ATS, 11 de Enero de 2017

PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Teresa Goñi Toledo, en nombre y representación de D. Indalecio , se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 19 de julio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo nº 259/2015 , sobre denegación de nacionalidad.

SEGUNDO .- Por providencia de treinta y uno de octubre de 2016 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones acerca de la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso consistente en: "Carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998, poniendo de manifiesto que la nueva regulación casacional no resulta aplicable a este recurso que se interpuso contra sentencia pronunciada con anterioridad al 22 de julio de 2016 y que, por tanto, debe regirse por la legislación anterior según Acuerdo de la Sala 3ª, de 22 de julio de 2016, por el que se establecen los criterios sobre la entrada en vigor de la nueva casación contencioso-administrativa instaurada por la Disposición Final 3.1. de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (BOE de 22 de julio)".

Han presentado alegaciones las partes personadas, D. Indalecio , como parte recurrente y el Sr. Abogado del Estado como parte recurrida.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso interpuesto por D. Indalecio , nacional de Marruecos, contra la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, de 21 de julio de 2013, dictada por delegación del Ministerio de Justicia, que le deniega la concesión de la nacionalidad española por residencia solicitada; así como contra la Resolución de 26 de diciembre de 2014, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución.

La Sentencia que ahora se recurre, tras recordar que el art. 22.4 del Código Civil establece la necesidad, para los que deseen obtener la nacionalidad española, de justificar " buena conducta civil y suficiente grado de integración en la sociedad española", confirma la resolución impugnada ante la falta de integración en la sociedad española puesta de manifiesto ante el encargado del Registro Civil de Reus.

Así, se pone de manifiesto en la sentencia impugnada que el solicitante llegó a España en 1990, tiene tres hijos españoles escolarizados en Cataluña, ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social durante 1728 días y, actualmente, recibe una renta de reinserción. Consta informe favorable de integración social emitido por el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña y certificación de una trabajadora social del Ayuntamiento de Reus que acredita su participación en un curso de catalán. La resolución impugnada se funda en la propuesta desfavorable del Encargado del Registro Civil según la cual " Del conjunto de las pruebas practicadas y de la audiencia mantenida con el interesado, no queda acreditado que haya conseguido el nivel de integración deseable a la sociedad que le acoge, (...) ya que no conoce los principios constitucionales de España, no conoce el sistema electoral y político español, no conoce la organización gubernamental y territorial básica del Estado, ni sus organismos administrativos elementales, ni tampoco las fiestas nacionales más señaladas".

A partir de estas premisas la Sala de instancia contiene la siguiente argumentación jurídica:

"[...] Tales respuestas ponen de manifiesto que, aunque pueda estar integrado en su círculo local más próximo, es evidente su ignorancia acerca de la realidad socio-política en la que ha de integrarse como ciudadano con derechos y obligaciones, así como respecto de cuestiones propias de la realidad española y de la comunidad autónoma en la que reside que se consideran elementales y sobre las que debería tener un mayor conocimiento, máxime dado el tiempo en que lleva residiendo"

"Por otro lado, el grado de ' integración aceptable' al que se refiere el escrito de demanda parece fundamentarse, básicamente, en que tiene contrato de trabajo y cotiza a la Seguridad Social, lo que, además de no ser exacto, no es suficiente, ya que la adquisición de la nacionalidad requiere, más allá del arraigo que invoca el demandante, una integración mediante la aceptación y asunción de un estilo y modo de vida , así como de la cultura propia de la sociedad en la que pretende integrarse, y en la sociedad en la que ha de participar activa y pasivamente".

Y, en efecto, según se pone de relieve en la sentencia impugnada, consta que el recurrente cobraba una renta de inserción mínima y había cotizado a la Seguridad Social " algo menos de cinco años cuando lleva viviendo en España 20 años". Se señala también que los datos aportados por el informe de la Generalitat son únicamente de datos objetivos - vivienda, hijos, tiempo de residencia y cotización a la Seguridad social- además de una valoración de su conocimiento de la lengua -básico en castellano y mínimo en catalán- sin incluir aspectos relativos al conocimiento de la organización política, administrativa e institucional de España que sí se incluyen en el cuestionario del Juez del Registro Civil, que arrojó un resultado desfavorable. Y por ello:

"Como esta Sala ha declarado reiteradamente , la integración social de una persona 'no deriva exclusivamente del grado de conocimiento del idioma, sino de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de la actuaciones reflejadas en el expediente (St TS de 12 de diciembre de 2011, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 20 de octubre de 2013, rec. 512/2012 ; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 8 de febrero de 2012, rec. 373/2010 )"

Y tras subrayar que la comparecencia ante el Encargado del Registro Civil y el contenido de la entrevista y su valoración se ajusta a criterios razonables, recuerda que:

" Y el Tribunal Supremo ha confirmado la falta de integración por desconocimiento de aspectos esenciales de la sociedad española de la sociedad española cuando se ha podido "constar una acusada ignorancia sobre aspectos esenciales de la sociedad española; factores ambos que sólo pueden achacarse a desinterés por su parte sobre la realidad del Estado cuya nacionalidad pretende obtener " ( Sentencia de 26 de septiembre de 2011 -recurso nº 2208/2009 )

Concluye la Sala de instancia afirmando que la obtención de la nacionalidad española está vinculada al ejercicio de derechos políticos y, de ahí, "que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad de la que va a formar parte aceptando su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución a la que ha de prestar juramento (...). Las respuestas del recurrente sobre estas materias evidencia que difícilmente podrá ejercer sus derechos, pues desconoce, no sólo cual es el sistema político que rige en España, sino también la existencia de una Constitución y sus principios más elementales".

