STSJ Comunidad de Madrid 895/2017, 25 de Octubre de 2017
| Ponente | JOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA |
| ECLI | ES:TSJM:2017:11100 |
| Número de Recurso | 175/2016 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 895/2017 |
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2016/0003904
Procedimiento Ordinario 175/2016
Demandante: RIBAFUERTE S.L.
PROCURADOR D./Dña. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SENTENCIA 895
RECURSO NÚM.: 175-2016
PROCURADOR D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLEN
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo
Dña. María Rosario Ornosa Fernández
Dña. María Antonia de la Peña Elías
Dña. Carmen Álvarez Theurer
----------------------------------------------- En la Villa de Madrid a 25 de octubre de 2017
Visto por la Sala del margen el recurso núm.175-2016 interpuesto por RIBAFUERTE, S.L. entidad representada por el procurador D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 18.12.2015 reclamación nº 28/26440/2014 y 27011/2014 interpuesta por el concepto de Impuesto de Sociedades habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la súplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.
Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.
No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 24/10/2017 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna.
Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 18 de diciembre de 2015, en la que acuerda desestimar las reclamaciones económico-administrativas números 28/26440/14 y 27011/14, interpuestas contra acuerdos desestimatorios de recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones tributarias practicadas por la Oficina Técnica de Inspección de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, derivadas de las actas suscritas en disconformidad 72349770 y 72349752, correspondientes al concepto tributario Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2007/08/09/10/11.
La entidad recurrente solicita en su demanda que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y deje sin efecto los actos administrativos de liquidación confirmados por la misma.
Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que de forma paralela se llevaron actuaciones de comprobación e investigación cerca de la entidad RIBAFUERTE, S.L por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008 a 2011 y del principal socio D. Segismundo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Como consecuencia de dicha inspección se regularizó el valor de mercado de los servicios prestados por el socio a la sociedad. La inspección consideró que no podía ser aplicable el régimen establecido en el artículo 16.6 del RIS por no disponer la entidad de medios personales distintos a los del propio socio. Como consecuencia de dicha regularización se incrementaron los rendimientos del trabajo del socio desde el 85% de los ingresos de la sociedad que se imputaban al socio profesional al 100% del beneficio obtenido por la sociedad profesional y se incrementaron los gastos en la sociedad por la nueva valoración de los rendimientos del trabajo. Consecuencia de la diferente valoración de los servicios prestados, ajuste primario, se incrementaron a su vez los ingresos de la sociedad como consecuencia de la aplicación del llamado ajuste secundario. Además, se regularizó, en una liquidación distinta a la anterior, el Impuesto sobre Sociedades por la existencia de determinados gastos que la inspección no consideró deducibles. Principalmente, la retribución satisfecha a uno de los dos administradores solidarios de la sociedad. Otros gastos también regularizados fueron un donativo a una fundación y parte de las amortizaciones del inmovilizado.
Entiende la demandante que la utilización de sociedades por profesionales para el desarrollo de sus actividades es algo lícito desde la perspectiva mercantil y que, por sí mismo, ya aporta un valor añadido, como la limitación de responsabilidad y el deslinde de los patrimonios personales y empresariales. La libertad de empresa incluye la libertad de decidir cómo se organiza esta actividad económica. Por tanto, la libertad de optar por ejercerla corno persona física o jurídica y, en suma, la libre decisión de crear sociedades que tengan
como objeto una actividad económica no presupone ilicitud alguna. No fue hasta la aprobación de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando se suprimió el régimen de transparencia fiscal para las sociedades que prestasen servicios profesionales. Por consiguiente, a partir de dicho momento no existió ya particularidad alguna en relación con la fiscalidad de tales entes, los cuales pasaron a tributar en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, resultando de aplicación el IRPF a las rentas obtenidas por sus socios. A su vez, esta reforma vino acompañada de un específico régimen de valoración para las operaciones vinculadas realizadas en el seno de entidades dedicadas a actividades profesionales, reduciéndose a esta única previsión la regulación tributaria de este tipo de sociedades. Más en concreto, el artículo 42.2 in fine de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Con posterioridad, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del fraude fiscal, vino a derogar esta última presunción de la normativa del Impuesto sobre Sociedades -la cual también desapareció de la dicción del artículo 41 de la Ley 35/2006 . La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades introduce algunas modificaciones al régimen anterior. No se limita únicamente a entidades de reducida dimensión y el importe de la retribución del socio profesional se reduce del 85% al 75% del resultado previo. El margen de mercado de la sociedad profesional pasa ahora al 25%. Que en el artículo 16.6 del RIS se establecían una serie de requisitos concretos que habrían de cumplirse cumulativamente para considerar que el valor convenido en la prestación del servicio coincidía con el valor de mercado.
Manifiesta que no está de acuerdo en sumar para fijar el 85%, además de los ingresos por la actividad profesional, los ingresos financieros obtenidos por la sociedad. La retribución del socio profesional no parece que sea razonable que dependa de otros conceptos distintos a lo facturado por la sociedad a terceras personas por los servicios profesionales prestados. En segundo lugar, la cantidad percibida por los administradores como rendimiento del trabajo no se tiene en cuenta ni como ingreso del trabajo, también percibido por el socio profesional o, en otro caso, dentro de los gastos de la sociedad que formen parte del resultado previo a la fijación del 85%. Que aunque el cálculo efectuado por la entidad fue más conservador que el recogido en el recurso de reposición, pues no tuvo en cuenta la cuota del IS, en relación con este concepto, tampoco parece razonable que se utilice la que resulta de la liquidación fijada por el actuario, pues ésta no pudo ser conocida por la sociedad cuando cada año fijaba la retribución del socio profesional. En contra de lo afirmado en el recurso de reposición, en todos los años se alcanza la cifra del 85%. Si se incluyera la cuota del IS la cifra sería superior.
La Administración negó la aplicación de la regla del artículo 16.6 del RIS por cuanto la sociedad carecería de medios personales distintos a los del socio por lo que, en conclusión, considera que el precio de la operación vinculada es el 100% del beneficio de la sociedad.
Considera la recurrente que la forma de determinar el valor de mercado, sobre la base de lo que llama comparable interno, no puede ser adecuado, si se atiende a la finalidad del régimen de operaciones vinculadas. La Administración debería haber buscado, si consideraba no aplicable la regla del artículo 16.6 del RIS, cuál es el salario de un profesional de ese nivel en una entidad independiente y considerar que esa debe ser la retribución percibida, en caso de que no sea lo que haya fijado el socio y la sociedad.
Alega, en relación con el ajuste secundario, que el importe del ajuste primario se presume que se aporta por el socio al patrimonio neto de la sociedad y que esta aportación no es reintegrable. De acuerdo con esta doble presunción una parte sería ingreso para la sociedad, vía liberalidad. En concreto por la parte en la que el socio profesional no es socio, un 64,98%. Las consecuencias de la aplicación del valor normal de mercado en las operaciones vinculadas a efectos fiscales van más allá de la correcta...
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