STSJ Cantabria 146/2018, 16 de Abril de 2018
| Ponente | JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO |
| ECLI | ES:TSJCANT:2018:145 |
| Número de Recurso | 219/2016 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 146/2018 |
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA 000146/2018
ILMA. SRA. PRESIDENTE EN FUNCIONES
DÑA. Clara Penin Alegre
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
D. Jose Ignacio Lopez Carcamo
D. Juan Piqueras Valls
En Santander, a 16 de abril del 2018.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el presente Procedimiento Ordinarionº219/2016, interpuesto por EOLICAN INNOVACION Y ENERGIA SL, representada por el Procurador D. Jesús Martínez Rodríguez y defendida por el Abogado D. José A Merino González, contra el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos.
La cuantía del recurso quedó fijada en 2.651.756'04 euros.
Es Ponente el Magistrado D. Jose Ignacio Lopez Carcamo, quien expresa el parecer de la Sala.
Se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración efectuada por la parte demandante el 9 de octubre de 2015.
Se ha seguido el procedimiento ordinario. Ha sido ponente el magistrado D. Jose Ignacio Lopez Carcamo.
La parte demandante alega prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Su planteamiento es, en síntesis, el siguiente:
La reclamación de responsabilidad lo es por daños derivados de la anulación judicial de la resolución de 2 de junio de 2009, por la que se convocó la adjudicación de potencia a los efectos de la instalación de parques eólicos, y se presentó ante la Administración el 9 de octubre de 2015.
La Administración entiende que la fecha inicial del computo del plazo de un año previsto en el art. 141 de la Ley 30/92 (aplicable "rationes temporis") es la de la efectiva perdida de efectos de la resolución de 18 de noviembre de 2010, que, resolviendo el concurso convocado por resolución de 2 de junio de 2009 (el anulado judicialmente), adjudicó a los participantes las correspondiente potencias eólicas. Esa fecha es, según la
Administración, es el 7 de julio de 2014, en la que entra en vigor la disposición adicional tercera de la LC 7/2013, la cual deja sin efecto tal resolución.
Si así fuese, efectivamente, cuando el 14 de octubre de 2015 se presentó la reclamación de responsabilidad, la acción correspondiente ya habría prescrito.
Pero la Sala no comparte la tesis de la Administración sobre el día inicial del cómputo del plazo de prescripción. Estas son las razones:
La demandante no está solicitando responsabilidad por daños derivados de acto legislativo, sino por daños derivados de la anulación judicial de la resolución de 2 de junio de 2009 (daños consistentes en el perjuicio emergente: gastos para presentarse a la convocatoria y en la realización de los compromisos exigidos en la propuesta de resolución y en ésta misma.) Dicho de otra manera: La causa del daño que alega no es el acto legislativo referido, sino la anulación judicial de la resolución de 2 de junio de 2009.
Consiguientemente, el día inicial del cómputo es el fijado en el art. 142.4 de la Ley 30/92 :
"La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5." (El subrayado es nuestro).
Atendiendo a esta...
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