AAP Sevilla 374/2008, 17 de Junio de 2008
| Ponente | ELOISA GUTIERREZ ORTIZ |
| ECLI | ES:APSE:2008:1111A |
| Número de Recurso | 4588/2008/ |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 374/2008 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Sevilla, Sección 1ª |
374/2008
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla
Avda. Menéndez Pelayo 2
Tlf.:. Fax:
NIG: 4109143P20080072365
RECURSO:Apelación Penal 4588/2008
ASUNTO: 100823/2008
Proc. Origen: Diligencias Previas 3519/2008
Juzgado Origen :JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº12 DE SEVILLA
Negociado:MI
Apelante:. Matías
Abogado:.CRISTINA MENDOZA VALVERDE
Apelado:MINISTERIO FISCAL
A U T O Nº 374/2008
ILMOS SRES.
MAGISTRADOS:
INMACULADA JURADO HOTELANO
ELOISA GUTIÉRREZ ORTIZ
ENRIQUE GARCIA LOPEZ CORCHADO
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº12 DE SEVILLA
APELACIÓN ROLLO Nº 4588/2008
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 3519/2008
En la ciudad de SEVILLA a diecisiete de junio de dos mil ocho.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, integrada por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de apelación interpuesto contra auto dictado en la diligencias referenciadas, cuyo recurso fue interpuesto por Matías que está asistido de la Letrada Dª. CRISTINA MENDOZA VALVERDE. Es parte recurrida el MINISTERIO FISCAL.
El Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº12 DE SEVILLA, el día 24-5-08, dictó auto cuya PARTE DISPOSITIVA acuerda: "Se decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido Matías ".
Contra dicha resolución interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación la representación de Matías y seguidos los correspondientes trámites, se elevaron los autos a esta Audiencia donde se formó el rollo quedando pendiente para la votación y decisión del recurso.
Ha sido Ponente la Ilma.Sra. Magistrada Dª. ELOISA GUTIÉRREZ ORTIZ, quien expresa el parecer el Tribunal.
La prisión provisional es una medida cautelar regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), modificados por las Leyes Orgánicas 13/2003 de 24 de octubre y 15/2003 de 25 de noviembre, que se han hecho eco de la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
El Tribunal Constitucional ha declarado en efecto en numerosas resoluciones (SSTC 47/2000 de 17 de febrero, 165/00 de 12 de junio, 61/01 de 26 de febrero y 146/01 de 18 de junio, y 142/02 de 17 de junio, entre las más recientes), que su legitimidad constitucional exige que tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, y como objetivo la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida. Fines que sólo pueden referirse a la conjuración de ciertos riesgos que teniendo su origen en el imputado, se proyectan sobre el normal desarrollo del proceso o la ejecución del fallo, así como, en general, sobre la sociedad: la sustracción del imputado a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal, y, por último, la reiteración delictiva.
Los requisitos para que pueda ser adoptada, previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son los siguientes: I) que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso (artículo 503.1.1º LECR ); II) que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba