incumplimiento contractual como título de imputación de la responsabilidad de la entidad bancaria, por los daños sufridos por los clientes en una adquisición de participaciones preferentes, declaró que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes"".
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- En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
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- Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro.
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- La sentencia de la Audiencia Provincial se adapta a lo expuesto, por lo que no infringe los arts. 1106 y 1107 CC , máxime respecto de este último cuando no se ha declarado probado que la demandada actuara con dolo.
No se aprecia que la solución adoptada deba ser diferente porque la entidad financiera no solo fuera comercializadora, sino también emisora, de las obligaciones subordinadas. En primer lugar, porque la responsabilidad contractual que da lugar a la indemnización, por asesoramiento inadecuado o defectuoso, se ha contraído en la venta de los títulos y no en su emisión. Y en segundo término, porque el daño económico sufrido por la adquirente, que es lo que debe ser resarcido, se contrae a la pérdida neta sufrida en su inversión.
-
- Frente a lo sostenido por la recurrente, con invocación del criterio mantenido por diversas sentencias de otra sección de la misma Audiencia Provincial, no se trata de que se produzca o no un enriquecimiento injusto, sino de la concreción del daño que ha de ser indemnizado como consecuencia del defectuoso cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la entidad financiera.
La obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados constituye la concreción económica de las consecuencias negativas que la infracción obligacional ha producido al acreedor, es decir, resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado. Desde ese punto de vista, no puede obviarse que a la demandante no le resultó indiferente económicamente el desenvolvimiento del contrato, puesto que como consecuencia de su ejecución recibió unos rendimientos pecuniarios. Por lo que su menoscabo patrimonial como consecuencia del incumplimiento contractual de la contraparte se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial.
En fin, la cuestión no es si la demandante se enriquece o no injustificadamente por no descontársele los rendimientos percibidos por la inversión, sino cómo se concreta su perjuicio económico causado por el incumplimiento de la otra parte.
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- En consecuencia, el recurso de casación debe ser desestimado. [...]".
La sentencia recurrida aplica la doctrina establecida por esta Sala en la materia y a la que acabamos de hacer referencia con la consecuencia de que estamos ante una situación equiparable a la pérdida del efecto útil del recurso ( SSTS de 9 de marzo de 2010, rec. 456/2006 , 10 de octubre de 2011, rec. 1557/2008 ), pues su admisión indiscriminada basada en el mero cumplimiento de los requisitos formales nunca podría llevar a la modificación del fallo; así pues, resulta apreciable la causa de inadmisión de carencia de fundamento pues objetivamente contemplada la sentencia recurrida no se contradice con los criterios jurisprudenciales de esa Sala en la materia. Del mismo modo alegada la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, en la medida que sobre tal cuestión ya se ha pronunciado esta Sala, estableciendo la correspondiente doctrina, la supuesta contradicción entre Audiencias estaría superada, faltando el presupuesto que este tipo de interés casacional comporta.
Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC , dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.
Siendo inadmisible el recurso de casación la parte recurrente perderá el depósito constituido de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
Atendiendo que a la fecha de interposición del recurso, 7 de marzo de 2017, aun no se había dictado la sentencia que sirve de sustento a esta resolución, y no habiéndose realizado alegaciones por la parte recurrida tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, no se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Borja contra la sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19.ª, en el rollo de apelación n.º 676/2015 , dimanante del juicio ordinario n.º 630/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona.
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) Declarar firme dicha Sentencia.
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) La parte recurrente perderá el depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrentes y recurrida comparecidas ante esta Sala.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
