SAN, 18 de Marzo de 2009
| Ponente | CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2009:4759 |
| Número de Recurso | 453/2005 |
SENTENCIA
Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil nueve.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha
promovido Comunidad Autónoma de Madrid, y en su nombre y representación La Sra. Letrada de la Comunidad Autónoma de
Madrid, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del
Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 13 de julio de 2005, relativa a IVA, siendo la cuantía del presente recurso de
12.848.760,34 euros.
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Comunidad Autónoma de Madrid, y en su nombre y representación La Sra. Letrada de la Comunidad Autónoma de Madrid, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 13 de julio de 2005, solicitando a la Sala, declare la nulidad de la liquidación que nos ocupa.
Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.
No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día diez de marzo de dos mil nueve.
En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.
Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 13 de julio de 2005, que desestima la reclamación económica administrativa planteada porla hoy actora relativa a cuota en concepto de IVA relativa a los ejercicios de 2001 y 2002.
El objeto del presente recurso el tratamiento de las subvenciones a efectos de aplicar la regla de prorrata del artículo 104 de la Ley 37/1992 .
La cuestión relativa al tratamiento de las subvenciones ha sido resuelta, entre otras, en nuestra sentencia de 1 de marzo de 2006, dictada en el recurso 581/2004 :
"Desde un principio en la vía administrativa la discrepancia de la actora - que no ha cuestionado las rectificaciones de la base imponible, cuotas devengadas e IVA soportado propuestas por la Inspección - se ha centrado en su disconformidad en lo relativo a la inclusión de las subvenciones en el denominador de la fracción determinante del porcentaje de deducción del impuesto soportado.
En efecto, los términos de la presente controversia, son los siguientes: mientras que la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central objeto del presente recurso considera que, en primer lugar, la normativa española del IVA es conforme con el ordenamiento comunitario, la actora entiende, por el contrario, que los artículos 102. Uno y 104. Dos 2º de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido , en la redacción que les ha dado el artículo 6. Decimoquinto de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre , no se ajustan al ordenamiento comunitario dado que: a) La autorización que el artículo 19.1 de la Sexta Directiva otorga a los Estados miembros para incluir las subvenciones en el denominador de la prorrata, sólo esta prevista para el caso de que la prorrata resulte aplicable, pero no faculta a crear un nuevo supuesto de aplicación de dicha regla de prorrata; b) Dicha autorización ha de entenderse únicamente referida a la inclusión en el denominador de la prorrata del importe de aquellas subvenciones que financien actividades sujetas y exentas; c) Por ello precisamente la Comisión Europea ha demandado al Reino de España, se dice en la demanda, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Congreso de los Diputados ha debatido la Proposición de Ley 122/000273 sobre tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido de las subvenciones no vinculadas al precio a los efectos de la prorrata, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En concreto cuatro son las razones que alega la recurrente:
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) En primer lugar, las aportaciones dinerarias que percibe FEVE con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no participan de la naturaleza jurídica de las "subvenciones", en sentido estricto, sino que se trata de "transferencias presupuestarias", concepto jurídico distinto.
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) La Disposición Transitoria vigésimo segunda de la Ley 66/1997 de 30 de Diciembre (Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social), ordena que "las previsiones contenidas el en artículo 104. Dos-2º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido , relativas a las subvenciones no incluidas en la base imponible dicho impuesto, se aplicarán a las que se acuerden a partir del día 1 de enero de 1998." Siendo así que las trasferencias presupuestarias a favor de FEVE fueron acordadas por la Ley 65/1997 de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales , no resultaría de aplicación a las mismas las modificaciones operadas por una ley posteriorr que expresamente las excluye de su ámbito temporal de vigencia.
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) Nulidad de la modificación normativa operada por la Ley 66/1997 sobre el cálculo de la deuda tributaria del IVA, habida cuenta la existencia de un procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, abierto por la Comisión Europea contra la citada norma tributaria española.
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) Discrepa asimismo de la pretensión que formula la Administración Tributaria de excluir del volumen de negocio anual de FEVE, los importes correspondientes a las enajenaciones inmobiliarias llevadas a cabo por dicha entidad en 1999.
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La aplicación directa de la Sexta Directiva, interpretada exactamente en la forma expuesta por la demandante, cuenta ya al momento de dictarse esta sentencia con el aval de otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que ha venido a corroborar la tesis mantenida en la demanda, por lo que el presente recurso deberá ser estimado.
Así la STJCE de 6 de octubre de 2005 ("Incumplimiento del Estado- Artículos 17 y 19 de Sexta Directiva-IVA-Subvenciones-Limitación del derecho a deducción") dictada en el asunto C-204/03, que ha tenido por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España ha decidido:"1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7 / CE del Consejo, de 10 de abril de 1995 , al prever una prorrata de deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado...
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