(La negrita se añade).

SEGUNDO .- El escrito de interposición del recurso de casación se estructura en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , en el que se denuncia la infracción del artículo 22.4 del Código Civil , por errónea interpretación del mismo, al vulnerarse su espíritu, pues la denegación de la nacionalidad española se basa en una hipotética falta de integración del demandante por no contestar correctamente algunas de las preguntas del encargado del Registro Civil. Se muestra, así, en el recurso de casación, la discrepancia respecto de la valoración efectuada por la Sala de instancia subrayando que " el analfabetismo general del demandante no puede ser motivo de denegación" y que, de entre varias respuestas correctas, sólo dos o tres preguntas han sido erróneas, sin que la Sala de instancia, se sigue alegando, haya tenido en cuenta el arraigo del solicitante, que lleva 20 años viviendo en este país con buena conducta (sin antecedentes penales) y tiene tres hijos.

Aduce, en último lugar, la concurrencia del interés casacional objetivo conforme al artículo 89.2.f) LJCA con el objeto de crear jurisprudencia, tan escasa, sobre la interpretación del artículo 22 Cc y evitar la interpretación subjetivo del encargado del registro civil.

TERCERO .-Como antes apuntamos, se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, resulta evidente la concurrencia de los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida, pues, en efecto: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada; b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales; y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Así pues, el tema realmente controvertido es si, al margen de estas consideraciones, debe apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión planteada, por concurrir los requisitos exigidos a tal efecto por el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional .

CUARTO .- Pues bien, acerca de la interpretación de dicho artículo 93.2.e) nos hemos pronunciado en autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 ( RRC 3287/2009 y 2785/2009 ), señalando en este último lo siguiente:

"[...] para responder a ese interrogante resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible. Por eso, esta Sala ha afirmado reiteradamente que la finalidad del recurso de casación es corregir los errores en que hubieran podido incurrir los Tribunales de instancia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

Sobre la base de estas consideraciones debe apreciarse la exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del artículo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o aun habiéndola haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí concernida, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

" Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985 \1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

Criterio, éste, que hemos reiterado, entre otros muchos, en los Autos de 4 de febrero, de 21 de julio, de 15 de septiembre o 20 de octubre de 2016 (recursos 1661/2015, 473/2016, 721/2016 y 916/2016, respectivamente).

QUINTO .- Partiendo de las premisas anteriores y descendiendo al examen del caso que aquí interesa, hemos de concluir que este recurso carece de interés casacional y por ende resulta inamisible, toda vez que las cuestiones suscitadas por la parte recurrente en torno a la interpretación y valoración del concepto jurídico indeterminado "suficiente grado de integración en la sociedad española" ( art. 22.4 Cc ), en lo que respecta a la exigencia de un suficiente grado de conocimiento de aspectos básicos de las instituciones y/o costumbres españolas, han sido ya examinadas y resueltas por una jurisprudencia consolidada y uniforme -como, a título de muestra, y por citar algunas de las más recientes, las SSTS de 26 de septiembre de 2011 (RC 2208/2009 ) y de 17 de octubre de 2011 (RC 5113/2009 ) que cita la propia sentencia impugnada-.

En particular, en las sentencias citadas, se entendió correcto valorar como indicativo de un insuficiente grado de integración en la sociedad española el deficiente conocimiento de aspectos básicos de las instituciones españolas, plasmado en "un conocimiento verdaderamente somero de la realidad sociopolítica española, con lagunas notorias a la hora de hablar sobre las instituciones básicas del Estado o sobre acontecimientos relevantes de la sociedad española, que pueden estar al alcance de cualquier ciudadano medio interesado en la sociedad en que se desenvuelve", incluso poniéndolo "en relación con la prolongada residencia en España del recurrente, pues no hace más que abundar en la falta de una auténtica integración social " (como es el caso); señalándose, asimismo, que el limitado nivel académico no es excusa suficiente para justificar tal ignorancia. Sentencias éstas que conforman una clara línea jurisprudencial que, igualmente, ha sido respetada por la sentencia de instancia.

En definitiva, lo que plantea el recurrente en su recurso de casación es una cuestión de carácter marcadamente casuístico; relativa a la valoración de las pruebas aportadas en torno a la acreditación o no del requisito del "suficiente grado de integración en la sociedad española" a efectos del reconocimiento de la nacionalidad española. Así las cosas, es evidente la concurrencia en este caso de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional , pues se trata de una cuestión que no presenta una relevancia jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo, sin que a ello obsten las alegaciones realizadas por el recurrente que ya han obtenido cumplida respuesta.

SEXTO .- En definitiva, procede declarar la inadmisión del presente recurso, en aplicación del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional ; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley .

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 721/2016 interpuesto por la representación procesal de D. Indalecio contra la sentencia de 19 de julio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 259/2015 , resolución que se declara firme; sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados