ATS 1726/2009, 16 de Julio de 2009

PonenteFRANCISCO MONTERDE FERRER
ECLIES:TS:2009:10353A
Número de Recurso1857/2008
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución1726/2009
Fecha de Resolución16 de Julio de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil nueve

HECHOS

PRIMERO

Por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Sexta-con sede en Ceuta) se dictó

sentencia con fecha 22 de Julio de 2008 en autos con referencia de rollo de Sala-procedimiento abreviado nº 189/2007, tramitados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ceuta como diligencias previas nº 1430/2007, en la que se condenaba a Ana como autora de un delito consumado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros concurriendo ánimo de lucro, a las penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo plazo.

Se condenó a Eugenia como autora de un delito consumado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros concurriendo ánimo de lucro, a las penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo plazo.

Se condenó a Julia como autora de un delito consumado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros concurriendo ánimo de lucro, a las penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo plazo.

Se ordenó el comiso del vehículo marca Renault, modelo Clio, matrícula ....-RPC .

Se condenó a Ana , a Eugenia y a Julia a abonar 1/3 de las costas procesales del procedimiento cada una.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por la Procuradora de los Tribunales Sra. Dª. Irene Gutiérrez Carrillo, actuando en representación de Ana , con base en tres motivos: indebida aplicación del art. 318 bis 1 y 3 del CP , error en la apreciación de la prueba y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

También presentó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Sr. D. Alfonso Blanco Fernández, en representación de Eugenia y Julia , con base en dos motivos: por infracción del art. 318 bis 3 del CP . y por infracción del art. 318 bis 3 del CP .

TERCERO

Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del recurso.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer.

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

RECURSO DE Ana

PRIMERO

La representación procesal de la recurrente formula el primer motivo de su recurso al amparo del art. 849.1 de la LECrim por indebida aplicación del art. 318 bis 1 y 3 del CP .

  1. Viene a alegar la recurrente que no cabe incluir la actuación de la acusada en el tipo básico del art.

    318 bis ni en el subtipo agravado, puesto que por los hechos y circunstancias expuestos durante el proceso de instancia la acusada no debía de conocer la situación irregular del inmigrante, aspecto que no consta como hecho probado; igual argumento se emplea para considerar la debida aplicación del subtipo agravado de ánimo de lucro -sic-.

  2. La naturaleza del motivo obliga a partir de los estrictos términos del relato probatorio (STS 13-4-04

    ).

  3. Y en el de autos el Tribunal de instancia relata cómo las tres acusadas circulaban en el vehículo, propiedad de la recurrente y conducido por ella, por el puerto de Ceuta al objeto de acceder a uno de los transbordadores de la línea regular que une dicha ciudad con la de Algeciras cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaban el control previo al embarque detectaron que viajaba oculto en el suelo de los asientos traseros ocupados por una de las tres acusadas y una cuarta persona no enjuiciada -menor-, cubierto por algunos objetos, una persona extranjera que carecía de cualquier autorización o documentación para acceder a la península como era el objetivo de las acusadas, conducta que fue llevada a cabo por ellas a cambio de una cantidad de dinero indeterminada o de alguna otra contraprestación valorable económicamente.

    Es evidente que el hecho así descrito, trasladar oculta a una persona que carece de autorización y documentación para acceder a la península y hacerlo con este objetivo, que acceda al territorio quien carece de documentos para ello, a cambio además de una contraprestación económica, es un supuesto encajable en el art. 318 bis apartados 1 y 3 del CP, cuya aplicación no supone infracción alguna. Y a mayor abundamiento el Tribunal razona en el FJ 6º de la sentencia recurrida la pena impuesta acudiendo a la posibilidad prevista en el párrafo 6º del 318 bis por lo que rebaja en un grado la pena -que en principio había de ser de seis años como mínimo- y la fija en tres años y seis meses siendo el mínimo legal tras la rebaja indicada el de tres años, por lo que, en definitiva la pena impuesta es incluso inferior a la prevista para el tipo básico, que es de cuatro a seis años.

    Por lo que procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 884.3 y 885.1 de la LECrim.

SEGUNDO

Se formula el siguiente motivo al amparo del art. 849.2 de la LECrim por error en la apreciación de la prueba.

