STSJ Comunidad de Madrid 666/2017, 14 de Diciembre de 2017
| Ponente | RAFAEL BOTELLA GARCIA-LASTRA |
| ECLI | ES:TSJM:2017:14165 |
| Número de Recurso | 484/2016 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 666/2017 |
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Octava
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2016/0012420
Procedimiento Ordinario 484/2016 P - 01
SENTENCIA NÚMERO 666 / 2017
Ilmos. Sres.:
Presidente
Doña Amparo Guilló y Sánchez Galiano
Magistrados
Doña Emilia Teresa Díaz Fernández
D. Rafael Botella y García Lastra
Doña María Jesús Vegas Torres
En la Villa de Madrid el día catorce de diciembre del año dos mil diecisiete
V I S T O S por la Sala de este Tribunal Superior de Justicia, constituida por los Ilmos. Señores referenciados al margen, los autos del recurso contencioso- administrativo número 484 / 2016, interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (Ministerio del Interior), contra doce resoluciones de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de Madrid todas ellas de fecha 25 de febrero de 2016 y desestimatorias de las respectivas reclamaciones económico administrativas que detallamos seguidamente:
15-JS-000313.4/2015 29 liquidaciones 2853,00
15-JS-000314.5/2015 10 liquidaciones 11.072,00
15-JS-000331.6/2015 59 liquidaciones 69.829,00
15-JS-000336.2/2015 39 liquidaciones 4729,00
15-JS-000341.8/2015 16 liquidaciones 2377,00
15-JS-000348.6/2015 5 liquidaciones 623,00
15-JS-000349.7/2015 11 liquidaciones 3133,00
15-JS-000350.0/2015 7 liquidaciones 6190,00
15-JS-000351.1/2015 5 liquidaciones 708,00
15-JS-000353.3/2015 1 liquidación 61,00
15-JS-000354.4/2015 2 liquidaciones 122,00
15-JS-00035 5. 5/2015 15 liquidaciones 1516,00
Total seuo 115345,00
Las reclamaciones económico administrativas anteriores fueron interpuestas por el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias) contra las liquidaciones de precios públicos emitidas por distintos Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid por la asistencia sanitaria prestada a internos en distintos Centros Penitenciarios sitos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que gozaban de derecho a asistencia sanitaria gratuita.
Ha sido parte demandada la COMUNIDAD DE MADRID representada por la Sra Letrado de sus Servicios Jurídicos, sobre la base de los siguientes
Por la representación procesal del recurrente se interpuso con fecha 20 de septiembre de 2016 el presente recurso y, después de cumplidos los trámites preceptivos, y tras su admisión a trámite, formalizó la demanda en la que, tras exposición de los hechos que consideraba relevantes y cita de los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso y concluía con la súplica de que, en su día y previos los trámites legales, se dicte sentencia que anule las liquidaciones emitidas por los hospitales de la comunidad autónoma de Madrid por la asistencia sanitaria prestada a partir del 1 de enero de 2015 a internos de centros penitenciarios sitos en la comunidad autónoma de Madrid que tenían derecho a la asistencia sanitaria pública al margen de su condición de internos .
Concedido traslado de la demanda a la parte demandada, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente y documentación aportada, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acto recurrido.
Por decreto de 18 de noviembre de 2016, se declaró la cuantía del procedimiento en 115345,00 euros, y al no haberse solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni la apertura del trámite de conclusiones sucintas se dispuso dejar las presentes actuaciones pendientes de señalamiento para deliberación y fallo.
El siguiente 8 de noviembre de 2017 se dictó providencia señalándose para votación y fallo del recurso la audiencia del día 13 de diciembre de este año fecha en la que ha tenido lugar.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Botella y García Lastra quien expresa el parecer de la Sección.
A los anteriores son de aplicación los siguientes
Es objeto de este recurso, la impugnación deducida por la Administración del Estado, Ministerio del Interior, contra las doce resoluciones de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de Madrid todas ellas de fecha 25 de febrero de 2016 y desestimatorias de las respectivas reclamaciones económico administrativas que detallamos en el encabezamiento de esta sentencia interpuestas por el Ministerio del Interior contra las liquidaciones de precios públicos emitidas por la Comunidad de Madrid por la asistencia sanitaria prestada en distintos Hospitales del SERMAS a internos en distintos Centros Penitenciarios sitos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que gozaban de derecho a asistencia sanitaria gratuita.
