SAP Madrid 470/2018, 20 de Septiembre de 2018
| Ponente | JUSTO RODRIGUEZ CASTRO |
| ECLI | ES:APM:2018:16403 |
| Número de Recurso | 803/2018 |
| Procedimiento | Penal. Apelación de juicio de faltas |
| Número de Resolución | 470/2018 |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 29ª |
Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 12 - 28035
Teléfono: 914934418,914933800
Fax: 914934420
R
37050100
N.I.G.: 28.049.00.1-2018/0001346
Apelación Juicio sobre delitos leves 803/2018
Origen :Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 01 de Coslada
Juicio inmediato sobre delitos leves 210/2018
Apelante: D./Dña. Mateo
Letrado D./Dña. EMILIANO ROBLEDO MARTIN
SENTENCIA Nº 470/18
Ilmo. Sr. Magistrado D. Justo Rodríguez Castro
En Madrid a veinte de septiembre de dos mil dieciocho
Vistos en grado de Apelación, ante la Sección Veintinueve de la Audiencia Provincial de Madrid, el Rollo de Apelación nº: 803/18, dimanante de los autos de Juicio por Delitos Leves nº: 210/18 del Juzgado de Instrucción nº: 1 de Coslada (Madrid), por un delito leve de Amenazas, en el que ha sido partes, como apelante: D. Mateo y como apelado: el MINISTERIO FISCAL y en virtud del recurso de Apelación interpuesto por el citado denunciado contra la Sentencia condenatoria dictada por el referido Juzgado en fecha de 27 de febrero de 2018.
Por el indicado Juzgado de Instrucción nº: 1 de Coslada (Madrid), en el Juicio por Delitos Leves nº: 210/18, se dictó Sentencia el día 27 de febrero de 2018, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"Son hechos probados y así se declaran como tales, que entre las partes, antes amigos, existe una relación conflictiva, con origen en desencuentros por motivos personales y familiares, y como consecuencia de un nuevo desencuentro, desde fecha 1 de febrero de 2018, e denunciante ha recibido diversos mensajes de whatsapp de Mateo, desde el número de teléfono NUM000, en los que le recrimina sucesos con su esposa y le manifiesta: "OS VAIS A DAR CUENTA DE CÓMO SOY, OS VOY A ATROPELLAR CON EL COCHE"
En el FALLO de la Sentencia se establece:
"Que debo condenar y condeno a Mateo como autor criminalmente responsable de un DELITO LEVE DE AMENAZAS, previsto y penado en el art. 171.7 del CP, a la pena de UN MES DE MULTA con una cuota diaria de 4 EUROS" .
Por el Letrado D. Emiliano Robledo Martín, en representación y defensa de D. Mateo se presentó, en fecha de 3 de mayo de 2018, el anterior escrito en el que interponía recurso de Apelación contra la citada sentencia, admitiéndose a trámite por providencia de fecha 7 de mayo de 2018 y acordando su remisión a la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiendo a esta Sección 29ª, por turno de reparto.
Recibidas las anteriores actuaciones, por diligencia de ordenación de fecha 3 de julio de 2018, se acordó formar el oportuno rollo de Apelación, señalándose para su deliberación el día 20 de septiembre de 2018, designándose para su resolución al Ilmo. Sr. Magistrado: D. Justo Rodríguez Castro, quedando el mismo pendiente de resolución.
HECHOS PROBADOS
SE ACEPTAN los Hechos Probados de la Sentencia recurrida, los cuales se dan aquí por reproducidos.
Motivos del recurso Por el Letrado que defiende a D. Mateo se basa su recurso, en los siguientes motivos: 1) Error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora "a quo". 2) Infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del derecho a la presunción de inocencia amparado en el artículo 24 de la Constitución Española. 3) Infracción, por inaplicación del artículo 5 del Código Penal, por ausencia de dolo.
