STSJ Cataluña 122/2019, 15 de Febrero de 2019
| Ponente | EDUARDO RODRIGUEZ LAPLAZA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2019:1108 |
| Número de Recurso | 98/2017 |
| Procedimiento | Recurso de apelación. Contencioso |
| Número de Resolución | 122/2019 |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Recurso de apelación nº 98/2017
Partes: "Transfers Auto Andalucía Granada, S.L.", sucesora de "Inversiones Andalucía 2014, S.L." c/ Generalitat de Cataluña.
SENTENCIA nº 122/2019
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE
DON MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
MAGISTRADOS
DON FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
DON EDUARDO RODRÍGUEZ LAPLAZA
En la ciudad de Barcelona, a quince de febrero de dos mil diecinueve.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelación sentencia número 98/2017, interpuesto por "Inversiones Andalucía 2014, S.L.", sucedida en esta alzada por "Transfers Auto Andalucía Granada, S.L.", representada por la Procuradora Dña. Adriana Flores Romeu, siendo parte apelada la Generalitat de Cataluña, representada por la Letrada de la Generalitat, Dña. Berta Bernad Sorjús. Es Ponente DON EDUARDO RODRÍGUEZ LAPLAZA, Magistrado de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
En el recurso contencioso-administrativo número 391/2015 tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, el 12 de diciembre de 2016 se dictó sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de "Inversiones Andalucía 2014, S.L." contra la desestimación del recurso de alzada deducido contra resolución del Servei Territorial de Transports de Barcelona, de 22 de abril de 2015.
Contra la referida sentencia la parte recurrente interpuso recurso de apelación, elevándose las actuaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Interesa la parte apelante se tenga por formulado recurso de apelación, a fin de que esta Sala acuerde la estimación de la demanda.
En demanda la actora suplicaba que la sentencia procediere, con estimación del recurso, bien al reconocimiento del derecho de la recurrente, bien a la condena a la Administración al reconocimiento de las 24 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, de la clase VTC-N de ámbito nacional en Barcelona, solicitadas.
La apelada se opone a la estimación del recurso interpuesto, instando la confirmación de la sentencia de instancia en esta alzada.
Turnado a la Sección tercera de dicho Tribunal, se acordó formar el oportuno rollo, designar Magistrado Ponente, no habiéndose recibido el proceso a prueba ni dado trámite de vista o conclusiones.
Mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 se acordó "dar lugar a la sucesión procesal de "Inversiones Andalucía 2014, S.L." por "Transfers Auto Andalucía Granada, S.L.", que pasará a ocupar la posición procesal de aquélla como parte apelante en el presente recurso de apelación". En el razonamiento tercero del citado auto se recogía que "la citada sucesión procesal (...) en nada afecta al estricto objeto procesal ventilado en la instancia, y que se somete a conocimiento de esta Sala en sede de apelación, a saber, la denegación de titulación habilitante en materia de transportes en favor de determinada persona jurídica, con la petición, en su caso, por la misma, de reconocimiento de situación jurídica individualizada anudada a la eventual estimación del recurso contencioso administrativo".
Se declararon conclusas las actuaciones, señalándose finalmente para votación y fallo el día de la fecha.
Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el recurso de apelación tiene por objeto la sentencia de 12 de diciembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de "Inversiones Andalucía 2014, S.L." contra la desestimación del recurso de alzada deducido contra resolución del Servei Territorial de Transports de Barcelona, de 22 de abril de 2015, denegando "solicitud presentada (...) en representación de la empresa Inversiones Andalucía 2014, SL, para el otorgamiento de 24 nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor".
