ATS, 10 de Enero de 2018
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2018:400A |
| Número de Recurso | 2282/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 10 de Enero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
A U T O
Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Fecha Auto: 10/01/2018
Recurso Num.: 2282/2017
Fallo/Acuerdo:
Procedencia: T.S.J. ANDALUCÍA SALA SOCIAL
Ponente Excma. Sra. Dª: Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Reproducido por: MTC/R
Recurso Num.: 2282/2017
Ponente Excma. Sra. Dª :Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
A U T O
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO SOCIAL
Excmos. Sres.:
D. Luis Fernando de Castro Fernandez, Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, D. Antonio V. Sempere Navarro
En la villa de Madrid, a diez de Enero de dos mil dieciocho.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga,
Por el Juzgado de lo Social N.º 10 de los de Málaga se dictó sentencia en fecha 21 de diciembre de 2016 , en el procedimiento n.º 776/2016 seguido a instancia de D.ª María Consuelo contra el Ayuntamiento de Estepona, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en fecha 19 de abril de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 31 de mayo de 2017, se formalizó por el letrado D. Francisco Javier Ortega Lozano en nombre y representación del Ayuntamiento de Estepona, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta sala, por providencia de 19 de octubre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Recurre el Ayuntamiento de Estepona la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de 19 de abril de 2017, R. 329/17 , que desestimó su recurso contra la sentencia de instancia que, con estimación de la demanda de la trabajadora, declaró que la extinción de su contrato por obra o servicio constituía un despido improcedente. La trabajadora demandante ha prestado servicios para el ayuntamiento demandado en virtud de diversos contratos para obra o servicio. El primero de ellos fue de 1 de diciembre de 2014 a 31 de mayo de 2015. El 19 de agosto de 2015 suscribe nuevo contrato en el que se hizo constar como obra o servicio " adecuación para la prestación efectiva del servicio de ayuda a domicilio " y como cláusula adicional " El presente contrato se celebra en virtud de Decreto de alcaldía de 13/08/2015 de conformidad con el Reglamento y Bases de selección para la formación de una Bolsa de Trabajo para la cobertura de necesidades temporales en el Ayuntamiento de Estepona según Decreto de Alcaldía de 09/05/2014 ". Este contrato tenía una duración prevista hasta el 18 de febrero de 2016. El 19 de febrero siguiente se suscribe una nueva prórroga de seis meses hasta el 18 de agosto del mismo año. En dicha fecha la trabajadora dejó de prestar servicios tras recibir comunicación de fin de contrato. Con fecha 3 de diciembre de 2007 se suscribió Convenio de colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Estepona. Y para la cobertura del servicio que asume la Corporación local sufragado con las subvenciones finalistas de la Consejería, se crea mediante Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 2014 Bolsa de Trabajo para la provisión de las plazas de auxiliar de ayuda domiciliaria. El Ayuntamiento cuenta con trabajadores indefinidos para realizar las mismas tareas que realiza la actora, que ha sido sustituida en el desarrollo de su actividad por otra trabajadora. En la argumentación jurídica se hace referencia a un elemento de hecho que es importante reflejar. Así en la base 8. 6 de la bolsa de empleo citada se establecía su carácter abierto y rotatorio y que "la persona que haya entrado a trabajar, una vez finalizado su contrato (acumulando durante la vigencia de la Bolsa de Empleo un periodo máximo de 12 meses) se reincorporará a la Bolsa de Empleo de su especialidad en la última posición del listado".
