STSJ Murcia 462/2017, 14 de Julio de 2017
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Región de Murcia, sala Contencioso Administrativo |
| Fecha | 14 Julio 2017 |
| Número de resolución | 462/2017 |
T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD
MURCIA
SENTENCIA: 00462/2017
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
N56820
PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5, 3ª PLANTA
RGS
N.I.G: 30030 45 3 2015 0003302
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000076 /2017
Sobre: ADMINISTRACION LOCAL
De D./ña. VERDELENA SOCIEDAD ANONIMA VERDELENA SOCIEDAD ANONIMA
Representación D./Dª. JOSE MIRAS LOPEZ
Contra D./Dª. AYUNTAMIENTO DE ULEA AYUNTAMIENTO DE ULEA
Representación D./Dª. MARIA BELEN HERNANDEZ MORALES
ROLLO DE APELACIÓN núm. 76/2017
SENTENCIA núm. 462/2017
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
Compuesta por los Ilmos. Srs.:
D. Abel Sáez Doménech
Presidente
Dª. Leonor Alonso Díaz Marta
Dª. Ascensión Martín Sánchez
Magistradas
Ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº. 462/17
En Murcia, a catorce de julio de dos mil diecisiete.
En el rollo de apelación nº. 76/17 seguido por interposición de recurso de apelación contra Auto 50/2016, de 2 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 6 de Murcia, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo nº. 410/15, en cuantía inferior a 30.000 euros, en el que figuran como parte apelante VERDELENA, S.A., representada por el Procurador D. José Miras López y asistida por el Abogado D. Federico Rodríguez López y como parte apelada el Ayuntamiento de Ulea, representado por la Procuradora Dª. Belén Hernández Morales y defendido por el Abogado D. José Antonio Córdoba Pérez Sarmiento; sobre suspensión de las liquidaciones de IBI cuya rectificación y devolución se solicita; y siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Abel Sáez Doménech, quien expresa el parecer de la Sala.
ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 6 de Murcia, se admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 6 de julio de 2017.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 6 de Murcia dictó auto 50/2016, de 2 de marzo desestimando la suspensión de las liquidaciones de IBI cuya rectificación y devolución solicitada la actora. Señala al respecto después de hacer referencia a los requisitos que son exigibles para la adopción de dicha medida cautelar teniendo en cuenta que en el presente caso, se pide que se suspenda la ejecución de la liquidación del IBI del ejercicio 2015, sin que ello no obstante conste dato alguno que permita presumir, indiciariamente, que de no accederse a la suspensión la recurrente podría sufrir un daño o perjuicio grave e irreparable; desconociendo el importe de dicha liquidación y sin que pueda ponderar en qué medida la no suspensión perjudica a la recurrente; sin que exista circunstancia alguna que permita concluir que la pretensión de la recurrente está revestida de apariencia de legalidad.
La apelante fundamenta su recurso en las siguientes alegaciones:
1) Que recientemente se ha notificado a esta parte auto de fecha 2 de marzo de 2016, relativo a la medida cautelar que se tramita en sede del recurso contencioso- administrativo número 410/2015, interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ulea de 15 de julio de 2015, por la que se desestimó la solicitud de rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos indebidos de las liquidaciones practicadas por el citado Ayuntamiento por el concepto tributario Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI), con base en la trascendental sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2015, que declara que a efectos catastrales solo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo .
2) Que considerando esta resolución contraria a Derecho, dicho sea con todos los respetos, y en estrictos términos de defensa, esta parte interpone contra la misma en tiempo y forma, y de conformidad con los artículos 81 y siguientes de la Ley Jurisdiccional, RECURSO DE APELACIÓN, cuyo objeto se centra en determinar si resulta ajustado a Derecho el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia de fecha 2 de marzo de 2016, mediante el que se deniega la suspensión solicitada por esta parte. En dicho auto se decide desestimar la suspensión por cuanto supuestamente no consta dato alguno que permita presumir el daño o perjuicio grave, el importe de las liquidaciones de IBI o la apariencia de legalidad e la pretensión de la recurrente.
A los efectos de una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta parte debe hacer una breve introducción de los motivos que fundamentaron la solicitud de devolución de ingresos indebidos instada ante el Ayuntamiento de Ulea.
La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo (sección 2a) del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 2014, recaída en el recurso de casación en interés de ley 2362/2013, estableció en relación al IBI que:
Antes al contrario, hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entresuelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, aunque sectorizado, carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales solo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.
Dicha sentencia estableció un importante hito: con independencia de su clasificación a efectos catastrales, si un determinado inmueble no tiene la naturaleza urbana de suelo urbanizable sectorizado ordenado o suelo sectorizado no ordenado, debe considerarse, indefectiblemente, como un inmueble de naturaleza rústica a efectos catastrales, insistimos, con independencia de la calificación que le haya otorgado la Administración catastral.
A este respecto, cabe reseñar que el artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, TRLCI), establece que se entiende por suelo de naturaleza urbana:
-
Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.
Este precepto ha sido modificado recientemente, en virtud de la Ley 13/2015, de 24 de junio, que reforma la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario, y que ha quedado redactado de la siguiente forma:
Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 7, que queda redactada del siguiente modo: b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable .
Cierto es que esta modificación legislativa es posterior al devengo y liquidación de las liquidaciones de IBI que son objeto de este procedimiento, pero lo relevante de esta modificación es que se otorga naturaleza de norma legal a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de mayo de 2014, tal y como consta en la exposición de motivos de la citada Ley 13/2015, en cuyo apartado V se indica expresamente que Se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica .
Pues bien, mi representada constató que las liquidaciones de IBI que venía abonando por determinados inmuebles sitos en el término municipal de Ulea adolecían de un importante error, ya que si bien se venía satisfaciendo el IBI en su modalidad prevista para los bienes de naturaleza urbana, los mismos tienen naturaleza rústica a efectos catastrales, y ello porque el mismo no se encuentra desarrollado a efectos de la legislación urbanística.
En consecuencia, instó la rectificación de las liquidaciones y la devolución de los ingresos indebidos en escrito presentado ante la Gerencia Regional del Catastro de Murcia el día 27 de abril de 2015, remitido al Ayuntamiento de Ulea el día 30 de abril de 2015.
Si bien dicho escrito debe constar en el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Ulea al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Murcia, se aporta, como documento número 1, copia del escrito presentado.
Del examen del escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos podemos constatar los siguientes extremos:
(i) Que VERDELENA, S.A. es el titular catastral de las 88 fincas que se
identifican en la tabla resumen del Expositivo Primero (páginas 1 a 3);
(ii) Que durante los años 2009 a 2014 mi representada ha...
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