ATS 761/2018, 7 de Junio de 2018
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2018:7119A |
| Número de Recurso | 2351/2017 |
| Procedimiento | Penal. Procedimiento abreviado y sumario |
| Número de Resolución | 761/2018 |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 761/2018
Fecha del auto: 07/06/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 2351/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL.(SECCIÓN 4ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Transcrito por: AMO/MGG
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 2351/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 761/2018
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Miguel Colmenero Menendez de Luarca
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Antonio del Moral Garcia
En Madrid, a 7 de junio de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), se ha dictado auto de 18 de septiembre de 2017 , cuya parte dispositiva señala:
"Acordamos desestimar el recurso interpuesto por la representación procesal de Celestino contra el auto de fecha 28 de junio de 2017 dictado en el presente procedimiento por el Juzgado de Instrucción número 1 de esta Audiencia Nacional por el que se acordó «el sobreseimiento libre de las presentes actuaciones», que confirmamos en su integridad, por sus propios y ajustados fundamentos".
Contra el citado auto Celestino , bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales Don Ramón rodríguez Nogueira, formuló recurso de casación y alegó los siguientes motivos:
i) Infracción de ley por indebida aplicación de los artículos 130 y 131 del Código Penal en relación con los artículos 249 , 250.1.6 º y 252 del mismo cuerpo legal .
ii) Vulneración del artículo 25.1 de la Constitución Española , al amparo de los artículos 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
iii) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo artículo 24 de la Constitución Española , al amparo de los artículos 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Durante la tramitación del recurso, se dio traslado al Ministerio Fiscal que formuló escrito de impugnación e interesó la inadmisión de todos los motivos y, subsidiariamente, su desestimación.
Asimismo, se dio traslado a Saturnino y Abel quienes, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Hurtado de Mendoza, formularon escrito de impugnación e interesó la inadmisión de todos los motivos y, subsidiariamente, su desestimación.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal, ha sido designado ponente el Excelentísimo Señor Magistrado Don Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO .-
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El recurrente denuncia, en el primer motivo de recurso, infracción de ley por indebida aplicación de los artículos 130 y 131 del Código Penal en relación con los artículos 249 , 250.1.6 º y 252 del mismo cuerpo legal .
Sostiene que con la querella se aportaron documentos que acreditaron que el posible perjuicio que le fue causado ascendió a la cantidad de 2.200.000 euros. Afirma que, por ello, la estafa o apropiación indebida por la que formuló querella estaría castigada con una pena de prisión en abstracto de 1 a 6 años y, por ello, el plazo de prescripción sería de 10 años (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Código Penal ) y no de 5 años como consideró el Juzgado Central de Instrucción número 1 por auto de fecha 28 de junio de 2017 (resolución que confirmó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mediante el auto impugnado).
En el motivo segundo de recurso denuncia la vulneración del artículo 25.1 de la Constitución Española (sic), al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Sostiene la inexistencia de la excepción de cosa juzgada considerada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 por auto de fecha 28 de junio de 2017 (confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto impugnado) ya que, aunque en efecto consta en las actuaciones un auto de sobreseimiento libre de fecha 12 de junio de 2014 dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Elda sobre los mismos hechos, este auto no puede ser considerado como bastante para fundar la excepción de cosa juzgada por las siguientes razones.
En primer lugar, por falta de competencia del Juzgado de Instrucción, ya que tal resolución solo puede dictarse por el órgano de enjuiciamiento pues solo este órgano puede dictar una resolución equivalente "a una sentencia absolutoria que tenga la santidad de la cosa juzgada".
Y, en segundo lugar, por cuanto no existe identidad objetiva y subjetiva entre los hechos y personas a que se refieren el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Elda y el dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 1. En concreto, afirma que aquel auto se referida a hechos y personas distintas de las concretadas en el auto que se impugna mediante el recurso de casación (pues, el auto de fecha 12 de junio de 2014 , si bien se refería a los mismos hechos que el auto impugnado, no hacía referencia al importe defraudado que, en el caso que nos ocupa, es concretado documentalmente; y, en el auto de fecha 12 de junio de 2014 se acordó el sobreseimiento libre respecto de Saturnino y Abel contra quien se dirigió la denuncia, mientras que en el caso que nos ocupa la querella se dirigió, además, contra el Sr. Gumersindo ).
En el tercer motivo de recurso, denuncia la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva ya que se dictó el sobreseimiento provisional por parte del Juzgado Central de Instrucción sin haber practicado diligencias de investigación a excepción de la toma de declaración de los querellados Saturnino y Abel .
Finalmente, debe advertirse que el recurrente afirma que, en todo caso, el recurso presenta interés casacional ya que la decisión del Juzgado Central de Instrucción acordando el sobreseimiento libre de las actuaciones supuso anticipar a la fase de instrucción la decisión relativa a la determinación del importe de la estafa o apropiación indebida que debía resolverse en juicio.
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El recurso de casación, como es notorio, es un recurso extraordinario que únicamente se puede interponer contra las resoluciones y por los motivos previstos en la Ley (ver art. 884. 1º-2º LECrim .) En cuanto ahora importa y dada la resolución que se pretende recurrir en casación, el art. 848 LECrim (según la nueva redacción dada por ley 41/2015, de 5 de octubre, aplicable al caso que nos ocupa al tratarse de un procedimiento incoado con posterioridad a su entrada en vigor el 06/12/15 por cuanto se incoaron diligencias en fecha 8 de septiembre de 2016), establece que: "Podrían ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".
La redacción del precepto citado, antes de su modificación, suscitó poderosas dudas, en particular, sobre su aplicación en el ámbito del procedimiento abreviado, especialmente porque se hacía depender la posibilidad de planteamiento de recurso de casación contra un auto de sobreseimiento libre, del dato de que se hallare alguien procesado como culpable, expresión que se ha cambiado en el artículo actual por la de que exista una resolución judicial que suponga una imputación fundada.
Para dar respuesta a esta cuestión, el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala celebrado el 9 de febrero de 2005 estableció la siguiente doctrina en orden a la recurribilidad en casación de los autos dictados por las Audiencias: "Los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones: 1ª. Se trate de un auto de sobreseimiento libre. 2ª. Haya recaído imputación judicial equivalente a un procesamiento, entendiéndose por tal la resolución judicial en que se describa el hecho, el derecho aplicable y las personas responsables. 3ª. Se haya dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación."
Como señala la sentencia de esta Sala 964/2016, de 20 de diciembre , "tras la modificación operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del día 6 de diciembre de 2015, en el art. 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , tal requisito (se refiere a que el auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación) desaparece. Es decir, actualmente los requisitos del sobreseimiento libre recurrible en casación por infracción de ley, son los siguientes: haberse dictado un auto definitivo (es decir, no impugnable mediante recurso ordinario), dictado por una Audiencia Provincial o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que suponga la finalización del proceso por falta de jurisdicción o por sobreseimiento libre (con análogos efectos a los de una sentencia absolutoria), y contra una persona encausada mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada ".
A este respecto, es decir, sobre la recurribilidad en casación del auto que acuerda el sobreseimiento libre en el marco de un procedimiento abreviado, de manera reiterada se dijo por esta Sala (SSTS 473/2006 de 17 de abril ; 608/2006 de 11 de mayo ; 977/2007 de 22 de noviembre ; 129/2010 de 19 de febrero ó 63/2011 de 4 de febrero de 2011 , entre otras) que no basta con que se haya acometido una investigación judicial y tras ella acordado el sobreseimiento, sino que es imprescindible para que la resolución que acuerda éste pueda ser fiscalizada a través del recurso de casación, que haya existido una resolución previa equivalente a un procesamiento o acto de inculpación, con la plasmación de los hechos indiciariamente delictivos, las normas en que se subsumirían esos hechos y los sujetos presuntos autores de los mismos. Y como tal se ha considerado el auto que se dicta al amparo del artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , acordando seguir los trámites con arreglo al procedimiento abreviado, o como mucho el auto que acuerda determinadas medidas cautelares que contaron con una descripción de indicios contra personas determinadas, acompañada de una subsunción de la conducta en una norma penal y la intervención de un posible autor (las SSTS 1153/2005 de 5 de octubre , 608/2006 de 11 de abril y 872/2015, de 5 de febrero ).
En resumen, en el ámbito del procedimiento abreviado, esta Sala estimaba que esa resolución de imputación formal se llevaba a cabo en el auto de transformación.
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A la vista de lo anteriormente expuesto se hace necesario, antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación.
De conformidad con la referida doctrina debe concluirse que la resolución recurrida no es susceptible de ser recurrida en casación ya que no se cumple el requisito de que se hubiese dirigido una imputación formal contra las personas querelladas.
Ciertamente, el auto impugnado se trata de un auto confirmatorio del sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Central de Instrucción, pero en el procedimiento ni se dictó auto de transformación de las diligencias previas para su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, ni hubo, en modo alguno, acto alguno que se pudiese interpretar como una imputación formal de unos hechos a una persona determinada.
Por todo lo expuesto, se desprende que el auto citado no es susceptible de recurso de casación.
En todo caso, debe recordarse que la inadmisión del presente recurso por falta de recurribilidad del auto referido no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que la pretensión de la parte recurrente ha sido estudiada y ha recibido contestación de dos instancias judiciales (tanto del Juzgado Central de Instrucción, como de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional). Sobre este particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecida la doctrina de que el derecho al acceso a los Tribunales constituye una de las facetas del derecho a un proceso con todas las garantías (véase, en particular, Golder contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 21 de febrero de 1975, serie A número 18 § 36), si bien no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas, particularmente en lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad de un recurso, pues por su propia naturaleza exige una reglamentación por el Estado, que goza a este respecto de un cierto margen discrecional (García Manibardo contra España. número 38395/97, § 36, TEDH 2000-II; Mortier contra Francia número 42 195/98, § 33, de 31 de julio de 2001 ; Berger contra Francia, número 48.221/99, § 30, TEDH 2002-X), siempre que esas limitaciones que se apliquen no restrinjan "el acceso abierto al individuo de manera o hasta un punto tal que el derecho se encuentre afectado en su propia esencia..." (véase, sentencia De la Fuente Ariza contra España. de 8 de noviembre de 2007 ).
Concorde con todo lo anterior, se acuerda la inadmisión de los motivos, de conformidad con lo que determina el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En consecuencia, se dicta la siguiente:
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LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGARA LA ADMISIÓN del recurso de casación, formulado por la parte recurrente contra el auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el procedimiento referenciado, que figura en el encabezamiento de la presente resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se acuerda la pérdida del depósito, si se hubiera constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
