STSJ Castilla y León 168/2017, 11 de Octubre de 2017
| Ponente | VALENTIN JESUS VARONA GUTIERREZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2017:3845 |
| Número de Recurso | 217/2016 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 168/2017 |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON SALA CON/AD S-2
BURGOS
SENTENCIA: 00168/2017
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS
SECCIÓN 2ª
Presidente/aAcctal. Ilmo. Sr. D. Valentín Varona Gutiérrez
Sentencia Nº: 168/2017
Fecha Sentencia : 11/10/2017
TRIBUTARIA
Recurso Nº : 217 / 2016
Ponente D. Valentín Varona Gutiérrez
Letrado de la Administración de Justicia: Sr. Ferrero Pastrana
SENTENCIA Nº. 168/2017
Ilmos. Sres.:
D. Valentín Varona Gutiérrez
D. José Matías Alonso Millán
Dª. M. Begoña González García
En la Ciudad de Burgos a once de octubre de dos mil diecisiete.
En el recurso contencioso administrativo número 217/2016 interpuesto por Doña Cristina representada por la Procuradora Doña Amelia Alonso García y defendida por el Letrado Don José Díaz López, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León Sala de Burgos de 30 de septiembre de 2016, por la que se desestima la Reclamación Económico Administrativa seguida con el nº NUM000, y se estima la que se acumuló, seguida con el nº NUM001, interpuestas, la primera, contra el acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Burgos, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que aprueba liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010, en el que se determina una cantidad a ingresar de 2.796,55 euros de los cuales 2.319,76 corresponden a cuota y 476,79 a intereses de demora; y la segunda contra el acuerdo del mismo órgano, de 16 de diciembre de 2015, que resuelve expediente sancionador, derivado de la anterior liquidación, imponiendo
una sanción por importe de 150 euros; habiendo comparecido como parte demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación y defensa que por ley ostenta.
Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 21 de diciembre de 2016
Admitido a trámite el recurso se dio al mismo la publicidad legal, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 6 de abril de 2017, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que, se declaren nulas y contrarias a derecho las resoluciones impugnadas, consistentes en Resolución con Liquidación Provisional emitida por la Agencia Tributaria (Delegación de Burgos), dictada con motivo de la revisión del IRPF correspondiente al año 2010, dictada en el expediente nº NUM002, así como la Resolución resolviendo la Reclamación Económico-Administrativa Nº Referencia: NUM000 (IRPF 2010), y acumulada NUM001 (sanción), dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-León, notificadas el 21.10.2016, condenando a dicha administración a estar y pasar por dicho pronunciamiento, debiendo reintegrar al recurrente las cantidades indebidamente abonadas que asciende al total de 2.796,55.-€, más intereses legales, y con expresa condena en costas a la administración demandada.
Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada que contestó a la demanda a medio de escrito de 23 de mayo de 2017 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo en base a los fundamentos jurídicos que aduce.
Una vez dictado Decreto de fijación de cuantía, y habiéndose denegado el recibimiento del pleito a prueba, quedaron los autos conclusos para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 28 de septiembre de 2017 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León Sala de Burgos de 30 de septiembre de 2016, por la que se desestima la Reclamación Económico Administrativa seguida con el nº NUM000, y se estima la que se acumuló, seguida con el nº NUM001, interpuestas, la primera, contra el acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Burgos, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que aprueba liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010, en el que se determina una cantidad a ingresar de 2.796,55 euros de los cuales 2.319,76 corresponden a cuota y 476,79 a intereses de demora; y la segunda contra el acuerdo del mismo órgano, de 16 de diciembre de 2015, que resuelve expediente sancionador derivado de la anterior liquidación por importe de 150 euros.
Funda la parte actora sus pretensiones alegando en primer lugar prescripción del derecho de la administración a comprobar y liquidar la declaración del IRPF del ejercicio de 2010, por haberse efectuado el requerimiento de información con fecha 17 de julio de 2015, es decir, pasados los cuatro años que fija el art. 66 de la LGT .
Que la pensión recibida de la Seguridad social Alemana es una pensión pública que no debe tributar en España en virtud de las previsiones del Convenio Hispano Alemán de 1968, para evitar la doble imposición.
Que es erróneo considerar que la calificación de la pensión como pública depende de que el trabajo que la originó fuese un empleo público o privado, siendo erróneo efectuar dicha diferenciación, cuando de la interpretación del art. 19 del convenio no resulta lo mismo, por referirse simplemente a empleo anterior.
Critica el criterio del TEAR de diferenciar, según sean fondos públicos o privados, los que se aportan para poder pagar las pensiones, apoyándose para ello en las previsiones del propio convenio, que para las definiciones no contenidas en el mismo, se remite a la legislación del propio estado contratante, relativa a los impuestos que son objeto del convenio, por lo que hemos de remitirnos al art. 46 de la Ley General de la Seguridad Social
y tener en cuenta el criterio del Tribunal Supremo a la hora de calificar la pensión como pública, si se paga con fondos públicos, que es lo que resulta en este caso. Pone así mismo de manifiesto lo que considera similitud del derecho social alemán, con el español, de cara a calificar como públicas o privadas las pensiones que se abonan.
Que la interpretación que hace la Agencia Tributaria diferenciado entre lugar origen de la prestación y residencia del perceptor, contraviene tanto el Convenio Hispano Alemán, dando un trato discriminatorio de los trabajadores, que han ejercido el derecho a la libre circulación, previsto en el tratado de la Unión Europea, por lo que sugiere el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
Que existen distintos criterios según Salas de TSJ e incluso dentro de la propia administración.
Por último efectúa alegaciones sobre la improcedencia de la sanción, aunque se reconoce que la resolución sancionadora fue anulada por el TEAR.
A dicho recurso y las pretensiones en él formuladas se opone la Administración demandada, tras efectuar una relación de los distintos trámites y considerar aplicable al caso el Convenio Hispano Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, rechazando que concurra la prescripción alegada, y sosteniendo la ausencia de la exención con base en el convenio que pretende la recurrente, por exigir el mismo para la exención, que las pensiones percibidas en consideración al empleo anterior, sean abonadas con cargo a fondos creados por una Entidad Pública, siendo necesaria pues su dotación pública.
Y que tratándose de una exención, corresponde al demandante acreditare la concurrencia de los presupuestos necesarios para la exención, sin que lo haya hecho.
Trae a colación precisamente el criterio mantenido con reiteración por la Sala de Valladolid, citando el fundamento de derecho tercero de la sentencia de 25 de noviembre de 2016 dictada en el recurso 949/2015, que concluye que mientras no se pruebe la dotación publica de las pensiones no procede la exención solicitada por la parte actora.
Rechaza que sea obligatorio plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ser la sentencia que se pueda dictar susceptible de recurso de casación, y no guardar relación con el presente asunto los puntos que se plantean.
El análisis de las cuestiones planteadas exige especificar los hechos que resultan acreditados en el expediente y en este sentido tenemos que con fecha 18 de mayo de 2011 la recurrente presento autoliquidación del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas del ejercicio 2010, con un resultado a devolver de 415.67 euros.
Ello tras declarar unos ingresos por...
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