STSJ Cataluña 2869/2017, 8 de Mayo de 2017
| Ponente | MIQUEL ANGEL FALGUERA BARO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2017:4421 |
| Número de Recurso | 1534/2017 |
| Procedimiento | Recurso de suplicación |
| Número de Resolución | 2869/2017 |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 43148 - 44 - 4 - 2015 - 8028781
JCCS
Recurso de Suplicación: 1534/2017
ILMO. SR. AMADOR GARCÍA ROS
ILMO. SR. FELIX V. AZÓN VILAS
ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ
En Barcelona a 8 de mayo de 2017
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 2869/2017
En el recurso de suplicación interpuesto por D. Sergio frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Tarragona de fecha 1 de diciembre de 2016, dictada en el procedimiento nº 613/2015 y siendo recurrido el Fondo de Garantia Salarial (Tarragona), ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.
Con fecha 8 de julio de 2015 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre FOGASA, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2016 que contenía el siguiente Fallo:
"Que desestimando la demanda formulada por D. Sergio frente a FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, por reclamación de cantidad, debò absolver y absuelvo al demandado de las peticiones en su contra formuladas, confirmando la resolución impugnada".
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
" 1º.- El actor D. Sergio, con NIE nº NUM000, prestó servicios para la empresa Santana Ayala, S.L. con una antigüedad de 17.5.2001, dictándose sentencia en fecha 13.12.2012 por el Juzgado de lo Social de Refuerzo de esta ciudad, por la que se declaraba la extinción de la relación laboral y se condenaba a la empresa a abonar al actor la cantidad de 3.128,39.- € en concepto de indemnización y 17.787,59.- € en concepto de salarios adeudados más el 10% de interés por mora.
-
- Tras declararse la insolvencia de la empresa, en fecha 29.7.2014 solicitó las prestaciones al Fondo de Garantía Salarial dictándose resolución en fecha 2.12.2014 por la que se le reconocían 3.128,39.- € en concepto de indemnización y 5.694,00.- € en concepto de salarios de tramitación, siendo el salario módulo de 47,45.-€ diarios.
-
- Esta resolución fue notificada a la parte actora el día 15.12.2014, interponiéndose la demanda el día
8.7.2015".
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado, constando presentado escrito de impugnación del citado recurso, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
ÚNICO.- Denuncia el demandante por la vía de la letra c) del art. 193 LRJS la infracción del art. 43.1 de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 28.7 RD 505/1985, del art. 33.1 ET y de la jurisprudencia que se cita. La tesis del recurso, sucintamente resumida por la Sala, pasa por la consideración que en tanto que la resolución denegatoria de la prestación se dictó una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud y operando, por tanto, la fictio iuris del silencio positivo, aquella es nula de pleno derecho, debiendo tener derecho a la cantidad íntegra reconocida judicialmente.
Este Tribunal en relación con la eficacia del silencio administrativo positivo aplicado al específico ámbito de las consecuencias que nacen de las relaciones de trabajo, ha dictado diversas sentencias, aunque como más adelante se expondrá, no todas con el mismo resultado. Con la intención de superar dicha falta de uniformidad en supuestos prácticamente iguales, se decidió abocar la resolución de este recurso de suplicación a la consideración del conjunto de los componentes que formamos la Sala de lo Social de este Tribunal.
Los criterios de la Sala, como suele ser habitual en supuestos con una gran carga interpretativa, no solo fueron variados, sino que además fueron dispares. A pesar de ello, podemos clasificarlos en función de las decisiones tomadas, en dos grandes grupos:
-En el primero estarían todas aquellas sentencias que desestiman las demandas presentadas por los trabajadores frente al Fogasa cuando tras agotarse el plazo de los tres meses que legalmente tenía para resolver la solicitud de reclamación de la prestación, no lo hizo, aunque, eso sí más tarde, y de forma expresa reconociera el derecho de los solicitantes a percibirla dentro de los límites legales que imponen los artículos 33, 1 y 2 del TRLET . La estimación de su solicitud acotada a esos límites cuantitativos no fue de su agrado por lo que frente a esa decisión instaron las correspondientes demandas reclamando el abono de la suma total del crédito que tenían reconocida contra el que fuera su empleador en aplicación de la regla general del silencio administrativo positivo ( en adelante nos referiremos como silencio positivo ). En este apartado, aunque su número es más reducido, también debemos incluirse aquellas otras sentencias desestimatorias que consideran que quien no posee título habilitante para solicitar la prestación, no tiene derecho alguno a percibir la prestación que reclama a pesar del juego de la institución del silencio positivo ( sentencias de 20.09.2016, rec. 3574/16 ; 16.09.2016 (rec. 3344/16 ); 18.07.2016, rec. 3460/16 ; 10.6.16, rec. 2296/16 ); 10.06.2016, rec. 2750/16 13.06.2016, rec. 1834/16 ; 27.09.2016, rec. 3585/16 ; y de 20.09.2106, rec. 3573/16, entre otras.)
