STSJ Comunidad de Madrid 475/2017, 15 de Septiembre de 2017
| Ponente | CARLOS DAMIAN VIEITES PEREZ |
| ECLI | ES:TSJM:2017:9444 |
| Número de Recurso | 497/2016 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 475/2017 |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
C/ General Castaños, 1, Planta Baja - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2016/0019793
Procedimiento Ordinario 497/2016
Demandante: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO RIVAS VACIAMADRID
PROCURADOR Dña. MARIA LOURDES AMASIO DIAZ
Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
COMUNIDAD DE MADRID
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
Ponente El Presidente de la Sección Magistrado Ilmo. Sr. D. CARLOS VIEITES PEREZ.
SENTENCIA Nº475 /2017
Presidente:
D. CARLOS VIEITES PEREZ
Magistrados:
D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ
Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ
Dña. LAURA TAMAMES PRIETO CASTRO
D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU
En Madrid, a quince de septiembre de dos mil diecisiete.
Visto por la Sala el Procedimiento Ordinario nº 497/2016, interpuesto por la representación procesal de la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO RIVAS VACIAMADRID,S.A. UNIPERSONAL contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha de 31 de mayo de 2016 que desestimo la reclamación nº 28/10899/2014 interpuesta contra la resolución de 15/01/2014 de la Subdirectora General de la Inspección de Tributos Inspectora Jefe, que a su vez desestimó el recurso de reposición formulado frente a su anterior Resolución de 16 de octubre de 2013, por la que se liquidó una
deuda tributaria en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados por cuantía de 60.911,29 euros.
Habiendo sido parte demandada la Administración del Estado, representada por la Abogacía del Estado y como codemandada la Comunidad de Madrid, representada y asistida por sus servicios jurídicos.
Interpuesto el recurso y recibido el expediente administrativo, fue emplazada la parte recurrente para que dedujera demanda, lo que llevo a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los Fundamentos de Hecho y de Derecho que considero pertinentes, terminó solicitando la estimación del recurso. Con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
La representación procesal de la parte demandada y codemandada contestaron a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los Hechos y Fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del presente recurso.
No se recibió el pleito a prueba, con el resultado que obra en autos y se dio traslado para conclusiones sucesivamente a las distintas partes, quienes las evacuaron en sendos escritos, en los que reiteraron sus respectivos pedimentos.
Con fecha 14 de septiembre del año en curso se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Pte. de la Sección. Magistrado Ilmo. Sr. D. CARLOS VIEITES PEREZ, que expresa el parecer de la Sala.
Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 31 de mayo de 2016, que desestimó la reclamación nº 28/10899/2014 interpuesta contra la resolución de 15 de enero de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de Tributos-Inspectora Jefe, que a su vez desestimó el recurso de reposición formulado frente a su anterior Resolución de 16 de octubre de 2013, por la que se liquidó una deuda tributaria en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por cuantía de 60.911,29 euros.
La resolución recurrida considera que no le es aplicable la exención prevista en el artículo 45.I.B 12 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de Septiembre, en la versión vigente a 4 de julio de 2006. En concreto señala que según consta en la Cédula de Calificación Definitiva, se trata de 330 Viviendas con Protección Pública, construidas en Rivas-Vaciamadrid al amparo del Decreto 11/2005, de la Comunidad de Madrid, por lo que para determinar si resulta aplicable la mencionada exención habrá que analizar si los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes no exceden de los establecidos en la norma estatal para las viviendas de protección oficial, considerando la Inspección que de los citados parámetros no se cumple el de superficie máxima protegible. Al respecto, en el ámbito estatal, tanto el Real-Decreto-Ley 31/1978 como el Real Decreto 3148/78, que lo desarrolla, establecen como requisito de las viviendas de protección oficial que tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, requisito que a su vez viene recogido posteriormente en el Real Decreto 2066/08. Sin embargo, en el presente caso, algunas de las viviendas construidas tienen más de 90 metros cuadrados de superficie útil, y superarían el parámetro de superficie máxima, de forma que a la parte del valor de la obra nueva y de la división horizontal correspondiente a las citadas viviendas no les sería aplicable la exención. Así, a la vista de la Cédula de Calificación Definitiva, de un total de 28.131,72 m2 útiles que tiene el conjunto de viviendas, 3.183,82 m2 corresponden a las que tienen una superficie útil superior a 90 m2, y que representa el 11,317544796 % del total, por lo que teniendo en cuenta dicha proporción, la base imponible no exenta será de 2.264.091,20 euros para la obra nueva, y 2.730.880,01 euros para la división horizontal, cifras coincidentes con las calculadas por la Inspección, cuya actuación, por tanto, resulta procedente y ajustada a derecho.
