STSJ Cataluña 66/2018, 7 de Febrero de 2018
| Ponente | MARIA LUISA PEREZ BORRAT |
| ECLI | ES:TSJCAT:2018:2273 |
| Número de Recurso | 633/2016 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Número de Resolución | 66/2018 |
| Fecha de Resolución | 7 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Recurso nº 633/2016
Parte actora: Pablo
Parte demandada: MINISTERIO DE JUSTICIA -SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA nº 66/2018
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
-
EDUARDO BARRACHINA JUAN
MAGISTRADOS
DÑA. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT
DÑA. MARÍA FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA
En Barcelona, a siete de febrero de dos mil dieciocho.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por D. Pablo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Alvaro Ferrer Pons, y asistido por la Letrada Dña. Susana Chicharro Romero, contra la Administración demandada MINISTERIO DE JUSTICIA -SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-., actuando en nombre y representación de la misma el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos
de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en autos.
Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron.
Se señaló para votación y fallo de este recurso para el día 6 de febrero de 2017, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes.
La representación del funcionario recurrente, Letrado de la Administración de Justicia titular de tercera categoría, presentó en fecha 29 de noviembre de los corrientes, un escrito de reclamació patrimonial de la Administración e impugna la Resolución presuntamente desestimatoria de la solicitud de complemento de haberes solicitada por el demandante en fecha 14 de junio de 2016 ante al Ministerio de Justicia, Secretaría General de la Administración de Justicia.
El recurrente tomó posesión de la plaza de Secretario Judicial del Juzgado de lo Penal nº 1 de Mataró, tomando posesión de su destino el 8 de junio de 2010. Posteriormente participó en un concurso de traslados y tomó posesión en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sant Feliu de Llobregat, tomando posesión el 24 de octubre de 2012. También, obtuvo mediante concurso la plaza de Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Barcelona.
Al amparo de art. 78 del Real Decreto 1608/2005, las plazas de Secretario Judicial de Mataró, Sant Feliu de Llobregat y Barcelona pertenecen de segunda categoría.
No obstante, la Administración entendió que a pesar de tratarse de una plaza de segunda categoría, las retribuciones percibidas por el recurrente lo fueron en función de la categoría que ostentaba (tercera) hasta el 30 de septiembre de 2015, fecha en la que se le retribuyó el sueldo en las cuantías que correspondían a la tercera categoría (a razón de 1322,68 €/mes en octubre de 2015 o cuantías fijadas en la LPGE).
En cambio, al personal interino que desempeña la misma función y sirve en plazas de segunda categoría, se le retribuyó el sueldo como a Secretarios de segunda categoría (1423,62€/mes en octubre de 2015) (cuya selección se rige por el art 135 y s.s. del Real Decreto 1608/2005 ).
Considera que ha sido discriminado retributivamente porque realiza las mismas funciones que las que realiza un Secretario de segunda categoría e incluso un interino que ocupa plaza de segunda categoría, ya que los Secretarios solo consolidan la categoría por el desempeño de un puesto de trabajo de categoría superior durante un periodo de cinco años ( arts. 14 y 23 de la CE ; 441 y 451 de la LOPJ 19/2003, ahora reformada por la Ley Orgánica 7/2015 y 94 y 128 del Real Decreto 1608/2005). Invoca nuestra Sentencia nº 302/2016, de 21 de abril (recurso contencioso-administrativo nº 758/2014 ) y la doctrina de la STS de 29 de abril de 2013 (recurso 226/2012 ) en relación a la diferencia retributiva de los jueces sustitutos y de carrera, en relación con la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE y la STJUE, de 18 de octubre de 2012 y la STS de 8 de noviembre de 2012 (cuestión de ilegalidad 1/2012 ) en relación con los trienios de los jueces sustitutos y su equiparación a los jueces titulares y la STS de 30 de junio de 2014 (recurso de casación 1846/2013 ).
Por todo ello, solicita que se le reconozca la diferencia retributiva por el periodo comprendido entre junio de 2010 hasta septiembre de 2015, con excepción de abril de 2014 que ya la ha sido reconocido en extensión de efectos (auto de 21 de abril de 2016).
El Abogado del Estado que no cuestiona los hechos fácticos referidos a los destinos ocupados, la categoría personal del actor ni la del órgano, ni la diferencia de salario hasta el 1 de octubre de 2015 respecto a los Letrados de la Administración de Justicia que prestaban servicio en Juzgados de análoga categoría, niega que pueda pretenderse la exacta equiparación de cargas laborales pretendida por el actor.
Recuerda la relación de sujeción o supremacía especial de los funcionarios públicos, lo que implica que la Administración tenga reconocida la potestad de configurar unilateralmente el estatuto de los funcionarios públicos y modificarlo cuantas veces exija el interés público.
Reconoce que los funcionarios tienen derecho a ser retribuidos conforme al ordenamiento jurídico vigente, en condiciones de igualdad con funcionarios que se encuentren en la misma situación, por lo que no cabe la comparación entre funcionarios de carrera, en prácticas e interinos entre sí ni cabe revisar un acto con arreglo a la normativa posterior.
En este caso, sostiene que la categoría consolidada es la que determina la percepción del sueldo correspondiente a la misma, con independencia del puesto que se desempeñe ( art. 441 de la LOPJ ), lo que habilita al Ministerio de Justicia a...
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