ATSJ Cataluña 220/2016, 27 de Diciembre de 2016
| Ponente | ENRIC ANGLADA FORS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2016:493A |
| Número de Recurso | 12/2016 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Número de Resolución | 220/2016 |
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Civil y Penal |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CIVIL Y PENAL
Querella núm. 12/2016
AUTO Núm. 220
Presidente:
Excmo. Sr. D. Jesús María Barrientos Pacho
Magistrados:
Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors
Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio
En Barcelona, a 27 de diciembre de 2016.
Por la representación procesal de D. Segundo fue interpuesta, en fecha 26 de octubre de 2016, una querella contra la Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. NUM000 de DIRECCION000, la Ilma. Sra. D. Salome.
Por providencia de 17 de noviembre de 2016, se solicitó informe del Ministerio Fiscal sobre la competencia y admisión de la querella, el cual informó, mediante escrito presentado el día 2 de diciembre de 2016, en el sentido de que, al tratarse de una querella absolutamente infundada, procede su inadmisión.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enric Anglada i Fors.
Es competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la instrucción y el fallo de las causas penales seguidas contra jueces y magistrados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1, 73.3.b) y 405 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 95 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, siempre que se trate de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en el territorio de esta Comunidad Autónoma y siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo, lo que no sucede en el presente caso.
1. En orden a decidir sobre la admisión de la mencionada querella, conviene recordar de antemano que cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta cuestión ha dicho que quien ejercita la acción penal en forma de querella no tiene, en el marco del art. 24.1 CE, un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo a un pronunciamiento motivado del Juez o Tribunal en la fase instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando las razones por las que, en su caso, inadmite su tramitación, así como que, para que se entienda cumplida esa exigencia, basta que la motivación cumpla la finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo así explícita la interpretación y aplicación del Derecho que se efectúa y permitiendo el eventual control jurisdiccional de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, todo ello independientemente de la parquedad o concentración del razonamiento si éste permite conocer el motivo decisorio, excluyente de arbitrariedad ( S TC 148/1987, de 28 de septiembre), sin que, por lo tanto, se exija una contestación pormenorizada de todos y cada uno de los argumentos utilizados en apoyo de la pretensión ( ATS, Sala 2ª, de 9 de enero de 2007 -recurso núm. 20274/2006-).
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Por otra parte, desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, el artículo 313 LECr dispone que no procede la admisión a trámite de una querella cuando los hechos en que se funda no sean constitutivos de delito, teniendo declarado el Tribunal Supremo (Auto de la Sala 2ª de 26-5-2009 y los que en él se citan), que no existe un derecho a que se incoe un proceso penal con la simple presentación de una querella pues "para ello es precisa una inicial valoración jurídica de la misma que debe hacerse en función de los términos de la querella, de manera que si éstos, como vienen formulados o afirmados no son delictivos, o aun siéndolo o a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan con la querella, no se ofrezca en ésta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su verosimilitud, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo, aunque sea indiciario, no vendrá justificada la apertura del proceso, puesto que la valoración de su significación penal no puede hacerse a resultas de que puedan ser acreditados en la instrucción subsiguiente" ( Autos TS, Sala 2ª, entre otros, de 16 de noviembre de 2009, de 28 de enero, 7 y 30 de junio de 2010 y 26 de septiembre de 2011).
Así, solo si los hechos alegados, en su concreta formulación colman las exigencias de algún tipo penal debe admitirse la querella, sin perjuicio de las decisiones que posteriormente procedan en función de las diligencias practicadas en el procedimiento.
También cabe recordar que la vía penal es la última ratio a través de la cual realizar determinadas reclamaciones consecuencia del principio de intervención mínima que conforma la jurisdicción penal, pues sólo aquellos hechos que lesionan de manera significativa los intereses sociales más básicos merecen ser considerados constitutivos de ilícito penal.
La adecuada comprensión de los hechos objeto de la querella sometida ahora al examen de admisión, requiere tener en cuenta, a la vista de la descripción que de los mismos realiza el propio querellante y de la documentación que se adjunta a la misma -fotocopias de escritos y vídeo concernientes a un juicio verbal de reclamación de cantidad por impago de honorarios profesionales y en concreto de la demanda, factura de honorarios y sentencia recaída en aquél dictada por la Magistrada-Juez querellada (folios 9 al 20)-, que la conducta a la que hace mención la calificación jurídica enunciada en ella y que hace referencia a un supuesto delito deprevaricación judicial, sobre la base de que el Juez querellado dictó una resolución injusta al estimar la demanda y condenar al demandado al pago de la suma reclamada.
1. Examinada que ha sido la querella por la Sala, al igual que detenidamente los documentos acompañados por el querellante -por fotocopia-, no cabe otra resolución que la de su inadmisión a trámite, puesto que los hechos que se relatan en la susodicha querella no presentan los caracteres de delito alguno y, en concreto, no constituyen el ilícito penal de prevaricación judicial que se denuncia.
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En efecto, como ha proclamado la doctrina jurisprudencial ( SS. TS de 4 de julio de 1996, 7 de febrero de 1997, 15 de octubre de 1999, 11 de diciembre de 2001, 26 de febrero de 2002, entre otras; y AA. TS de 17 de noviembre de 2006 -rec. 20392/2006- y de 9 de enero de 2007 -rec. 20274/2006-), la determinación de la injusticia de una resolución judicial a los efectos de su tipificación en el artículo 446 del CP radica, en clave estrictamente objetiva, en que la misma no se encuentre dentro de las soluciones que pueden ser jurídicamente defendibles. El carácter objetivo de la injusticia supone que existe un apartamiento palmario y grosero de la función judicial propia del Estado de Derecho cuando la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y métodos de interpretación aceptables en tal Estado. En consecuencia, solamente cabrá reputar resolución injusta aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de cualquier interpretación razonable, porque su contenido no se compadece con lo ordenado por la ley. Por ello, "no es suficiente que una resolución sea contraria a Derecho para que constituya un delito de prevaricación, porque la injusticia supone un plus de contradicción con la norma, que es lo que justifica la intervención del Derecho penal, el cual únicamente debe aplicarse cuando la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa" ( SS. TS, Sala 2ª, de 23 de junio de 2003, 5 de noviembre de 2004 y 28 de febrero y 17 de noviembre de 2005). "La jurisprudencia ha rechazado concepciones meramente subjetivas y ha requerido que el acto sea objetivamente injusto y que quede de manifiesto la irracionalidad de la resolución" ( S. TS, Sala 2ª, de 8 de junio de 2006).
La más reciente jurisprudencia de la Sala 2ª del TS ha venido a precisar el contenido del delito de prevaricación judicial. Al respecto es de destacar el mentado ATS de 20 de diciembre de 2013 que fijó las líneas básicas de tal ilícito penal, al establecer:
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Separada ahora de la tipificada para los funcionarios en general, responde al reconocimiento constitucional del Poder Judicial como un poder del Estado y de ello se derivan dos consecuencias importantes ( STS nº 2338/2001 de 11 de diciembre ): 1 ª.- La mayor gravedad de la prevaricación judicial respecto a la del funcionario y 2ª.- Que no cabe...
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