ATS, 23 de Mayo de 2018
| Ponente | LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ |
| ECLI | ES:TS:2018:5173A |
| Número de Recurso | 1129/2018 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 23/05/2018
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 1129/2018
Materia: EDUCACION
Submateria: Becas y ayudas
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
Secretaría de Sala Destino: 004
Transcrito por: CBFDP
Nota:
R. CASACION núm.: 1129/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente
Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce
D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor
Dª. Ines Huerta Garicano
En Madrid, a 23 de mayo de 2018.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de la reclamación efectuada por parte de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA - Andalucía) a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a la liquidación total de la concesión de una subvención para la realización de un proyecto de acciones formativas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ( Sección Primera, sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia el 13 de noviembre de 2017, estimando el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2015 y reconociendo el derecho al pago de 48.108,76 euros más los intereses legales correspondientes.
Dicha sentencia, tras señalar que por el Servicio Andaluz de Empleo se concedió una subvención de 232.296,88 euros, ordenándose el abono en concepto de anticipo por el 75%, así como un segundo pago por el 25% a la presentación de la justificación correspondiente, declara que la beneficiaria tras la justificación de los gastos, solicitó la liquidación y pago por este último pago que asciende al 25%, lo que no obtuvo respuesta de la Administración, razonando después que:
(...) la actora ha dirigido su reclamación judicial contra la desestimación de una reclamación de liquidación de la subvención y su pago. La Administración nada ha opuesto, en sede administrativa, a dicha liquidación pues se ha limitado a denegarla por silencio. Y consta en el expediente tanto la concesión como la justificación del gasto. No hay razón jurídica, vista la orden de convocatoria y la propia ley de subvenciones para no abonar dicha ayuda, una vez que han transcurrido los plazos previstos y la beneficiaria ha justificado el gasto. No siendo de recibo que una vez que tiene conocimiento de la reclamación judicial se active el expediente requiriendo documentación consistente en la aportación de un informe
.
La Sala rechaza el argumento de que previo al pago debe existir una tarea de comprobación del cumplimiento de las condiciones por parte del destinatario de la subvención, toda vez que la potestad de comprobación subsiste en todo caso dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones . En este sentido, considera que no es aceptable que, amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación, se incumpla el plazo de resolución al que está obligada la Administración (que indica la sentencia que es de tres meses desde la reclamación, con lo que cabe considerar que la Sala de Sevilla está aplicando el previsto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ), para no pagar pese a estar obligada por la orden reguladora y por la resolución de concesión al pago y liquidación, cuando se justifique al menos el 25% -extremo, según señala la sentencia, no cuestionado por la Administración-. Entiende la Sala de instancia que esta última debió abonar la cantidad reclamada en el citado plazo de tres meses desde que se solicitó la liquidación y el pago, conforme al artículo 34 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y el artículo 88 de su Reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio ). Todo ello, entiende, sin perjuicio de la posibilidad de comprobación de las condiciones asumidas por el beneficiario ( artículo 32 de la Ley General de Subvenciones ) y de iniciar un procedimiento de minoración o reintegro en caso de incumplimiento.
Y concluye declarando que:
(...) acreditado el cumplimiento de las obligaciones que incumbían al beneficiario, y que la subvención fue concedida y debió ser abonada, procede ahora la condena al pago tal como se reclama
.
La Junta de Andalucía, Administración demandada en la instancia, ha preparado recurso de casación en el que, después de cumplir en debida forma las exigencias que impone el artículo 89.2 LJCA , afirma que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, invocando a tal fin lo siguiente:
En primer lugar, mantiene que «(...) la sentencia parte del error de considerar aplicable el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992 », cuando «(...) la presentación de una solicitud de liquidación y pago de una subvención previamente otorgada no puede considerarse como elemento iniciador de ningún procedimiento administrativo». Así, considera que la sentencia sienta una doctrina sobre el artículo 42 de la Ley 30/1992 , junto con el artículo 43 de la misma Ley , en relación con el artículo 32 de la Ley 38/2003 , que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales, al suponer «(...) una disposición indiscriminada de fondos públicos por parte de la Administración de la Junta de Andalucía con el solo transcurso de un tiempo de tres meses desde la presentación por los interesados de solicitudes de liquidación y pago de subvenciones correspondientes a procedimientos de concesión terminados, sin proceder a la labor previa de comprobación de la procedencia de la cantidad reclamada, remitiendo a una posterior comprobación y un posterior y eventual procedimiento de reintegro con las dificultades de recuperación de los fondos públicos por medio de tal procedimiento».
En segundo lugar, sostiene que la sentencia afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso, dado que «son numerosos los pleitos que, con el mismo objeto (...), se tramitan (...), habida cuenta del elevado número de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».
Por auto de 25 de enero de 2018, la Sala sentenciadora tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del expediente administrativo.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Presidente de la Sala.
Cumplidas las exigencias que impone el artículo 89.2 de la LJCA , la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, coincidiendo en ello con la parte recurrente, entiende que tienen interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia las cuestiones atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada, determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado.
Ello por las siguientes razones, coincidentes con las que expresamos en los autos de esta Sección de 2 de febrero de 2017 (recurso de casación nº 92/2016 ), 27 de febrero de 2017 (recurso de casación nº 336/2016 ), 3 de abril de 2017 (recurso de casación nº 452/2017 ), 28 de abril de 2017 (recurso de casación nº 557/2017 ), y 3 de mayo de 2017 (recursos de casación núms. 280/2016 y 63/2017 ), en los que se planteaba una cuestión sustancialmente idéntica a la que ahora abordamos:
-
Porque la sentencia sienta una doctrina sobre el artículo 42 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ) que pudiera ser gravemente dañosa para los intereses generales, al considerar que el mismo es de directa aplicación a las solicitudes de liquidación y pago de subvenciones, sin que se oponga a tal aplicación la potestad administrativa de comprobación de la adecuada justificación y cumplimiento de los fines por parte del destinatario de la subvención, concurriendo así la circunstancia prevista en el artículo 88.2.b) de la LJCA .
-
Porque aquella sentencia afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso, habida cuenta de que la institución de la subvención se utiliza con extrema frecuencia por las Administraciones Públicas, como parte de su actividad de fomento, razón por la cual cabe apreciar la circunstancia que prevé el artículo 88.2.c) de la LJCA .
Resulta necesario destacar que, la cuestión suscitada en el presente recurso de casación ha sido ya resuelta por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) del Tribunal Supremo, en sus sentencias de 6 de marzo de 2018, recurso de casación 557/2017 , y de 14 de marzo de 2018, recurso de casación 336/2016 , en las que se estima el recurso de casación deducido, al igual que en este caso, por la Junta de Andalucía, lo que justifica también la admisión del presente recurso de casación.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación de la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera, sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 13 de noviembre de 2017, en el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2015 .
Debemos precisar que las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia lo son las atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada, determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 de la LJCA , este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.
Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 1129/2018,
Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación de la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera, sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 13 de noviembre de 2017, en el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2015 .
Segundo.- Precisar, al igual que hicimos en los autos de esta Sección de 2; 27 de febrero ; 3 , 4 y 28 de abril ; y 3 de mayo de 2017 ( recursos 92/2016 ; 336/2016 ; 452/2017 ; 557/2017 ; 145/2016 ; y 63/2017 , respectivamente) que las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son las atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada, determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado.
Tercero.- Identificar como normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actual artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ), los artículos 32 , 34 y 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
Quinto.- Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.
Sexto.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.
Así lo acuerdan y firman.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano
