STSJ Castilla y León 960/2016, 17 de Junio de 2016
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ZATARAIN VALDEMORO |
| ECLI | ES:TSJCL:2016:3156 |
| Número de Recurso | 1488/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 960/2016 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 00960/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección : 003
VALLADOLID
- Equipo/usuario: EBL
Modelo: N11600
C/ ANGUSTIAS S/N
N.I.G: 47186 33 3 2014 0102117
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001488 /2014 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. CANCIO FABRICA DE MUEBLES, S.A.
ABOGADO ALVARO ANGEL VIÑAS ARIAS
PROCURADOR D./Dª. JORGE RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS
Contra D./Dª. TEAR
ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don AGUSTÍN PICÓN PALACIO
Doña MARÍA ANTONIA DE LALLANA DUPLÁ
Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ
Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO
En Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA NÚM. 960/16 En el recurso contencioso-administrativo núm. 1488/14 interpuesto por la entidad mercantil CANCIO FÁBRICA DE MUEBLES, S.A., representada por el Procurador Sr. Rodríguez-Monsalve Garrigós y defendida por el Letrado Sr. Viñas Arias, contra Resolución de 30 de septiembre de 2014 del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Valladolid (reclamaciones económicoadministrativas núms. NUM000 y NUM001 ), siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2007 y 2008 (liquidación y sanción).
Ha sido ponente el Magistrado don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2014 la entidad mercantil CANCIO FÁBRICA DE MUEBLES, S.A., interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de 30 de septiembre de 2014 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas núm. NUM000 y NUM001 en su día presentadas frente a los Acuerdos adoptados por el Inspector Regional de la Delegación Especial de Castilla y León, a través de los que se practicó liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2007 y 2008, por importe de 24.352,08€, intereses de demora incluidos, y se impuso sanción por los mencionados impuesto y periodos, por importe de 21.249,18€.
Por interpuesto y admitido el presente recurso y recibido el expediente administrativo, la parte actora dedujo en fecha 1 de abril de 2015 la correspondiente demanda en la que solicitaba se dicte sentencia por la que se anule la resolución del TEAR objeto de recurso y, en definitiva, se declare la nulidad de la liquidación en concepto de Impuesto sobre Sociedades impugnada, así como de la sanción que deriva de la misma.
Una vez se tuvo por deducida la demanda, confiriéndose traslado de la misma a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días, mediante escrito de fecha 19 de junio de 2015 la Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso contenciosoadministrativo interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente.
Contestada la demanda se fijó la cuantía del recurso en 45.677,68 €, recibiéndose el proceso a prueba, practicándose la que fue admitida con el resultado que obra en autos, presentando las partes sus respectivos escritos de conclusiones, y quedando las actuaciones en fecha 17 de noviembre de 2015 pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó el día 9 de junio de 2016.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
Resolución impugnada y pretensiones de las partes.
Es objeto del presente recurso la Resolución de 30 de septiembre de 2014 del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Castilla y León, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas núm. NUM000 y NUM001 en su día presentadas por la entidad mercantil CANCIO FÁBRICA DE MUEBLES, S.A., frente a los Acuerdos adoptados por el Inspector Regional de la Delegación Especial de Castilla y León, a través de los que se practicó liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2007 y 2008, por importe de 24.352,08€, intereses de demora incluidos, y se impuso sanción por los mencionados impuesto y periodos, por importe de 21.249,18€.