Presunción de inocencia Por el recurrente se alega, como segundo motivo del recurso, la infracción del principio de presunción de inocencia, lo que justifica detenerse brevemente en el examen del mismo. El principio de presunción de inocencia es no sólo un criterio informador del derecho penal y procesal, sino que tiene un "valor normativista" (STUCKENBERG), siendo en realidad una "verdad interina" (VAZQUEZ SOTELO) y no sólo una genuina presunción, es asimismo un "derecho fundamental" denominado como de "seguridad jurídica" (PECES BARBA) de aplicación directa e inmediata que vincula al resto de poderes públicos ( artículo 53.1 CE), gozando de una protección especial dimanante de la reserva de ley ( artículos 53.1 y 81 CE) desempeñando el rol de elemento básico conforme al cual deben ser interpretadas todas las normas que componen nuestro ordenamiento (GORRIZ ROYO) siendo, en materia penal, la "clave de bóveda del sistema de garantías", cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable, tras un proceso justo" (VIVES ANTON) y que "despliega su contenido garantista en dos facetas diferentes, como regla de trato del ciudadano y del acusado en un proceso penal y como regla de juicio que impone condiciones a la declaración de culpabilidad" (PEREZ MANZANO), habiendo sido definido como "un derecho subjetivo que se integra por la pretensión de las partes a ser consideradas inocentes de los hechos punibles que se les imputen mientras no exista una resolución judicial que acredite su culpabilidad, lo que genera la obligación correlativa del juez de que se practique todas la prueba necesaria para acreditar la inocencia o culpabilidad" (UREÑA CARAZO) y entendido como "una garantía" que "releva al imputado de la obligación de demostrar su inculpabilidad" (VASQUEZ GONZALEZ), como "un principio rector del proceso penal que se deriva del reconocimiento de la dignidad de la persona humana, y por ello constituye una limitación al poder punitivo del Estado" (PAOLINI DE PALM), o, bien, finalmente, como una "situación procesal que otorga una serie de facultades y derechos y que en modo alguno puede ser automáticamente equivalente a ser autor de un cierto delito" (M. BINDER), aludiéndose, por último a su doble rol como "regla de tratamiento" y "regla de juicio" (GUERRERO PALOMARES). Dicho principio se halla recogido en el artículo 11.1 de la "Declaración Universal de Derechos del Hombre" formulada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y en el artículo 6.2 de la "Convención Europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales" firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 (ratificada por España el 24 de noviembre de 1977), reforzándose determinados aspectos del mismo en la reciente Directiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, al decir que "debe aplicarse desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada. La presente Directiva debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si el sospechosos o acusado ha cometido la infracción penal" ; hallándose reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, vinculante para todos los Jueces y Tribunales por imperativo del artículo 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e interpretado según la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, implicando, en primer lugar, un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente (y nunca a la defensa) probar los hechos constitutivos de la pretensión penal ( SSTC 31/1981, 124/1983 y 17/1984), y, en segundo lugar, dicha actividad probatoria ha de ser suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia, no solo, de un hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado ( SSTC 150/1989, 134/1991 y 76/1993); finalmente, tal actividad probatoria ha de sustentarse en auténticos actos de prueba obtenidos con estricto respeto a los derechos fundamentales ( SSTC 114/1984, 50/1986 y 150/1987), y practicados en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad ( SSTC 31/1981, 217/1989 y 117/1991), interpretación, que se halla en armonía con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resulta de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de lo normado en el artículo 10.2 de la Constitución. La jurisprudencia precisa que "las sentencias absolutorias parten de afirmar la prevalencia de la presunción de inocencia sobre el valor incriminatorio de las pruebas de cargo que las acusaciones hayan aportado en el juicio oral. El acusado se sitúa inicialmente en una posición en la que se afirma su inocencia, y para dictar una sentencia condenatoria es preciso demostrar la culpabilidad, con arreglo a la ley, más allá de toda duda razonable. Como complemento de la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo, impide que el Tribunal, al valorar las pruebas, resuelva las dudas, cuando realmente pueda tenerlas, eligiendo el supuesto más perjudicial para el acusado. El sistema penal propio de un Estado democrático de Derecho, basado en principios que reconocen derechos individuales, y entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, no puede asumir la condena de inocentes, aun cuando ello sea a costa de confirmar en ocasiones la absolución de algunos que pudieran ser culpables" ( STS 11-10-2006). El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que la sentencia condenatoria "se fundamente en una prueba de contenido incriminatorio que cumpla con las exigencias de ser: 1º) Constitucionalmente obtenida, a través de medios de prueba válidos; 2º) Legalmente...
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