STSJ Comunidad de Madrid 321/2017, 8 de Mayo de 2017
| ECLI | ES:TSJM:2017:5321 |
| Número de Recurso | 945/2016 |
| Procedimiento | Recurso de Apelación |
| Número de Resolución | 321/2017 |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33010280
NIG: 28.079.00.3-2015/0023432
ROLLO DE APELACION Nº 945/2.016
SENTENCIA Nº321/2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
En la Villa de Madrid a ocho de mayo de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Rollo de Apelación número 945 de 2016 dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 484 de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Madrid en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Administración del Estado (Delegación del Gobierno en Madrid) asistida y representada por el Abogado del Estado contra la Sentencia dictada en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelado Joaquín, representado por el Procurador don Domingo Lago Pato y asistido por la Letrada doña Amparo Rodríguez Recio.
El día 25 de abril de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Madrid en el procedimiento abreviado número 484 de 2015 dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: « Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente D. Joaquín, representado y
asistido por el Letrado Dª AMPARO RODRÍGUEZ RECIO, contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, representada y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO, debo anular y anulo, por contraria a derecho, la resolución dictada por la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID en 14 de octubre de 2015 acordando la expulsión del territorio nacional del interesado; sin hacer expresa condena en las costas.- Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de Apelación en el término de quince desde el siguiente a su notificación, previa la constitución de un depósito, por importe de 50 euros, que es la cuantía que se señala en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., conforme a la redacción introducida por la L.O. 1/2009 de tres de noviembre, que deberá consignarse en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este juzgado, 0030 2798 0000 74 0000 00, correspondiendo los dos últimos dígitos al año del procedimiento, y los cuatro anteriores al número del mismo. Hágase constar el código relativo al tipo de recurso.»
Por escrito presentado el 23 de mayo de 2016 el el Abogado del Estado en nombre y representación la Delegación del Gobierno en Madrid, interpuso recurso de apelación contra la citada resolución formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando que en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia en que dicte sentencia por la que, estimando el recurso de apelación interpuesto, revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, dicte otra que desestime íntegramente la demanda, confirmando la resolución administrativa impugnada.
Mediante diligencia de ordenación de 25 de mayo de 2016 se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por la Letrada doña Amparo Rodríguez Recio en nombre y representación de Joaquín escrito el día 1 de Julio de 2.016 se opuso al mismo y solicitó su desestimación y la confirmación de la Resolución recurrida.
Por diligencia de ordenación de fecha 1 de Julio de 2.016 se admitió a trámite el recurso y se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez, señalándose el día 27 de abril de 2017 a las 10:00 horas de su mañana para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación, al no estimarse preciso por la sala ni el recibimiento a prueba ni el trámite de conclusiones.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998.
Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de Octubre de 1.998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia - Sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Así pues, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril y 14 de junio de 1991, indican que el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso ". Sin embargo el incumplimiento de dichos requisitos no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación sino de desestimación
La sentencia apelada estimó el recurso contencioso-administrativo indicando que antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberán tomarse en consideración determinadas circunstancias; y visto cómo, el afectado por esta resolución, al tiempo en que se inició el
expediente sancionador, estaba en posesión de una autorización de residencia de larga duración, como así se justifica con una copia que de la misma se acompañó al expediente, bien puede decirse que la decisión de acordar su expulsión del territorio nacional no se acomodó a aquellas previsiones de la ley; ya que más allá de hacer referencia a la titularidad de esa autorización de larga duración, es lo cierto que únicamente se expresa que tal circunstancia no es óbice para ello, dada la naturaleza y gravedad del delito cometido; cuando, como se expresa en la normativa de aplicación, esa sola circunstancia del antecedente penal no puede resultar determinante a la...
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