La resolución impugnada desestimó las reclamaciones por entender, en esencia, y tras rechazar la existencia de indefensión, que en cuanto a si son o no reales las operaciones recogidas en las facturas emitidas por don Adrian y don Damaso -tratándose de una cuestión de técnica probatoria a resolver con arreglo a las reglas de distribución de la carga de la prueba de los artículos 105 y 106 de la LGT, y 217.6 de la LEC -, nos encontramos con que don Adrian y don Damaso carecen de los medios personales suficientes como para realizar las operaciones recogidas en las facturas emitidas, se encuentran vinculados con la ahora reclamante (la cual es su única cliente, bien cuando trabajaban para ella mediante comunidad de bienes o cuando posteriormente trabajaban de forma personal, además de ser empleados por cuenta ajena de la reclamante), su operatoria comercial no es la normal (y así efectúan salidas bancarias de efectivo sin justificación, además de la desproporción entre los resultados negativos de la reclamante y los excesivamente positivos de estos dos proveedores, y las incongruencias detectadas en cuanto a las compras de estos proveedores en relación con las ventas que efectúan a la reclamante), todo lo cual unido a que ambos proveedores declaran sus rendimientos en estimación objetiva, hacen llegar a la conclusión de que tales facturas no recogen operaciones reales, por lo que no constituyen gastos deducibles; que en cuanto al Acuerdo de imposición de sanción, el obligado tributario dejó de ingresar la cuota tributaria correspondiente al IVA de los ejercicios 2007 y 2008, de manera que al existir una deuda no ingresada se produjo el tipo objetivo de la infracción descrita en el artículo 191 de la LGT ; y que en cuanto al elemento subjetivo de la culpabilidad, no cabe entender que la interesada haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la presentación de una declaración veraz y completa ya que la sanción se ha impuesto por practicar la sociedad reclamante una deducción de cuotas asociada a la prestación de unos servicios cuya realidad no ha quedado acreditada, no concurriendo tampoco una discrepancia jurídica razonablemente justificada ya que lo que ha realizado la reclamante es una disminución de su carga tributaria al deducirse gastos cuya realidad no ha sido probada y aplicarse una deducción por actividad exportadora sin reunir los requisitos exigidos por la normativa aplicable para disfrutar de dicha deducción en la cuota, constatándose en este caso una intencionalidad en la conducta de la interesada determinante del elemento subjetivo de la infracción, estimándose que, efectivamente, se ha producido una utilización de medios fraudulentos toda vez que ha quedado acreditado que la reclamante se ha deducido gastos recogidos en unas facturas en las que queda probado que las operaciones descritas en las mismas no se han producido en la realidad, suponiendo dichas operaciones el 100% de la base de la sanción en 2007 y el 100% en 2008, por lo que cabe concluir que las infracciones son muy graves.
La entidad mercantil CANCIO FÁBRICA DE MUEBLES, S.A., alega en la demanda que la postura de la Inspección es totalmente errónea e infundada, por contradictoria, basándose en pretendidas pruebas indiciarias o indirectas vacías de contenido, pues sólo por el hecho de que alguno de sus proveedores estuviera en el régimen de módulos las conclusiones de la Administración habrían sido siempre las mismas y ello pese al esfuerzo probatorio desplegado mediante pruebas directas que acreditan la realización de las operaciones de referencia, correspondiéndose la totalidad de las facturas con compras reales -consistentes en el suministro de estructuras metálicas y servicios de tapizado- necesarias para la actividad y proyección de la empresa, refiriéndose a productos que luego son objeto de venta; que no ha recibido ni contabilizado ninguna factura que no se ajustase a la realidad, insistiendo en que todos los elementos reflejados en las facturas de los proveedores cuestionados son elementos que efectivamente han sido comprados y pagados, pasando a formar parte de las existencias de la sociedad e integrándose en su proceso productivo, vendiéndose finalmente a terceros; seguidamente la actora combate en la demanda cada uno de los indicios - referidos sobre todo a sus proveedores, dice- en que se basa la Inspección para llegar a la regularización impugnada, concluyendo la actora en que de tales indicios es fácil deducir que podría existir una irregularidad tributaria imputable a los proveedores, no inspeccionados ni regularizados, que tributan en régimen de estimación objetiva -mano de obra no dada de alta o compra de materias primas sin facturas-, pero no a ella, destinataria de las facturas, habiendo optado el actuario por desarrollar actuaciones contra la sociedad por resultarle más fácil y con mayor recaudación que contra aquéllos, insistiendo en que lo que la Inspección denomina indicios y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba