SAP Alicante 526/2018, 20 de Noviembre de 2018
| Ponente | MARCOS DE ALBA Y VEGA |
| ECLI | ES:APA:2018:2605 |
| Número de Recurso | 357/2018 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 526/2018 |
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 9ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE
SECCIÓN NOVENA CON SEDE EN ELCHE
Rollo de apelación nº 000357/2018
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE TORREVIEJA
Autos de Juicio Ordinario - 000355/2014
SENTENCIA Nº 526/2018
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Iltmos. Sres.:
Presidente: D. José Manuel Valero Diez
Magistrado: D. Marcos de Alba y Vega
Magistrado: D. Francisco Cabrera Tomás
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En ELCHE, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto los autos de JUICIO ORDINARIO 355/2014 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por DON Carmelo, habiendo intervenido en la alzada en su condición de recurrente, representado por el Procurador Sra. ESCUDERO MORA y dirigido por el Letrado Sra. MARTINEZ SANCHEZ, y como apelado DON Celestino, representado por el Procurador Sra. LOPEZ CAMBRONERO y dirigido por el Letrado Sr. GIMENEZ GOMIZ
Fallo recaído en primera instancia .
El día 11 de marzo de 2017 se dictó sentencia en los autos arriba indicados cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que debo desestimar la demanda interpuesta por La procuradora de los tribunales señora doña Esther Escudero Mora, en representación de DON Carmelo contra DON Celestino representado por la Procuradora señora doña Esther López Cambronero, con expresa imposición de costas a la parte actora.
Interposición del recurso de apelación .
Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la parte demandante, siendo admitido y dándose el traslado legal a la parte contraria para oponerse y/o impugnar el recurso.
Oposición al recurso de apelación .
Conferido el traslado legal, la parte apelada se opuso al recurso presentado.
Formación de rollo y designación de ponente .
Elevadas las actuaciones a este tribunal, se formó el Rollo nº 357/2018, designándose ponente y señalándose para deliberación, votación y fallo el día 15 de noviembre de 2018 a las 9 horas.
Control de la actividad procedimental .
En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción de algunos plazos procesales debido a la carga de trabajo que soporta este órgano.
Ha sido Ponente el Ilmo Sr Don Marcos de Alba y Vega.
La sentencia de instancia desestima la demanda presentada en ejercicio de una " acción reivindicatoria por la que pretende que se declare su dominio sobre la finca sita en AVENIDA000, número NUM000, de Torrevieja y que se condene al demandado a restituir al actor en la posesión de dicho inmueble "(FD 1º).
La parte demandante, disconforme con dicho pronunciamiento desestimatorio, interpone recurso de apelación denunciando la existencia de un error en la valoración de la prueba,negando validez a la compra que el demandado dice realizada, insistiendo en la buena fe del reivindicante y la protección que le otorga el haber inscrito su derecho dominical en el Registro de la Propiedad, motivos todos por los que solicita la estimación de su demanda, debiendo dictarse una sentencia revocatoria de la de instancia, con costas.
El demandado se opone al recurso presentado, abundando en el acierto de la resolución impugnada.
Con carácter previo debemos significar que como esencialmente lo que se pretende es denunciar una errónea valoración de la prueba, según reiterado criterio jurisprudencial si bien los litigantes evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no pueden tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia realiza de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero teniendo en cuenta, como recuerda la STS de 14 de octubre de 2009 que "el principio de inmediación tiene una presencia más limitada en la segunda instancia -lógicamente referida a la práctica de nuevas pruebas y celebración de vista- y el tribunal de apelación examina las actuaciones probatorias llevadas a cabo ante el Juzgado sin plena inmediación, si bien teniendo a su disposición las mismas mediante la grabación efectuada sobre su desarrollo."
Además de lo anterior,en la segunda instancia, cuando de valoraciones probatorias se trata, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia,o salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.
Titulo dominical del poseedor de la finca reivindicada .
