ATS 341/2018, 15 de Febrero de 2018
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2018:3112A |
| Número de Recurso | 10672/2017 |
| Procedimiento | Penal. Procedimiento abreviado y sumario |
| Número de Resolución | 341/2018 |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 341/2018
Fecha del auto: 15/02/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P)
Número del procedimiento: 10672/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 21ª)
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
Transcrito por: NCPJ/MAC
Nota:
RECURSO CASACION (P) núm.: 10672/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 341/2018
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Miguel Colmenero Menendez de Luarca
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Antonio del Moral Garcia
En Madrid, a 15 de febrero de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección vigesimoprimera ), se dictó sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 en los autos de procedimiento abreviado 111/2016 dimanantes de las diligencias previas 74/2016 del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Prat de Llobregat, por la que se condenó a Víctor como autor responsable de un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, de los artículos 368.1 y 369.1.5 del Código Penal , con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia a la pena de ocho años de prisión y multa de 246.345 euros, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como un tercio de las costas causadas.
Contra la sentencia anteriormente citada, Víctor , bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Cristina García Girbés formula recurso de casación alegando dos motivos. El primero, por insuficiencia de la prueba practicada.
El segundo, al amparo del artículo 849.1 LECrim , por entender que de conformidad con los artículos 368, 16 y 62 del Código Penal estaríamos ante un delito intentado.
Durante su tramitación, se dio traslado del escrito del recurso a las restantes partes personadas. En tal sentido, el Ministerio Fiscal formuló escrito de impugnación y solicitó la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal, ha sido designado ponente el Excelentísimo Señor Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
UNICO.- Como primer motivo, si bien no consta en el recurso el cauce utilizado, impugna la inexistencia de prueba de cargo suficiente.
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Alega que no existe prueba directa que acredite claramente el conocimiento que el recurrente tenía de la existencia de la sustancia ilícita en el interior del envío que portaba recambios de automóviles; y discute los indicios tenidos en cuenta por el Tribunal para justificar el sentido condenatorio de la resolución. A ello añade lo que denomina "contraindicios" que, a su entender, procedería apreciar para su absolución.
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Después de la entrada en vigor, en fecha 6 de diciembre de 2015, de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, el artículo 847.1º letra a).1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser interpretado en relación con el artículo 846 ter.1º del mismo texto legal , que, respectivamente, establecen los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y en primera instancia por las Audiencias Provinciales. Mientras en el primero se establece que contra la sentencia de apelación corresponde el recurso de casación, en el segundo se establece taxativamente que contra la sentencia dictada en primera instancia por las Audiencias Provinciales corresponde el recurso de apelación ante los Tribunales Superiores de Justicia.
En consecuencia el recurso de casación no se extiende a las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
Por otra parte, conviene recordar que, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional número 88/97, de 5 de mayo , aunque el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la concurrencia de algunas de las causas legalmente previstas al efecto, añadiendo la citada sentencia del Tribunal Constitucional, que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios.
El derecho al recurso está comprendido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución , pero siempre que se trate de recursos previstos en la Ley, pues no permite habilitar medios de impugnación al margen de lo regulado en las Leyes.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario, antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación.
La resolución impugnada refiere, en el relato de hechos probados, que los hechos objeto de enjuiciamiento se produjeron entre finales de 2015 y principios de 2016 y, asimismo, en los Antecedentes de Hecho se expresa que aquellos dieron lugar a las Diligencias Previas número 74/2016, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat incoadas el 26/01/2016. Por tanto, las referidas Diligencias Previas se incoaron con posterioridad a la entrada en vigor, en fecha 6 de diciembre de 2015, de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Es doctrina de esta Sala que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho al recurso sólo cuando éste se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico como garantía del justiciable, pero no en los casos en que la parte lo pretenda pese a estar excluido del régimen legal, como ocurre aquí de conformidad con lo dispuesto en el artículo 846 ter.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , según el cual, frente a la sentencia dictada en primera instancia por una Audiencia Provincial corresponde el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
En conclusión, falta el presupuesto de que la sentencia impugnada haya sido dictada en un procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación.
Procede, pues, inadmitir el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En consecuencia se ha de dictar la siguiente:
LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGARA LA ADMISIÓN del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 , dictada en el Rollo referenciado en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