La sentencia de instancia, como se ha señalado, estima la pretensión de la trabajadora, declarando que la decisión de la Corporación local de poner fin a su relación de trabajo constituye despido improcedente, previa declaración de fraude en la contratación temporal. Sostiene, en esencia, que la causa consignada en el contrato no es propiamente una causa, pues no define una obra o servicio con autonomía y sustantividad dentro de la actividad de la empresa y que la prestación realizada por la trabajadora constituye una actividad permanente, habitual y ordinaria de la corporación. Por ello la relación es indefinida no fija y el cese improcedente. Recurrida en suplicación, la sentencia confirma la anterior, rechazando la denuncia de infracción del art 15 del Estatuto de los Trabajadores que sustentaba en que el contrato temporal obedeció a las subvenciones que recibe la Corporación Local empleadora de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en virtud de Convenio de Colaboración entre ambas administraciones, las cuales son presupuesto necesario para la realización del servicio objeto de la contratación. La sala de suplicación insiste en que la contratación de la trabajadora ha sido para atender necesidades permanentes de la corporación, como lo evidencia el hecho de que en el servicio de atención domiciliaria coexistiera personal indefinido con otro formalmente vinculado con contratos de duración determinada. Señala además que la extinción no lo fue por fin de obra o servicio, sino al mero cumplimiento de las bases de la bolsa, que imponían el carácter rotatorio de las contrataciones. A estas argumentaciones añade que la descripción de la obra objeto del contrato es genérica y dejó en la más absoluta indefinición el servicio en concreto que la trabajadora debía desempeñar, que la empleadora no ha acreditado que exista falta de consignación presupuestaria y que la facultad de organización propia del ayuntamiento en torno al personal a su servicio no puede desconocer el régimen legal de la contratación temporal.
Acude el Ayuntamiento de Estepona en casación para la unificación de doctrina, denunciando que conforme al art 61 del Estatuto de Autonomía Andaluz la competencia exclusiva en materia de servicios sociales corresponde a la Comunidad, que es la que financia el servicio, por lo que es valido el contrato vinculado a la subvención.
Invoca para sustentar la contradicción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 10 de julio de 2014, R. 934/14 , en la que, con estimación del recurso del Ayuntamiento de Estepona, revoca el fallo combatido y desestima la demanda por despido. En el caso la demandante ha venido prestando servicios para citada Corporación Local desde el 3 de marzo de 2008 y categoría de auxiliar administrativo, en virtud de contrato para obra o servicio determinado celebrado al amparo de subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona por la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía para la aplicación y desarrollo de la ley de dependencia, con fecha de finalización prevista para el 21 de diciembre de 2008. Por Acuerdos de la Consejería de fecha 31 de julio de 2007, 25 de enero de 2008, 12 de septiembre de 2009, 23 de noviembre de 2010 y 27 de diciembre de 2011 se distribuyeron los créditos para financiar la atención a las personas en situación de dependencia, proponiendo el Ayuntamiento la renovación de los contratos a cargo de las subvenciones para seguir prestando atención a las personas en situación de dependencia y apoyar as tareas de los servicios sociales comunitarios. Por acuerdo de 28 de diciembre de 2012 y en el marco de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, se decidió distribuir los créditos destinados a financiar la contratación de las personas que poseyendo la titulación de asistente social o diplomatura en trabajo social, atienden a las personas en situación de dependencia, continuando la actora prestando servicios. En virtud de carta de 19 de diciembre de 2012 se le comunica a la demandante que con efectos de 31 de diciembre de 2012 se extinguía la relación laboral con el Ayuntamiento. Sobre estos presupuestos de hecho la sala razona al respecto que tratándose de contrato por servicio determinado para realizar tareas comprendidas y al amparo de la subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona por la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía para la aplicación y desarrollo de la Ley de dependencia, y durante los periodos a los que se extendió tal convenio, y como por acuerdo de 28 de diciembre de 2012 y en marco de la Ley 3/2012 se decidió distribuir los créditos en los términos señalados, no incluyéndose a los auxiliares administrativos, y al estar condicionada a dicha subvención la realización de los trabajos objeto de contrato, concluye con la válida extinción del contrato temporal por causa válidamente consignada, a saber, el fin de los trabajos contratados.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015 ), 30 de marzo de 2017 (rcud 3212/2015 ), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015 ) y 5 de julio de 2017 (rcud 2734/2015 )]. La contradicción no surge, en consecuencia, de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (rcud 614/2015 ), 6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016 ) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015 )].