La sentencia de instancia razona que "... el demandado alega que adquirió la finca en virtud de contrato de compraventa celebrado con BECISA, S.A., entonces titular registral y que no solo adquirió la finca nº NUM000 sino también la NUM001 y que desde entonces viene poseyendo como dueño tales propiedades. En prueba de ello aporta contrato de fecha 13 de junio de 1978, recibos acreditativos del pago de diversos impuestos sobre la finca desde el año 1979, recibos de pago de suministro eléctrico de la finca datados en el año 1979 y 1989 y volante de empadronamiento del año 2012 en el que no se refleja desde cuándo reside en la referida vivienda, sí que desde 1979 reside en Torrevieja. También se aporta documento ( nº 28 de la contestación) redactado por el director gerente de la empresa BECISA, S.A. en el que reconoce haber recibido el precio por la parcela NUM002
, restando el pago de la NUM003, documento fechado el 23 de septiembre de 1981.
Todo este conjunto de documentos, junto con el hecho indubitado de que el señor Celestino es el poseedor de la finca nos lleva a la conclusión de que efectivamente el demandado adquirió por contrato privado la finca que ahora reclama la actora y que desde 1979 está en posesión de la misma, sin que desde entonces se haya intentado la resolución del contrato.
Por tanto, el demandado adquirió válidamente la propiedad de la finca ( artículo 609 del Código CIvil ) mediante el título (contrato de 1978 ) y el modo (entrega de la posesión que tiene acreditada desde 1979, año en el que consta el pago de suministros eléctricos y pago de contribución).
Así lo evidencian también los propios correos que remite IURIS CONSULTORES Y JURISTAS, S.L., y OPREA INVERSIONES, S.L (doc 26 y 27 de la contestación) que corroboran el documento no impugnado nº 28 de la contestación, y es que don Celestino celebró el contrato referido con BECISA sin que conste resuelto judicialmente pues la demanda de conciliación intentada por OPREA no fue seguida de ninguna demanda, y menos una sentencia que declarase resuelto el contrato (documento 26). Y la carta aportada como documento nº 27 en el el que se reconoce al señor Celestino como comprador, a pesar de de haber incumplido su obligación de pago del precio, interpretando erróneamente el artículo 1504, y dando por resuelto el contrato, resolución que no consta ni aceptada ni, como hemos dicho, confirmada judicialmente por lo que no debe tenerse por hecha.
Y todo ello con independencia de que se haya pagado o no la totalidad del precio por las dos fincas (sí parece que fue satisfecho en el caso de la litigiosa: parcela nº NUM002 ), y con independencia de que el título haya accedido o no al Registro de la Propiedad pues el mismo no es requisito constitutivo de la transmisión del dominio.
El problema para el demandado es que no pudo inscribir su dominio en el Registro, a pesar de algún intento por elevar a público su contrato, pero sin agotar todas la herramientas legales de que disponía.
Durante ese periodo, Becisa, S.A. que ya no era propietaria de ese terreno por haberlo vendido, transmitió la titularidad registral a otra empresa, IURIS CONSULTORES Y JURISTAS, S.L., ésta pasó a denominarse OPREA INVERSIONES, S.L. según copia de escritura aportada de 30 de marzo de 2011. Finalmente aparece PREDIOINVEST 2012,S.L. con domicilio en la misma calle que BECISA, según la escritura de compraventa aportada por la actora y quien celebra contrato de compraventa con el ahora actor.
Así tenemos por un lado que el demandado adquirió la propiedad de la finca litigiosa en 1978 mediante contrato privado de compraventa y entrega de la posesión por lo que BECISA, S.A. dejó de ser la titular, aunque no se inscribió en el registro, pasando éste a ser inexacto.
Por otro lado, no sabemos por qué título o razón jurídica, Predioinvest, S.L. accedió a la titularidad registral y, en virtud de la misma, pero careciendo de la titularidad real, celebró contrato de compraventa con el ahora actor, señor Carmelo .
Por tanto, si Predioinvest no era la verdadera propietaria, realizó un acto de disposición sobre un bien respecto del que no tenía derecho alguno en favor del ahora actor.
Por ello la única manera de que el señor Carmelo adquiera la...
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