STSJ Comunidad de Madrid 306/2018, 14 de Junio de 2018
| Ponente | MARIA JESUS VEGAS TORRES |
| ECLI | ES:TSJM:2018:7231 |
| Número de Recurso | 829/2015 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 306/2018 |
| Fecha de Resolución | 14 de Junio de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Octava
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2015/0024482
Procedimiento Ordinario 829/2015 C - 03
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN OCTAVA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 829/2015
SENTENCIA Nº 306/2018
Ilmos. Sres.:
Presidente:
Dª. Amparo Guilló Sánchez Galiano
Magistrados:
Dª. Emilia Teresa Díaz Fernández
Don Rafael Botella García Lastra
Dª María Jesús Vegas Torres
Doña Juana Patricia Rivas Moreno
En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2018.
V I S T O S por la Sala constituida por los Señores referenciados al margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 829/2015 formulado ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y en representación de Dª Visitacion, contra la resolución de 11 de noviembre de 2015 que desestimó el recurso de alzada que la misma había interpuesto contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Personal (Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, Área de Pensiones) por virtud de la cual se denegó la pensión de viudedad que la misma había reclamado.
Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL del ESTADO, (Ministerio de Defensa) representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado, en base a los siguientes
El 1 de diciembre de 2015, el Procurador de los Tribunales Sr. D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y en representación de Dª Visitacion, compareció ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid interponiendo recurso contra la resolución que se menciona en el encabezamiento de esta sentencia.
Admitido a trámite el recurso se recabó el expediente con la finalidad de que por la recurrente pudiera deducir la demanda.
Recibido el expediente se confirió traslado del mismo a la representación de la recurrente quien formuló demanda en la que tras exponer los hechos que consideraba de aplicación terminaba con la súplica que previos los trámites de rigor se dictase sentencia estimando el recurso y anulando los actos recurridos y, en su consecuencia, se dicte sentencia declarando el derecho de la recurrente a percibir la pensión de viudedad que en su día solicitó con los atrasos e intereses, todo ello con imposición de las costas procesales a la Administración demandada.
Por diligencia se dispuso dar traslado a la Abogacía del Estado para que contestase la demanda lo que verificó mediante escrito en el que tras alegar lo que consideraba pertinente terminaba con la súplica de que se desestimas el recurso con imposición de costas a la recurrente.
Por Decreto se dispuso tener por contestada la demanda y fijar la cuantía del recurso en la cuantía de una anualidad de la pensión solicitada multiplicada por diez a la luz de lo dispuesto en el 251.7 de la LEC.
Por auto de la misma fecha se dispuso recibimiento el pleito a prueba teniendo por reproducido el expediente y la documental aportada, verificado lo cual se confirió traslado a las partes para la presentación de conclusiones escritas.
No habiéndose instado conclusiones por diligencia de fecha se dispuso dejar las presentes actuaciones pendientes de deliberación y fallo a cuyo efecto se señaló el 18 de abril del año en curso.
Por Providencia de 18 de abril de 2018 se acordó, con suspensión del señalamiento, conferir traslado sucesivamente a las partes, comenzando por el recurrente, por plazo de diez días, sobre el contenido del certificado de concordancia obrante al folio 65 del expediente administrativo en el que se hace constar que Dª Visitacion falleció el 30/11/2016 en Es-Smara, así como del certificado de fe de vida individual obrante al folio 62 del mismo expediente administrativo, y referente a la misma persona, en el que figura que sigue con vida el 3/3/2014, tras lo cual se señaló nuevamente para deliberación votación y fallo el día 13 de junio de 2018.
Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Jesús Vegas Torres, quien expresa el parecer de la Sección.
A los anteriores resultan de aplicación los siguientes
El Procurador de los Tribunales Sr. D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y en representación de Dª Visitacion, ha interpuesto el presente recurso contra la resolución de 11 de noviembre de 2015 que desestimó el recurso de alzada que la misma había interpuesto contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Personal (Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, Área de Pensiones) por virtud de la cual se denegó la pensión de viudedad que la misma había reclamado.
La pretensión que ejercita del recurrente es que se dicte sentencia estimando el recurso y anulando los actos recurridos y, en su consecuencia, se declare el derecho de la recurrente a percibir la pensión de viudedad que en su día solicitó con los atrasos e intereses, todo ello con imposición de las costas procesales a la Administración demandada.