En la demanda se sostiene, en esencia, que no se da el hecho imponible porque ni la declaración de obra nueva ni la división horizontal entran en el supuesto del artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que alude a actos o contratos como supuestos que modifican facultades del dominio o de cualquier derecho real; y en este caso, no suponen una transmisión (mutación) en sentido amplio, ni su objeto es cantidad o cosa valuable. Añade que como manifiesta la propia resolución
de la Inspección y que secunda el TEAR de Madrid, de la promoción por la que se solicitó el beneficio fiscal de viviendas de protección pública, la promoción comprendía 204 viviendas, y de las que eran mayores a los 90 metros cuadrados, que eran ocho viviendas y que estaban destinadas a familias numerosas (y que tienen la letra F en la calificación definitiva, véase la página 417 del expediente administrativo), tienen que excluirse del cómputo (que son 8 viviendas).
Esta parte entiende, entonces, que no se puede denegar el beneficio por esas 8 viviendas, y todo ello por aplicación del principio de proporcionalidad, y porque así viene contemplado por la legislación de viviendas de protección oficial, cuando establece ( artículo 11.4 del RD 801/2005 : Las superficies útiles máximas de las viviendas ..... no puede exceder de la siguiente extensión : ......... b) De 120 metros cuadrados, cuando se
trate de familias numerosas .......).
La controversia objeto del presente recurso gira en torno a la tributación por ITPAJD, modalidad de Actos Jurídicos Documentados, de las declaraciones de obra nueva y divisiones horizontales.
A este respecto, realiza la actora en el Fundamento de Derecho Segundo de su demanda una extensa disquisición sobre la naturaleza de tales actos y si, en atención a aquélla y al hecho de que los mismos no modifican ni amplian, a su entender, el contenido de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, no pueden estar sujetos a tributación.
A la anterior argumentación se opone, sin embargo, el tenor literal de la normativa aplicable, que es muy clara sujetando a tributación tanto las declaraciones de obra nueva como los supuestos de división horizontal formalizados en escritura pública, como sucede en el caso que nos ocupa.
Así, el artículo 27.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITP) declara sujetos a gravamen " los documentos notariales". Y el artículo 28 siguiente considera como hecho imponible "las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 31".
Por si la subsunción en el anterior supuesto general dejase lugar a cualquier género de duda al respecto, ésta queda definitivamente resuelta a la vista del artículo 70.1 y 2 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, RITP), en el que se contemplan una serie de normas especiales para la determinación de la base imponible por AJD, que incluyen el supuesto de autos :
"1. La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva estará constituida por el valor real de coste de la obra nueva que se declare.
-
En la base imponible de las escrituras de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal se incluirá tanto el valor real de coste de la obra nueva como el valor real del terreno.
Adicionalmente, la tributación por AJD tanto de las declaraciones de obra nueva como de divisiones horizontales es una cuestión pacífica que viene siendo unánimemente admitida por distintos órganos jurisdiccionales. Baste citar a estos efectos las sentencias de esta Sala de 23 de enero de 2014 (rec. 1225/2010 ) y de 26 de noviembre de 2013 (rec. 523/2010 ); y ocho de junio de 2017, de esta...
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