-El segundo grupo, comprendería todas aquellas otras sentencias (como las de 26.1.2016, rec. 5315/15 ;
22.1.2016, rec. 5806/16 ; 19.10.09.2016, rec. 3321/16 ; 15.09.16, rec. 3516/16 ; 12.09.2016, rec. 3345/16 ;
6.7.2016, rec. 2440/16, 28.1.16, rec. 6469/15, entre otras) que aplican la doctrina administrativista del silencio positivo, y, por ende, no solo les conceden a los solicitantes la prestación reclamada sin límite alguno, sino que ni siquiera entran a valorar si tienen o no el título habilitante ( art. 277 LRJS ) sin el cual no podrían recibirla. No, conviene olvidar, que no es título habilitante el acto ficticio que crea el silencio por la falta de resolución expresa una vez que se ha superado el plazo que la ley concede para dictarla. De la lectura de dichas sentencias se puede apreciar que la decisión que la soporta descansa en que conciben el silencio administrativo positivo como una regla general de la que nace el acto administrativo ficticio/presunto, a partir del cual, queda obligado el Fogasa a dictar un acto posterior expreso y confirmatorio, y, si este es nulo de pleno derecho por incurrir en los supuestos que regula el art. art. 62.1.f) de la Ley 30/92 o 47.1.f) de la Ley 39/2015, más tarde podrá
revisarlos por el procedimiento que describe el art. 102, de la Ley 30/1992, o en su caso del art. 106 de la Ley 39/2015 (vigente), si fuera este de aplicación.
Frente a estas dispares interpretaciones sobre el alcance de la institución del silencio positivo, la Sala en Pleno celebrado el pasado 19 de abril, ha sentado los siguientes criterios:
-
) Si el actor tiene título habilitante suficiente, entendiendo por título, aquel que le habilita para percibir la prestación, y sin la cual no podría percibirla, al margen de que el Fogasa cumpla o no con el plazo de tres meses para resolver la solicitud, el silencio positivo, no puede otorgar a quien se le ha reconocido un derecho "ope legis" más de lo que hubiere percibido si su solicitud se hubiese resuelto dentro de dicho plazo.
-
) Si el actor de forma absoluta carece de título habilitante, el silencio administrativo nunca le podrá otorgar ningún derecho. En este punto, se deben hacer dos matizaciones:
-a. -si el Fogasa ha rechazado mediante acto expreso la solicitud del trabajador alegando la prescripción de su derecho, en este caso, el efecto del silencio positivo no puede verse alterado y el Tribunal, deberá estimar la demanda, con respeto absoluto de los límites cuantitativos que impone el art. 33 del TRLET . La razón no es otra que el actor que tiene título, tiene igualmente el derecho a disfrutar de las consecuencias que le ofrece la institución del silencio positivo.
-b. -la otra, no se otorgará ningún valor al silencio positivo, en el caso de que la petición se hiciera en fraude de ley, si claro está, el Fondo acredita en el juicio que el solicitante ha actuado en fraude a la ley.
La Sala, en relación al objeto de esta ponencia, a los criterios que nos preceden, y teniendo en cuenta lo que a continuación se expondrá, ha decidido que el silencio positivo no puede otorgar al solicitante más de lo que le hubiere correspondido si el Fogasa hubiese resuelto su expediente en tiempo y forma. Por tanto, el silencio positivo para quien acredita tener el correspondiente título habilitante no le otorga otros derechos que los que recoge el art. 33.1 y 2 del TRLET y, en consecuencia, la Sala desestimará...
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STS 513/2018, 11 de Mayo de 2018
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