STSJ Andalucía 1334/2018, 5 de Julio de 2018
| Ponente | JOSE ANTONIO SANTANDREU MONTERO |
| ECLI | ES:TSJAND:2018:8797 |
| Número de Recurso | 1171/2015 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 1334/2018 |
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
RECURSO NUMERO 1171/2015
SENTENCIA NUM. 1334 DE 2018
Ilmo. Sr. Presidente:
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José Antonio Santandreu Montero
Ilmos. Sres. Magistrados
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Federico Lázaro Guil
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Luis Gollonet Teruel
______________________________________
En la ciudad de Granada, a cinco de julio dos mil dieciocho. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 1171/2015, seguido a instancia de AREA DE SERVICIOS NUEVO MARTOS S.L., que comparece representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Gálvez Domínguez y asistida del Letrado don Antonio de la Riva Bosch, siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA, SALA DE GRANADA, en cuya representación y defensa interviene el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 871.395,86 euros.
El recurso se interpuso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, que se detalla en el primer fundamento juridico. Admitido a trámite el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando la resolución recurrida acuerde la procedencia de la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en el periodo de referencia, en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó se dictase sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución recurrida.
Al no haberse solicitado el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública o el trámite de conclusiones escritas, quedaron las actuaciones pendientes del dictado de la resolución procedente.
Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso y actuando como Magistrado Ponente don José Antonio Santandreu Montero.
El recurso se dirige contra dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de fecha 25 de septiembre de 2015, que desestimó las reclamaciones económico administrativas números 23/143/2015 y 23/847/2015 promovidas contra la resoluciones de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación en Jaén de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que denegaron la solicitud de devolución de ingresos indebidos y el archivo de las actuaciones relativas a la rectificación de las autoliquidaciones presentadas por la reclamante por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, modelo 569, por los ejercicios 2002 a 2005 y 2010 a 2012.
El TEARA en resolución de 30 de mayo de 2014 dictada en la reclamación económico administrativa número 23/1026/2013 estimó parcialmente la reclamación deducida contra el acuerdo de 12 de febrero de 2013, y en atención a los fundamentos jurídicos que incorporaba a su resolución, resolvió que no se podía acceder a su pretensión porque en el expediente no obraban los antecedentes y documentos necesarios para resolver esa petición. Contra esa resolución promovió un incidente de ejecución que se desestimó mediante resolución de 25 de septiembre de 2015 en el expediente número 23/143/2015. La resolución inicial y la posterior que se dictó en el incidente de ejecución de aquella, se dilucidaba la solicitud de la ahora recurrente formulada el 29 de enero de 2013 para que se rectificaran las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Ventas de Minoristas de determinados Hidrocarburos, modelos 569 de los ejercicios de 2010 a 2012 así como a devolución de 551.283,41 euros.
La segunda resolución del TEARA que se recurre en el presente recurso, la registrada con el número 23/847/2015 es la que se promovió el 13 de mayo de 2015 contra la resolución de la Administración que declaró el desistimiento de su solicitud y el archivo de sus actuaciones que se incoaron como consecuencia de la solicitud de devolución de ingresos indebidos de la cantidad de 320.112,45 euros por el mismo Impuesto y por el período del primer trimestre de 2002 al cuarto trimestre de 2005 .
Dicho archivo de las actuaciones se acordó de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del RD 1065/2007, por no atender el requerimiento efectuado para aportar documentación relativa a la relación trimestral de los consumidores finales a los que se repercutió el impuesto, así como las cuotas repercutidas y justificación documental de las facturas emitidas para cada consumidor final, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 14.4 del RD 520/2005; y ello pese a la advertencia de que de no atender el requerimiento se le tendría por desistido con archivo de las actuaciones sin más trámite.
El TEARA confirmó el criterio de la AEAT, argumentando al efecto, en síntesis y de acuerdo con la tesis sostenida por el TEAC y la Audiencia Nacional (sentencia de 22 de diciembre de 2014), que siendo el IVMDH un impuesto repercutido monofásicamente, están legitimados para solicitar la devolución, tanto los sujetos pasivos que repercutieron el tributo, como quienes lo soportaron, añadiendo que la devolución de las cuotas repercutidas se realizará cuando proceda directamente a quienes hubieran soportado indebidamente la repercusión, incluso aunque el procedimiento hubiera sido iniciado por los sujetos pasivos repercutidores; por lo cual resulta imprescindible que la Administración conozca los datos de los beneficiarios de la devolución (obligados tributarios que soportaron la repercusión del impuesto) y también las facturas o documentos en los que se realizaron la repercusión, con la consecuencia de que su falta de aportación, una vez requeridos por la AEAT, implicará la declaración de desistimiento y archivo de la solicituD.
La parte recurrente insiste en los motivos de impugnación aducidos en la via económico administrativa, a saber: la legitimación de la empresa gasolinera vendedora del producto, no sólo para solicitar, sino también para obtener la devolución del ingreso indebido, con independencia de lo que disponga el articulo 14 del RD 520/2005, pues a tenor del articulo 32.1 de la LGT el derecho a devolución corresponde a los obligados tributarios (condición que concurre en el recurrente) que hubieran ingresado de forma indebida con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias; la supuesta nulidad del articulo 14 del citado RD, por vulneración del principio de jerarquía normativa, al establecer una precisión contraria al mencionado articulo 32.1 de la LGT; y la inexistencia de enriquecimiento injusto en el caso de que la devolución se haga al repercutidor del impuesto, al quedar obligado éste a devolver la cuota repercutida a quienes lo soportaron, cuando se solicite por éstos.
Las cuestiones planteadas por la parte recurrente han sido resueltas por las sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en recursos de casación, de fecha 13 de febrero y 9 de marzo de 2018(ROJ: STS 308/2018
y ROJ: STS 1065/2018), en sentido contrario al que se pretende, con base en los argumentos que reproducidos en lo que aquí interesa, se transcriben a continuación: Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo artículo 9 lo definió como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando en fase única las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito objetivo, y en el que, por lo que ahora interesa, la ley prevé que el sujeto pasivo (el propietario del producto gravado que realice las operaciones sujetas) «deberá repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos comprendidos en el ámbito objetivo, quedando éstos obligados a soportarlas».
La segunda, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 27 de febrero de 2014 ( C-82/12
, asunto Transportes Jordi Besora), y publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea de 14 de abril de 2014, declaró que la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, se oponía a un impuesto, como el mencionado, ya que «no puede afirmarse que persiga una finalidad específica » en el sentido de aquella normativa europea, « toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente».
Como resulta de las actuaciones, la demandante en la instancia es titular de un establecimiento que realiza la venta minorista del producto destinado al consumo directo de los adquirentes y, durante los ejercicios 2011 y 2012, repercutió sobre tales adquirentes las cuotas del impuesto, ingresándolas en el Tesoro Público como acreditan los modelos de autoliquidación 569 presentados oportunamente.
Ante la ilegalidad declarada de dicho impuesto -por contrario...
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