La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos de hecho y el alcance de los debates. En particular, es diferente el contenido de los contratos, lo que a su vez implica que en la recurrida se analice el posible fraude en la contratación temporal desde el punto de vista de la concreción de la causa en el contrato, mientras que en la de contraste se cuestiona la validez de la vinculación del contrato temporal a una subvención.
En efecto, en la sentencia recurrida, la trabajadora ostentaba la categoría de profesional de auxiliar de ayuda a domicilio. La sentencia tras considerar que puede ser aceptable, hacer depender la duración del vínculo laboral a la duración de un concierto, analiza el cumplimiento de los restantes requisitos del art 15 ET , en particular el relativo a la identificación de la obra o servicio. En el contrato suscrito se hizo constar como obra o servicio "Adecuación para la prestación efectiva del servicio de ayuda a domicilio" y como cláusula adicional "El presente contrato se celebra en virtud de Decreto de alcaldía de 13/08/2015 de conformidad con el Reglamento y Bases de selección para la formación de una Bolsa de Trabajo para la cobertura de necesidades temporales en el Ayuntamiento de Estepona según Decreto de Alcaldía de 09/05/2014". De este contenido deduce que la alusión al objeto del contrato es genérica, y que la obra no está identificada de forma clara y taxativa, sin que tampoco conste el servicio concreto en que el trabajador debía desempeñar sus funciones. A mayor abundamiento, señala que, en todo caso, la empleadora no ha acreditado que exista falta de consignación presupuestaria, por lo que no cabe considerar cumplido dicho requisito.
Sin embargo, en la sentencia de contraste, se trata de una trabajadora con la categoría de auxiliar administrativo. El contrato se celebró al amparo de la subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona por la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía para la aplicación y desarrollo de la Ley de dependencia y la contratación fue realizada exclusivamente para el apoyo de tareas administrativas de los servicios sociales comunitarios. En este supuesto el debate se centra en determinar la validez de la utilización del contrato para obra o servicio para realizar tareas al amparo de la subvención, sin que se discuta el resto de los requisitos exigidos por el art 15 del Estatuto de los Trabajadores . Cuestión a la que se da una respuesta positiva tras una profusa argumental. Consta que con ocasión del concierto suscrito el 22 de febrero de 2007 en el Ayuntamiento y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, aquél propuso la contratación de dos auxiliares administrativos para apoyar las tareas administrativas de los servicios sociales, y en sintonía con dicha decisión fue contratada la demandante haciendo expresa referencia que la contratación tenía como objeto "la aplicación y desarrollo de la ley de dependencia". La actora ha prestado servicios como auxiliar administrativo para apoyar tareas administrativas de los servicios sociales comunitarios. De aquí la sentencia infiere el carácter temporal de la prestación y no cuestionándose si ese servicio es o no de obligada prestación. Por otra parte, se decidió distribuir los créditos en los términos señalados, no incluyéndose a los auxiliares administrativos, y al estar condicionada a dicha subvención la realización de los trabajos objeto de contrato, se concluye con la válida extinción del contrato temporal por causa válidamente consignada, a saber, el fin de los trabajos contratados.
En su escrito de alegaciones la parte recurrente insiste en la contradicción entre las sentencias argumentando que la cuestión jurídica discutida en las sentencias comparadas es semejante: temporalidad de la contratación, en el ámbito del Servicio de ayuda a domicilio en la ley de Dependencia. Sin embargo, que el fondo de lo planteado sea el mismo no es suficiente, puesto que de la exposición que antecede se evidencia la falta de identidad entre los supuestos enjuiciados y por tanto la ausencia de contradicción.
De conformidad con lo establecido en los artículo s 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Francisco Javier Ortega Lozano, en nombre y representación del Ayuntamiento de Estepona, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de fecha 19 de abril de 2017, en el recurso de suplicación número 329/2017 , interpuesto por el Ayuntamiento de Estepona, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 10 de los de Málaga de fecha 21 de diciembre de 2016 , en el procedimiento n.º 776/2016 seguido a instancia de D.ª María Consuelo contra el Ayuntamiento de Estepona, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
