SAP Las Palmas 188/2017, 26 de Abril de 2017
| Ponente | CARLOS VIELBA ESCOBAR |
| ECLI | ES:APGC:2017:2462 |
| Número de Recurso | 1007/2016 |
| Procedimiento | Penal. Apelación procedimiento abreviado |
| Número de Resolución | 188/2017 |
| Fecha de Resolución | 26 de Abril de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 6ª |
SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
C/ Málaga nº2 (Torre 3 - Planta 5ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 42 99 64
Fax: 928 42 97 78
Email: s06audprov.lpa@justiciaencanarias.org
Rollo: Apelación sentencia delito
Nº Rollo: 0001007/2016
NIG: 3501731220070005649
Resolución:Sentencia 000188/2017
Proc. origen: Procedimiento abreviado Nº proc. origen: 0000115/2014-00
Jdo. origen: Juzgado de lo Penal Nº 2 de Puerto del Rosario
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Apelado Bruno Guillermo Jose Perez Rivero Nelida Cristina Santana Perez
Apelado Hortensia Agustin David Travieso Darias
Apelado Hernan Guillermo Jose Perez Rivero Nelida Cristina Santana Perez
Apelante Marí Juana Pedro Eduardo Carreras Dominguez Gonzalo Baez Altaba
Imputado Carmela
R C Subsidiario Mapfre Pedro Amador Jimenez Susana Maria Ojeda Garcia
SENTENCIA
Presidente: D Emilio Moya Valdés
D Carlos Vielba Escobar (Ponente)
Dña Oscarina I. Naranjo García
En Las Palmas de Gran Canaria a veintiséis de abril de dos mil diecisiete
Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, Sección Sexta, los presentes autos de Procedimiento Abreviado 115/14 del que dimana el presente Rollo número 1007/16, procedentes del Juzgado de lo Penal número Dos de Arrecife con sede en Puerto del Rosario por delito de lesiones imprudentes, pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por Marí Juana, representada por el
procurador Sr Baez Altaba y asistida por el abogado Sr Carreras Domínguez, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal; Hortensia representada por el procurador Sr Travieso Darias y asistida por el abogado Sr Brito Pérez; Bruno y Hernan, representados por la procuradora Sra Santana Pérez y asistidos por el abogado Sr Pérez Rivero siendo ponente D Carlos Vielba Escobar, quién manifiesta el parecer de la Sala.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
Por el Juzgado de lo Penal se dictó sentencia absolutoria en los referidos autos con fecha 22 de marzo de 2016 .
Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito presentado, sin proponer nuevas pruebas que fue admitido en ambos efectos, y dado traslado del mismo por diez días a las demás partes personadas con el resultado que obra en autos.
Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimando necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes de sentencia.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan los hechos probados de la sentencia de instancia..
Se encuentra esta Sala en el trámite de resolver un recurso interpuesto contra una sentencia absolutoria; absolución basada en dos motivos, el primero la prescripción de los hechos, de tan palmaria concurrencia que bastaría con remitirnos a los dos últimos párrafos del fundamento primero para desestimar el recurso; más la Magistrado de instancia en una actuación ejemplar no se limita al estudio de la prescripción, sino que entra a valorar (de forma magnífica) la prueba practicada a fin de reafirmar el pronunciamiento absolutorio.
Se debe partir de la premisa previa de que el pronunciamiento absolutorio supone un límite para este Tribunal, a la vista de la actual y constante doctrina del Tribunal Constitucional.
La doctrina del Tribunal Constitucional cuyo origen se encuentra en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y se reitera en otras muchas, como, las SSTC 208/2005, de 18 de julio ; 203/2005, de 18 de julio ; 202/2005, de 18 de julio ; 199/2005, de 18 de julio ; 186/2005, de 4 de julio ; 185/2005, de 4 de julio ; 181/2005, de 4 de julio ; 178/2005, de 4 de julio ; 170/2005, de 20 de junio ; 167/2002, de 18 de septiembre 272/2005, de 24 de octubre, viene a manifestar que "resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial que las valora. Corolario de lo anterior será que la determinación de en qué supuestos se ha producido vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (cristalizado ahora en la garantía de inmediación) es eminentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la condena de quien había sido absuelto en la instancia trae causa en primer lugar de una alteración sustancial de los hechos probados y, de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios probatorios cuya correcta y adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el órgano judicial que las valora el órgano ante quien se practican. Contrariamente no cabrá entender vulnerado el principio de inmediación cuando, por utilizar una proposición comprensiva de toda una idea, el órgano de apelación no pronuncie su Sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en aspectos de la valoración de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto enjuiciamiento de los hechos sobre los que se funda la condena debido a que la práctica de tales pruebas se realizó en su presencia".
Por ello no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la Sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quem deduce
otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales"
En definitiva, vulneraríamos el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías en el caso en que, sin practicar prueba alguna, intentáramos corregir la valoración llevada a cabo por el juez de lo penal y llegar a una conclusión distinta a la obtenida por él. Sólo podríamos hacerlo si tal corrección fuera posible con una apreciación exclusiva de pruebas cuya valoración, dada su naturaleza, no precisa de inmediación ( STC 198/2002, de 28 de octubre, FJ 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ; asimismo, STEDH de 29 de noviembre de 1991 -caso Jan-Ake...
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