  1. Se designan como documentos acreditativos del error el atestado policial y la reseña fotográfica del inmigrante; se argumenta invocando la declaración de la recurrente obrante en el atestado, las manifestaciones policiales sobre la existencia de una manta, la imposibilidad física de que el inmigrante fuera oculto en el suelo, el aspecto del inmigrante como dato que avala la declaración de la recurrente y la ausencia de incautación alguna de dinero que permita comprobar que existió contraprestación.

  2. Como es bien sabido, la previsión del art. 849.2º tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Así, para que un motivo de esta clase pudiera prosperar sería necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba (STS 23-12-03 ). Carecen de la calidad de documentos las declaraciones de imputados y testigos que, regularmente aparecen transcritas en las causas, ni las diligencias policiales con manifestaciones de los propios agentes o de otras personas, recogidas por ellos e incorporadas al atestado (STS 23-4-07 ).

  3. El motivo es improsperable; los documentos que se citan como tales carecen de esa naturaleza, lo que el motivo hace es elaborar una argumentación sobre el contenido del atestado y, esencialmente, de las manifestaciones plasmadas en él, sin que se muestre en modo alguno la existencia en el factum de un dato fáctico erróneo evidenciado por el contenido de una prueba documental.

Procede la inadmisión de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la LECrim .

TERCERO

Se formula el último motivo al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

  1. Alega la recurrente que la declaración del testigo policía incurre en múltiples contradicciones reveladoras de que en realidad el inmigrante no podía ir oculto, que las manifestaciones de las acusadas coinciden en los puntos fundamentales y que el razonamiento para inferir el ánimo de lucro es irracional.

  2. El control que cabe hacer en el ámbito de recurso de casación se limita a los aspectos no comprometidos con la inmediación, si bien se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Reiteramos la asunción para la casación de la función de controlar "...que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la Sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba..." (STS 13-7-07 ).

  3. Y en el caso de autos la condena de la acusada como responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros obedece a una fundada apreciación de los datos acreditados en autos: así, se contó con las manifestaciones del testigo policial quien narró lo sucedido sobre cómo al apreciar que las ocupantes del asiento trasero del vehículo tenía las rodillas muy altas comprobó que en el suelo estaba oculto un sujeto cubierto con diversos enseres y una manta, la Sala de instancia razona minuciosamente cómo las pretendidas contradicciones del testigo, cuya objetividad no fue cuestionada, no fueron tales pese a las "insidiosas" intervenciones de las defensas; así la sentencia muestra cómo el testigo narró con lógica que le llamó la atención que las rodillas de las ocupantes posteriores estuvieran muy elevadas y cómo encontró al extranjero y la forma en que estaba oculto, cómo iba oculto con una manta y enseres, sin que el Tribunal diera trascendencia -con lógico criterio- a la duda que suscitaron las defensas con su insistencia sobre si era una manta o no, puesto que en el atestado se afirmaba que era una manta como dijo el testigo espontáneamente, siendo indiferente que fuera ropa, más dado el tiempo transcurrido y las circunstancias del caso. El Tribunal otorgó al testigo la credibilidad que no atribuyó ni a las acusadas ni a la testigo de descargo, respecto de la cual llega la Sala de instancia a acordar que, vista -cuando menos- su mendacidad al mantener que el inmigrante no viajaba oculto en el vehículo, se deduzca testimonio para la Fiscalía de Menores ante la posible comisión de un delito.

Porque las manifestaciones de las acusadas, ciertamente conforme al acta de juicio, resultaron no sólo contradictorias con las del testigo policial, pues todas afirmaron que el inmigrante iba sentado en el asiento trasero y no oculto, sino que fueron "deslavazadas" lo que se apreció "sólo analizando la forma de deponer", con notables vacilaciones, llegando en el caso de la acusada Najat a no saber siquiera contestar por qué subieron al inmigrante al vehículo -según su propia versión- tan cerca del transbordador e inverosímiles; analiza la sentencia lo ilógico de la tesis defensiva, subiendo al vehículo a una persona sin billete por altruismo teniendo que pasar los controles policiales, y negando siempre que la misma fuera escondida, para concluir no sólo la comisión del delito sino la innegable intención de obtener a cambio un beneficio económico, puesto que no hay ninguna relación -el parentesco próximo, por ejemplo- o elemento que justifique qué movía a las acusadas a intentar pasar a un ciudadano extranjero de un continente a otro cuando carecía de autorización para ello y con los evidentes riesgos que ello acarrea.