La parte apelante esgrime las siguientes consideraciones en orden a la estimación del recurso de apelación:
-encontrándose derogadas las disposiciones reglamentarias en que se basaba la resolución denegatoria no podían blandirse límites derivados de aquéllas a los efectos de denegar la solicitud cursada;
-no se ha producido el desarrollo reglamentario del art. 48.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que hubiere de habilitar resolución como la recurrida hasta la publicación del RD 1057/2015;
-inaplicación, por la sentencia de instancia, de doctrina del Tribunal Supremo a propósito de la íntegra derogación de los arts. 14.1 de la Orden Fom. 36/2008 y 181.1 del RD 1211/1990, en virtud de la Ley 25/2009;
-inexistencia de disposición reglamentaria, a la fecha de solicitud de las autorizaciones, que amparare la resolución recurrida, anterior a la publicación del RD 1057/2015; y
-en el período comprendido entre el 25 de julio de 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2013, de 4 de julio, y la de entrada en vigor del RD 1057/2015, no existió desarrollo reglamentario del art. 48.2 de la LOTT, en su redacción resultante de la Ley 9/2013.
La representación autonómica se opone a la estimación del recurso de apelación alegando las siguientes razones:
-se solicitaron el 1 de abril de 2015 veinticuatro nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor, cuya solicitud denegó la resolución recurrida atendiendo a la nueva dicción del art. 48.2 LOTT;
-la doctrina jurisprudencial no declara la nulidad y la derogación de los arts. 14.1 de la Orden FOM 36/2008, de 9 de enero, y 181.2 del Reglamento de la LOTT, reconociéndose la plena vigencia de dichos artículos, sin efecto por falta de cobertura legal entre la entrada en vigor de la Ley 25/2009 y la de la Ley 9/2013, a la entrada en vigor de esta última;
-la Ley 9/2013 declara expresamente vigente el Reglamento de la Ley 16/1987, y por ello su art. 181.2 ;
-a la presentación de la solicitud se hallaba vigente la Ley 9/2013, habida su entrada en vigor el 25 de julio de 2013, a tenor de cuya literalidad el art. 48.2 LOTT habilita criterio de proporcionalidad (limitación cuantitativa) en el otorgamiento de nuevas autorizaciones de transporte, a desarrollar reglamentariamente; y
-el art. 181.2 del RD 1211/1990, declarado vigente por la citada Ley 9/2013, desarrolla el citado criterio de proporcionalidad.
Mantiene la STS (Sección 3ª) de 13 de febrero de 2015 (rcud 2076/14 ) que:
"PRIMERO.- Se impugna en el recurso de casación para la unificación de doctrina la Sentencia de 10 de febrero de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso número 381/2013, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por "Taxi Accesible Mieres Sociedad Cooperativa" contra la resolución del Director General de Transportes y Movilidad del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 2013, que denegó la solicitud formulada por la entidad recurrente sobre tres nuevas autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor, por cuanto "la proporción de autorizaciones existente es superior a la establecida en la normativa vigente".
Se fundamenta el presente recurso de casación para la unificación de doctrina en que la Sentencia impugnada desestima la solicitud deducida por "Taxi Accesible Mieres Sociedad Cooperativa" con base en una interpretación jurídica sobre las consecuencias del artículo 21 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en fin, sobre la Orden del Ministerio de Fomento FOM/36/2008, que resulta contraria a lo declarado en las Sentencias de este Tribunal Supremo, de fechas 27 ( RC 5892/2011 y 969/2012 y 29 de enero de 2014 ( RC 105/2012 ) sobre las mismas cuestiones jurídicas.
Dispone el artículo 97.1 LJCA que este recurso debe interponerse mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa la Sentencia recurrida.
Por consiguiente, este recurso para la unificación de doctrina ha de fundarse en la concurrencia de una contradicción entre la Sentencia que se recurre y las Sentencias que se aportan de contraste con la triple identidad que exige el artículo 96.1; y que la Sentencia impugnada incurra en una infracción del ordenamiento jurídico.
En la Sentencia de 19 de noviembre de 2012 (RC 439/2009 ) declaramos que el recurso de casación para la unificación de doctrina, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales: "se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación...
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