La parte actora destaca en su demanda los siguientes hechos:
Que, de acuerdo con la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que atribuye a la Consejería de Sanidad la competencia en materia de protección de la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y el capítulo III de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria y el Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, que atribuye al Ministerio del Interior las obligaciones para garantizar la asistencia sanitaria de los internos, ambas administraciones suscribieron el 6 de noviembre de 2008 un protocolo general de colaboración, cuyo objeto era definir los ámbitos de cooperación entre ambas administraciones, referido, entre otros aspectos, al ámbito sanitario.
Dicho protocolo general, en el apartado quinto, consigna que el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán conjuntamente, fórmulas de colaboración con objeto de mejorar la salud de los internos en los centros penitenciarios situados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a cuyo efecto se suscribirá los oportunos convenios de colaboración.
Así, con fecha 28 de julio de 2009 se suscribió un primer convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria especializada, en el ámbito penitenciario.
Concluida la vigencia de ese primer convenio de colaboración, ambas administraciones consideraron necesario seguir disponiendo de un cauce formal que posibilitase las actuaciones de colaboración mutua en materia sanitaria. Por ello, por resolución de 20 de enero de 2014, ambas administraciones suscribieron un nuevo convenio de colaboración que sustituía al de fecha 28 de junio de 2009.
Que, concluida, el 31 de diciembre de 2014, la vigencia del Convenio de Colaboración y, ante el fracaso en la renegociación del nuevo Convenio, debido, fundamentalmente, a las discrepancias existentes en torno a la financiación de la asistencia sanitaria prestada a internos que tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita, desde el Servicio Madrileño de Salud se instruyó, a los Centros Hospitalarios de la Comunidad de Madrid, para que, en las facturas emitidas, a cargo de los Centros Penitenciarios, por la asistencia sanitaria prestada a la población reclusa, no se contemplara distinción alguna, dentro del colectivo de internos en Instituciones Penitenciarias, según fueran o no asegurados y/o beneficiarios de la Seguridad Social, los reclusos receptores de la asistencia sanitaria objeto de las distintas facturas.
Y con posterioridad a hacerse pública dicha Instrucción del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y con arreglo a ella, se han venido recibiendo, en los distintos Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid, procedentes de distintos hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Hospital 12 de Octubre, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias... etc.), múltiples facturas, por distintos importes, en concepto de asistencia sanitaria prestada a internos de los Centros Penitenciarios, que cuentan con derecho a la asistencia sanitaria gratuita por ser afiliados, asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social, pese a que, con arreglo a Ley, el pago de dichos servicios debe corresponder al Servicio Madrileño de Salud.
Y estas facturas se refieren, de modo indistinto y generalizado, a todos los internos en Centros Penitenciarios que son objeto de atención sanitaria, sin diferenciar entre los que tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita con cargo al Servicio Madrileño de Salud y los que no lo tienen e igualmente.
Según expone el recurrente, la Subdirección General de Gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, considera que "la asistencia sanitaria a este colectivo [interno asegurado/afiliado/ beneficiario de la Seguridad Social] debe prestarse por los Servicios de Salud y Hospitalarios de las Comunidades Autónomas, en las mismas condiciones y aplicando el mismo procedimiento que se aplica al resto de ciudadanos, comprobando, con carácter previo a la atención médica u hospitalaria, la simple identificación del afectado y la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud..., procediendo, solo y exclusivamente, a la facturación o contraprestación económica del servicio, en los casos en que la Administración Sanitaria compruebe que la persona afectada no tiene la condición de asegurado o beneficiario de la Asistencia Sanitaria Pública. "
En definitiva, la controversia que se plantea por la actora versa sobre la procedencia o no de facturación de los servicios sanitarios que se presten a los internos en Centros penitenciarios que tienen la condición de asegurado, afiliado o beneficiario de la Seguridad Social, habiendo cuestionado al efecto las liquidaciones giradas por los Hospitales de la Comunidad de Madrid en estos casos.
Esta Sala y...
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