Antes de abordar la cuestión suscitada en este procedimiento, conviene que nos refiramos al sustrato fáctico de la presente controversia.
La recurrente contrajo matrimonio con Benedicto, también conocido como Cipriano, que sirvió como soldado de la Policía Territorial del Sahara con número de filiación NUM000 desde el 1 de abril de 1961 hasta el 31 de enero de 1976 en que pasó a la situación de retirado por disolución de la Unidad, siéndole reconocida una pensión de jubilación por Orden del Consejo Superior de Justicia Militar de 20 de julio de 1977
En fecha 18 de septiembre de 2012, Benedicto fallece, teniendo en ese momento dos esposas, Inocencia y la recurrente, quien solicitó el 1 de agosto de 2014 se le concediese la pensión de viudedad que pudiera corresponderle siendo resuelta su pretensión en el sentido que se expresan en las resoluciones recurridas.
La recurrente considera vulnerado el artículo 14 de la Constitución el artículo 24 que preserva la tutela judicial efectiva mediante la resolución administrativa combatida, según refleja en el escrito de interposición e interesa que se declare el derecho a la pensión de viudedad que le corresponda, con abono de los haberes dejados de percibir desde esa fecha, un mes siguiente al fallecimiento de su esposo ocurrido el 18 de enero de 2012.
En concreto alega que el recurso se funda en la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley del Artículo 14 de la CE . (igualdad ante la aplicación de la Ley) vulneración que dice se ha producido mediante la denegación de la pensión de viudedad, pues considera se le ha reconocido a otras solicitantes y en defensa de esta pretensión alega en la demanda, que desde el año 1982 hasta el de 1999, por el Ministerio de Defensa se ha venido reconociendo la pensión de viudedad y orfandad a favor de esposas e hijos del personal militar saharaui que dispusiera de Documento Nacional de Identidad español bilingüe -lo que en este supuesto acontece, encontrándose copia del documento en la ampliación del expediente recabado por la Sala de Canarias- aplicándose la normativa contenida en la Ley 112/1966 de derechos pasivos del personal militar y Real Decreto de clases pasivas del Estado 670/1987, otorgando a los causantes la condición de españoles a estos solos efectos. Sin embargo a partir de 1999 se comenzaron a denegar sistemáticamente las pensiones a través de la aplicación de la Ley 172/1965, relativa al personal marroquí, pese a que los causantes no disponían de esa nacionalidad, y como consecuencia de esa denegación se interpusieron numerosos recursos contencioso administrativos y en ellos mediante diversas sentencias (2-3-05 ; 11-10-07 ; 5-2-08 del TS3 de Madrid) (30-6-2003 ; 21-5-2004 ; 18-2-05 de la A. Nacional ) entre otras muchas, los tribunales consideraron inaplicable esa normativa que se refería a personal marroquí, condición que no poseía el "Personal Indígena" que tenía Documento Nacional de Identidad Español Bilingüe, como el esposo de la recurrente, y por ello el Ministerio de Defensa mediante informe de la Asesoría Jurídica de 14 de diciembre de 2006, a la vista de las muchas resoluciones judiciales existentes, cambió el criterio, no oponiéndose al reconocimiento de tales pensiones siempre que, 1º- el causante sea personal saharaui, y no marroquí; 2º- que estuviere en posesión del DNI antes citado; 3º- que la pensión de retiro les hubiere sido concedida por la legislación de clases pasivas española y 4º- que quede acreditado el vínculo de parentesco con los beneficiarios, mismos requisitos interesados de 1.982 a 1.999.
La Abogacía del Estado se opone a los argumentos expresados y pide la desestimación del recurso.
El debate planteado ha sido ya abordado por varias y reiteradas Sentencias de esta Sección, entre las que cabe citar la de 4 de diciembre de 2013 (rec. 896/2013) atendiendo a lo resuelto recientemente por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dice así:
" La cuestión aquí planteada ha sido definitivamente resuelta en las 47 sentencias de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictadas el 17, 20 (cuatro) y22 de mayo y 19 de julio (cuarenta y una) del presente año 2013 que, sin acoger el criterio seguido por esta Sala y Sección en sentencias dictadas el 13 de diciembre de 2006 (Rº 718/06 ), 30 de mayo (Rº 938 y 939/06 ), 6 y 27 de junio de 2007 ( Rº 937 y 722/06 ), ha entendido que ese cambio...
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