SAP Barcelona 525/2009, 6 de Octubre de 2009
| Ponente | FERNANDO UTRILLAS CARBONELL |
| ECLI | ES:APB:2009:11021 |
| Número de Recurso | 959/2008 |
| Número de Resolución | 525/2009 |
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 13ª |
SENTENCIA Nº 525/2009
Ilmos. Sres.
D. JOAN CREMADES MORANT
Dª. Mª ÀNGELS GOMIS MASQUÉ
D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
En la ciudad de Barcelona, a seis de Octubre de dos mil nueve.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 325/2008, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Badalona, a instancia de Dª. Valentina , representada por el Procurador de los Tribunales D. ALBERT GRASA FÀBREGA, contra D. Pablo Jesús , representado por el Procurador de los Tribunales D. ÁNGEL QUEMADA RUIZ, y contra D. Conrado , representado por el Procurador de los Tribunales D. JOSÉ IGNACIO GRAMUNT SUÁREZ; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 16 de Julio de 2.008, por el/la Juez del expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO:
DESESTIMO la demanda interpuesta por Valentina contra Conrado y contra Pablo Jesús y, en consecuencia, absuelvo a los demandados de todos los pedimentos formulados en su contra, con imposición a la actora de las costas del proceso.".
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a las contrarias que se opusieron al mismo; elevándose finalmente las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Se señaló para votación y fallo el día 6 de Octubre de 2.009.CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.
Apela la demandante Sra. Valentina la sentencia de primera instancia desestimatoria de la demanda de responsabilidad civil formulada contra el Notario Sr. Conrado , y contra el Notario Sr. Pablo Jesús , en reclamación de la cantidad de 1.279.213'38 #, en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, por la pérdida de la finca " DIRECCION000 " o " DIRECCION001 ", en Cruïlles, La Bisbal d'Empordà (Girona), enajenada por su cónyuge Sr. Maximo , del que se hallaba separada por Sentencia de 31 de julio de 1991 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona , confirmada en apelación por Sentencia de 11 de mayo de 1993 de la Audiencia Provincial de Barcelona , y a favor del cual había otorgado un poder especial para la venta de la referida finca, en escritura pública de 12 de agosto de 2002, alegando la apelante, en esencia, que el Notario Sr. Conrado entregó una tercera copia del poder al Sr. Maximo , con fecha 17 de septiembre de 2003, cuando el poder ya había sido revocado por la actora, en escritura de 30 de diciembre de 2002, otorgado ante la Notario de Calafell Sra. Ruiz de Adana Jurado, que fue notificada al Notario Sr. Conrado , con fecha 11 de junio de 2003; y que el Notario Sr. Pablo Jesús autorizó una escritura de compraventa, de fecha 22 de enero de 2004, por la que el Sr. Maximo , haciendo uso del poder otorgado por su cónyuge, vendió a "Parthenon Flats, S.L." la repetida finca.
Centrada así la cuestión que es objeto del pleito, es doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo y 25 de abril de 1983, 9 de marzo de 1984, 21 de junio y 1 de octubre de 1985, 24 y 31 de enero y 2 de abril de 1986, y 19 de febrero y 24 de octubre de 1987 ) que la declaración de responsabilidad por culpa hace precisa la conjunción del triple requisito de, la existencia de una acción u omisión antijurídica y negligente, un resultado dañoso, y la relación de causa a efecto entre la acción y el daño, requisitos que, en aplicación de la norma general sobre distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , incumbe probar a quien los alega, si bien, en cuanto a la culpa contractual, o extracontractual o aquiliana, aunque basada originariamente en el elemento subjetivo de la culpabilidad, según lo imponen los artículos 1101 y 1902 del Código Civil , ha ido evolucionando a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1943 hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico, y del juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta soluciones cuasiobjetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas, consiguientes al desarrollo de la técnica, lo que se traduce, en estos casos, en el plano procesal, en la inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad, de manera que ha de presumirse "iuris tantum" la culpa del autor o agente del evento dañoso, a quien incumbe acreditar que obró con toda la diligencia debida para evitar o prevenir el daño.
Por otro lado, es cierto que, conforme al sistema de garantías y responsabilidad que establece el Capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el usuario de un servicio tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios demostrados que la utilización del servicio le irrogue, salvo que aquellos daños le estén causados por su culpa exclusiva. Aunque la aplicación del artículo 25 de la Ley 26/1984, de 19 de julio , requiere como requisitos necesarios: la condición de consumidor o usuario en la persona que reclame una indemnización, la demostración de daños y perjuicios por la utilización de productos o servicios, y la ausencia de culpa exclusiva suya o de quienes deba responder (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1996;RJA 4853/1996 ), siendo así que la responsabilidad que, en relación con los servicios, establece el artículo 28,2 , cubre los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia, o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales, o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al usuario. Sin embargo, no es posible admitir que el artículo 28,2 instaure, sin más, el principio de responsabilidad de carácter objetivo, por estar supeditada a la concurrencia ineludible del factor culposo o negligente prevenido en los artículos 1101 y 1902 del Código Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1994 (RJA 6581/1994 ).
En este sentido, es igualmente doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1983, 9 de marzo de 1984, 1 de octubre de 1985, 2 de abril de 1986, 19 de febrero de 1987, y 8 de abril de 1992 ), que el principio de responsabilidad por culpa es básico en nuestro ordenamiento positivo, acogido en los artículos 1101 y 1902 del Código Civil , de tal suerte que se exige la necesidad ineludible de que el hecho pueda ser reprochado culpabilísticamente al eventual responsable, sin excluir, en modo alguno, el clásico principio de responsabilidad por culpa, y sin erigir el riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir, por no haber revestido la objetivación de la responsabilidad caracteres absolutos, aún con todo elrigor interpretativo que, en beneficio del perjudicado, impone la realidad social y técnica, pero sin que ésta permita la atribución de responsabilidad a quien no incurrió en culpa alguna (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1992, y 20 de mayo de 1993 ), siendo preciso en todo caso el actuar no ajustado a la diligencia exigible, según las circunstancias del caso concreto, de las personas, tiempo, y lugar, para evitar perjuicios en bienes ajenos, en los términos del artículo 1104 del Código Civil .
Así pues, no siendo de generalizada aplicación a todos los supuestos de responsabilidad contractual o extracontractual la doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1989 y 24 de mayo de 1990 ), doctrina que deriva de la existencia de riesgos o situaciones de peligro beneficiosas para quien las crea, y no siendo de aplicación la doctrina de la inversión de la carga de la prueba, en concreto en los supuestos de responsabilidad por infracción de deberes profesionales (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1990 y 23 de diciembre de 1992 ), estando previsto, en relación con los Notarios, en el artículo 146 del Reglamento Notarial , su responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable, para la determinación de la parte a quien corresponde la carga de probar los hechos en que funda su pretensión, habrá que estar a la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que recoge en parte la doctrina reiterada en este punto, según la cual (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1991 ), si bien es cierta la vigencia de la conocida regla "incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat", la misma no tiene un valor absoluto y axiomático, matizando la moderna doctrina el alcance del principio del "onus probandi" que el antiguo artículo 1214 del Código Civil sancionaba, en el sentido de que incumbe al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su pretensión, y al demandado, en general, la de los impeditivos o extintivos que alegue (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1985 ),no pudiendo admitirse como norma absoluta, que los hechos negativos no puedan ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios; que si los demandados no se limitan a negar los hechos constitutivos de la acción o pretensión ejercitada, sino que alegan otros impeditivos,...
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ATS, 16 de Noviembre de 2010
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