Considera la sentencia por tanto que, tratándose de un extranjero oculto en la forma dicha, en puertas de acceder a uno de los transbordadores que unen Ceuta con Algeciras, que carecía de documentación que le autorizara a ello, desconociendo el Tribunal la existencia de otras finalidades y circunstancias, la conducta acreditada consciente y voluntaria dirigida a que alcanzase la península burlando el control de los requisitos administrativos se subsume en el art. 318 bis 1 y 3 del CP .

No se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque el Tribunal de instancia ha valorado racionalmente las pruebas practicadas para llegar a su conclusión.

Y procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la LECrim .

RECURSO DE Eugenia Y Julia

CUARTO

La representación procesal de las recurrentes formula el primer motivo de su recurso al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

  1. Viene a decirse en el motivo que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia y, subsidiariamente, que no existe motivación o justificación para mantener la agravación por presunción de ánimo de lucro con aplicación del subtipo agravado.

  2. Conforme se ha analizado más arriba contrariamente a lo argumentado por la recurrente, en el caso que nos ocupa, el Tribunal de instancia ha contado con pruebas de cargo suficientes, obtenidas y practicadas con las garantías legalmente previstas, para racionalmente entender desvirtuada la presunción de inocencia y dictar un pronunciamiento de culpabilidad. Se ha expuesto más arriba que nos encontramos con una argumentación explícita, contenida esencialmente en el fundamento de derecho primero de la resolución de instancia, en la que se enuncian y analizan las pruebas en que se asienta la convicción alcanzada y el relato que se asume como probado, sin que sea preciso reproducir lo dicho bastando una remisión a ello para dar respuesta a la denuncia de las recurrentes rechazando su invocación de la presunción de inocencia que ha sido correctamente enervada, siendo las acusadas responsables del delito pues todas facilitaron -ya sea con su conducción, ocultación material o mera atribución de una apariencia de normalidad- la inmigración clandestina. En cuanto a la apreciación del ánimo de lucro ya se ha visto que el Tribunal lo infiere de las circunstancias acreditadas del caso, pudiendo afirmarse que no puede considerarse en absoluto ilógica la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia en orden a la aplicación de este subtipo, especialmente agravado, de la existencia de un evidente ánimo de lucro, ya que, si no, no se explica de otra manera que las recurrentes se ofrecieran para la comisión de un delito respecto de persona a la que no conocían, sin obtener beneficio alguno de ello (STS 20-3-09 ).

Ya se ha visto en cualquier caso la intrascendencia penológica de la agravación.

Por todo lo cual procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la

LECrim .

QUINTO

Se formula el siguiente motivo al amparo del art. 849.1 de la LECrim por infracción del art.

318 bis 3 del CP .

  1. Alega la recurrente que se ha producido la aplicación indebida del precepto al presumirse la circunstancia de ánimo de lucro en las acusadas.

  2. La naturaleza del motivo obliga a partir de los estrictos términos del relato probatorio (STS 13-4-04

), y ello no se ha respetado por la recurrente que en su reiterada discrepancia con la aplicación del subtipo agravado planeta entre otros argumentos que las acusadas creían que el ciudadano tenía su documentación en regla, que el ciudadano estaba en el andén de acceso después del primer control y ya había sido requerido de documentación e identificado por las autoridades en los controles previos, que no iba oculto sino sentado junto a dos pasajeras y que las acusadas creían que pretendía evitar pagar el billete. Circunstancias de las que el motivo pretende que se infiere la inexistencia de ánimo de lucro. Pero olvida que tales circunstancias no son las que describe el hecho probado sino las que aduce la recurrente.

En consecuencia y visto cuanto se ha expuesto anteriormente en relación con este extremo no se constata la infracción alegada.

Y procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo establecido en los arts. 884.3 y 885.1 de la

LECrim.

En su consecuencia se ha de dictar la siguiente

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUGAR A LA ADMISION del recurso de casación formalizado por los recurrentes contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.

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