ATS, 24 de Octubre de 2018
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS |
| ECLI | ES:TS:2018:10982A |
| Número de Recurso | 2698/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 24 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 24/10/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 2698/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 4 DE LAS PALMAS
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: CME/MJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 2698/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 24 de octubre de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
La representación procesal de D.ª María presentó recurso de casación el 6 de junio de 2016 contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife (Sección Cuarta) el 4 de mayo de 2016, en el rollo de apelación 626/2015 dimanante del juicio verbal de desahucio por falta de pago 110/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de San Sebastián de la Gomera.
Mediante diligencia de ordenación de 13 de julio de 2016 se tuvo por interpuesto el recurso, acordando la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
Por diligencia de ordenación de 5 de septiembre de 2016 se tuvo por parte recurrida a la procuradora D.ª María Concepción Calvo Meijide en nombre de Risco Gomero S.L. Por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2016 se tuvo por personada como recurrente a D.ª María representada por el procurador D. Carmelo Olmos Gómez.
Mediante providencia de 12 de septiembre de 2018 se pusieron de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión del recurso.
Por escritos de 1 y 3 de octubre de 2018, la parte recurrida y la parte recurrente se mostraron, respectivamente, conforme y disconforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto.
La parte recurrente ha realizado el depósito para recurrir exigido en la disposición adicional 15.ª LOPJ.
El recurso de casación se ha presentado contra una sentencia dictada en juicio verbal de desahucio por falta de pago iniciado por la demanda interpuesta por Risco Gomero S.L. contra D.ª María por la que solicita que se declare resuelto el contrato y se condene a la demandada a dejar libre el inmueble y al pago la cantidad de 62.667,80 euros más intereses por rentas vencidas y no satisfechas.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda.
D.ª María presentó recurso de apelación. La Audiencia Provincial de Tenerife (Sección Cuarta) dictó sentencia por la que desestimó el recurso.
Tratándose de un procedimiento tramitado en atención a la materia, su acceso a la casación ha de realizarse por la vía del art. 477.2.3º LEC.
La parte recurrente ha presentado recurso de casación.
El recurso planteado contiene dos motivos. En el primero de ellos se denuncia la infracción de los arts. 7.1, 7.2 y 1258 CC por infracción de los principios de buena fe, abuso de derecho y actos propios por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El segundo motivo se basa en la vulneración de los arts. 1961, 1966.2, 1969 y 1973 CC por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
A la vista de lo expuesto, y pese a las manifestaciones de la parte recurrente, el recurso no puede ser admitido.
Ninguno de los motivos se ajusta a las exigencias formales propias del recurso de casación, al no estructurarme mediante un encabezamiento que indique la norma infringida, la modalidad de acceso a la casación y un resumen de la infracción, y un desarrollo.
Y por otra parte, ambos motivos incurren en carencia manifiesta de fundamento por falta de acreditación del interés casacional. Respecto del primer motivo, cabe decir que la parte recurrente se limita a citar dos sentencias de esta sala, pero no las cita correctamente, al indicar solo su fecha sin precisar además el número de sentencia o el número de recurso, lo que dificulta su correcta identificación. Y tampoco las extracta, ni razona cómo, cuándo y de qué manera la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial en ellas contenida, todo lo cual es preciso para acreditar que concurre el interés casacional alegado. En cuanto al segundo motivo, también se citan dos sentencias, sólo por su fecha, sin extractar ni razonar acerca de la infracción de la doctrina jurisprudencial por parte de la sentencia recurrida. A continuación se extracta una tercera sentencia, si bien esta última tampoco permite acreditar el interés casacional porque lo que la parte parece hacer valer es la existencia de prescripción respecto de las anualidades 2006-2008, si bien su redacción es confusa al afirmar "Esta parte se opuso a la imputación de pagos a las rentas impagadas de los años 2006-2010 dado que las cantidades correspondientes a estas anualidades 2006-2008 estaban prescritas por aplicación del artículo 1966 del código civil, dicho contrato había finalizado y a mayor abundamiento nunca habían sido reclamadas a mi representada por lo que no existió prescripción de la acción". A pesar del último inciso, parece que lo que defiende es que sí existió prescripción, como indica al inicio de este fragmento del recurso. Lo contrario, por otra parte, no se ajustaría a sus intereses. Sin embargo, la jurisprudencia que invoca no es, como sería lógico a su posición, una jurisprudencia favorable a apreciar la prescripción sino todo lo contrario, al invocar la doctrina jurisprudencial que establece precisamente la postura opuesta, es decir, que la prescripción ha de interpretarse de forma restrictiva incluso en relación con la interrupción de la prescripción, "en favor del titular del derecho", que en este caso sería, precisamente, la parte recurrida y no la recurrente, que paradójicamente invoca tal doctrina jurisprudencial.
Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso de casación planteado.
Procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC, dejando sentado el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª María contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife (Sección Cuarta) el 4 de mayo de 2016, en el rollo de apelación 626/2015 dimanante del juicio verbal de desahucio por falta de pago 110/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de San Sebastián de la Gomera.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
