STSJ Castilla y León 1250/2009, 14 de Mayo de 2009
| Ponente | FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2009:2925 |
| Número de Recurso | 42/2009 |
| Número de Resolución | 1250/2009 |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA NÚM. 1250/09
En el recurso de apelación núm. 42/09 interpuesto contra la Sentencia de 16 de abril de 2008 dictada en el procedimiento abreviado núm. 478/07 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Salamanca, en el que son partes: como apelante don Torcuato , representado por la Procuradora Sra. Moral Altable y defendido por la Letrada Sra. Martín del Campo; y como apelada la Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno en Salamanca), representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre extranjería (expulsión).
Ha sido ponente el Magistrado don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ, quien expresa el parecer de la Sala.
En el procedimiento del que dimana esta apelación se dictó Sentencia de 16 de abril de 2008 por la que, desestimando la demanda interpuesta por don Torcuato , nacional de Brasil, contra la Resolución dictada por el Subdelegado del Gobierno en Salamanca el día 3 de diciembre de 2007, por la que se acordó imponer al recurrente la sanción de expulsión del territorio nacional, como responsable de una infracción prevista en el artículo 53.a) de la LO 4/2000, reformada por la LO 8/2000 y LO 14/2003, con prohibición de entrada al territorio español por espacio de tres años, extendida al espacio Schengen, declaró la resolución impugnada conforme y ajustada a Derecho, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en el procedimiento a ninguna de las partes.
Contra la anterior sentencia don Torcuato interpuso recurso de apelación solicitando su revocación y que, en su lugar, se dicte otra por la que se declare no conforme a Derecho la resolución recurrida, revocando la misma en lo relativo a la sanción de expulsión del territorio nacional español y prohibición de entrada en el mismo durante un periodo de tres años, e imponiéndole la sanción de multa en la menor cantidad posible, que oscile entre 300,52 # a 6.010,12 #, todo ello condenando a la Administración demandada a estar y pasar por este pronunciamiento.
Admitido el recurso por el Juzgado y conferido el oportuno traslado, la Abogacía del Estado se opuso al mismo solicitando su desestimación, con imposición de costas a la parte recurrente.
Transcurridos los plazos de los artículos 85.2º y 4º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se elevaron los autos y el expediente administrativo a la Sala.
Por Providencia de 20 de abril de 2009 se acordó la formación y registro del presente rollo de apelación, designándose ponente, señalándose para votación y fallo el día 14 de mayo de 2009.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley.
Sentencia apelada y alegaciones de las partes.
La sentencia objeto de apelación desestimó la demanda interpuesta por don Torcuato , nacional de Brasil, contra la Resolución dictada por el Subdelegado del Gobierno en Salamanca el día 3 de diciembre de 2007, por la que se acordó imponer al recurrente la sanción de expulsión del territorio nacional, como responsable de una infracción prevista en el artículo 53.a) de la LO 4/2000, reformada por la LO 8/2000 y LO 14/2003, con prohibición de entrada al territorio español por espacio de tres años, extendida al espacio Schengen, declarando la resolución impugnada conforme y ajustada a Derecho por entender, en esencia, que cuando el día 20 de septiembre de 2007 el recurrente fue entregado en la Comisaría Común Hispano-Portuguesa de Fuentes de Oñoro, carecía de cualquier tipo de documentación que amparase su estancia legal en España, no constando que hubiese intentado regularizar su situación desde que entró en el espacio Schengen el 6 de diciembre de 2005, concurriendo por tanto la infracción de estancia ilegal del artículo 53.a) de la LO 4/2000 ; que en cuanto a las circunstancias en orden a la imposición de la sanción, desde su entrada en territorio Schengen no ha tratado de regularizar su situación en España, lo que pone de manifiesto que no ha existido una voluntad de legalizar su situación, no acreditando ningún tipo dearraigo familiar ni sociolaboral, ni consta la tenencia de medios económicos conocidos y suficientes para su sustento, por lo que se considera proporcionada la elección de la sanción de expulsión con prohibición de entrada; que no se acepta la denuncia de falta de motivación ya que la resolución impugnada contiene argumentos sobre la procedencia de la sanción con trascripción de los preceptos que determinan su imposición, sin que la parte recurrente haya visto mermado su derecho de defensa; y que la tramitación del procedimiento de urgencia deviene obligada para la Administración habida cuenta la naturaleza de expulsión del expediente, careciendo de fundamento la alegación de falta absoluta de procedimiento, habiendo dispuesto de asistencia letrada desde su inicio, con todas las garantías procedimentales.
Don Torcuato alega en apelación error por inaplicación del artículo 28.3 c) de la Ley de Extranjería y 45 de su Reglamento, ya que ni reside ni ha residido en ningún momento en España, así como falta de motivación y proporcionalidad en la resolución recurrida, la que en ningún momento se refiere a los criterios a considerar en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a la graduación de las sanciones.
La Abogacía del Estado se opone a la apelación alegando que la concesión de plazo para abandonar el territorio español a que se refiere el artículo 28.3 c) de la LO 4/2000 no es aplicable a los supuestos de expedientes sancionadores; que son elementos que refuerzan la imposición de la sanción de expulsión, aparte de la...
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