STSJ Cataluña 4607/2016, 14 de Julio de 2016
| Ponente | FELIX VICENTE AZON VILAS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2016:7445 |
| Número de Recurso | 2855/2016 |
| Procedimiento | RECURSO DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 4607/2016 |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8021412
mm
Recurso de Suplicación: 2855/2016
ILMO. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL
ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS
ILMO. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS
En Barcelona a 14 de julio de 2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 4607/2016
En el recurso de suplicación interpuesto por Felicisimo frente a la Sentencia del Juzgado Social 19 Barcelona de fecha 19 de febrero de 2016 dictada en el procedimiento nº 468/2013 y siendo recurridos INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS) y TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FÉLIX V. AZÓN VILAS.
Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Seguridad Social en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 19 de febrero de 2016 que contenía el siguiente Fallo:
DESESTIMO la demanda interpuesta por Don Felicisimo, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social en reclamación por revalorización de pensión y absuelvo al INSS de las pretensiones deducidas en la demanda, confirmando la resolución administrativa dictada.
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"Primero.- Don Felicisimo, DNI nº NUM000, cuyos demás datos personales figuran en el encabezamiento de la demanda, percibe pensión a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
A la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 28/2012 de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, 29/2012 de 28 de diciembre le fue revalorizada su pensión en un porcentaje del 1%, siendo el IPC del mes de noviembre de 2,9% (folio 11).
En fecha 12-02-2013 solicitó ante el INSS el abono de la revalorización de pensión correspondiente al período 1-01-2012 a 30-11-2012, en función del IPC real a noviembre de ese año, en porcentaje del 2,9 e integrar la pensión para que se incremente en el año 2013 con el porcentaje correspondiente (folio 10). La solicitud fue desestimada por resolución de 22-02-2013 (folio 8)
Frente a la resolución dictada se interpuso reclamación previa el 6-03-2013, que fue desestimada por resolución de 22-03-2013 (folios 6-7-9)
Por sentencia núm. 7160/2015, de 2-12-2015, del Pleno de la Sala Social del TSJ de Cataluña, recurso 5340/2015, fue confirmada la sentencia dictada por el Juzgado Social nº 2 de Barcelona desestimatoria de similar pretensión a la planteada. La Sala considera que el Tribunal Constitucional en las SSTC 49/15 y 109/15 ha dado efectiva respuesta a la constitucionalidad del RDLey 28/12, no aprecia colisión con la normativa contenida en la Carta Social Europea, Convenio 102 de la Seguridad Social y Código Europeo de la Seguridad Social y pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyas consideraciones considera no trasladables a nuestro país, así como respecto al mantenimiento del IPC previsto como parámetro para garantizar pensiones dignas y suficientes, calificando su fijación como una expectativa de derecho de los pensionistas."
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
ÚNICO .- Se interpone recurso por la representación de Felicisimo formulando varios motivos, todos ellos al amparo de lo dispuesto en el art. 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y señalando que la sentencia al aplicar el articulo 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012 vulnera el articulo 41 y 50 de nuestra Constitución, así como del art. 65.10 del Código Europeo de Seguridad Social, del art. 65.10 del Convenio OIT nº 102, y de los artículos 12.2 y 3 de la Carta Social Europea, así como el art. 4 del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988.
El tema ha sido debatido en el Pleno General de esta Sala y resuelto por sentencia de 2 de diciembre de 2015, Recurso numero 5340/15, en la que -al margen de la opinión personal de quienes ahora resolvemos este recurso- se razonó sobre la totalidad de las cuestiones que ahora se plantean. Se decía (copia literal):
La recurrente considera en primer lugar que, el Tribunal constitucional en su STC de 5 de marzo de 2015 Rec. Inconstitucionalidad nº 1114-13 y cuestión de inconstitucionalidad nº 7434-13 no se pronuncian sobre la constitucionalidad de la desvinculación de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, ni si permiten los tratados internacionales suscritos por España la desvinculación, interrogantes que aquélla considera tienen respuesta negativa pues ya decía en su demanda que el RDLey 28/2012 vulnera los arts. 9, 14, 40, 41 y 50 de la CE, (y en la segunda demanda contra el RD 1045/2013 y Ley 23/2013), considerando que se tiene derecho a la revalorización de las pensiones. En segundo lugar, considera que dicha normativa (pese a que la Ley 23/13 no es objeto de este pleito) contraviene la Carta Social Europea, el Convenio de la OIT nº 102 sobre seguridad social, y el Código Europeo de Seguridad Social, que deben prevalecer inaplicando aquéllas por cuanto el derecho a la revalorización de las pensiones es de aplicación directa en nuestro país, y ha de serlo de acuerdo con el costo de la vida, que es lo que permite a toda persona pensionista tener una pensión digna y poder llevar a cabo una vida decorosa. En tercer lugar, considera que para que sean pensiones dignas y suficientes el parámetro más acorde es el del IPC, pues de conformidad con el Reglamento CE nº 2494/95 los IPC constituyen un elemento fundamental para comprender el proceso inflacionista del estado, el INE señala que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residentes en viviendas familiares en España, y la OIT considera que su objetivo es medir a largo plazo el nivel general de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos, utilizados y pagados por la población de referencia. Además considera que el IPC se utiliza para ajustar salarios y prestaciones de seguridad social ( por ejemplo, pensiones) y compensar las variaciones del costo de vida. A ello se añade que hasta el año 2012 casi todos los gobiernos admitieron que la revalorización de las pensiones debía hacerse conforme al IPC, y finalmente que ante la gran cantidad de reformas, la vinculación de pensiones al IPC actuaba como freno a las sucesivas reformas y garantía de la percepción de pensiones dignas y suficientes, por lo que al no aplicarlo se vulnera la normativa europea, tal y como se ha pronunciado el Comité Europeo de Derechos Sociales con respecto a las reformas del sistema de pensiones impuesto por la Troika a Grecia, declarando la vulneración del art. 12.2 y 3 de la CSE. Por lo que pide que se estime el recurso para estimar la demanda rectora de las actuaciones.
No obstante, sus alegaciones no pueden ser estimadas, pues planteada la cuestión en Sala General, consideramos que el Tribunal Constitucional en su sentencia STC 49/15 da efectiva respuesta a la primera de las cuestiones planteadas, concretamente si es acorde a la Constitución la desvinculación de las revalorizaciones de las pensiones del IPC, pues viene a distinguir entre "la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año ( art. 48.1.1 LGSS y 27.1 párrafo primero de la Ley de clases pasivas del Estado). Para el año 2012 esa revalorización fue del 1 por 100, - y, por otro, la actualización de dicha revalorización, de manera que, que en el supuesto de que el IPC acumulado ( que es lo que la recurrente pretende), correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización fuese superior al índice previsto, "se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la Ley de presupuestos generales del Estado", reconociendo al legislador un cierto margen para hacer frente a la actualización de las pensiones en función de las posibilidades económicas del Sistema, justificando la normativa cuya constitucionalidad cuestiona la recurrente en el elevado déficit del sistema de la Seguridad Social durante el ejercicio 2012 y la necesidad de cumplir con el objetivo del déficit público.
La propia doctrina del Tribunal Constitucional configura el derecho de la Seguridad Social como derecho de estricta configuración legal que permite que la intensidad o calidad de la protección dispensada se ajuste y module discrecionalmente por el legislador a las circunstancias económicas, a las disponibilidades de cada momento histórico y a las exigencias de los distintos colectivos protegidos"( STC 65/1987, 124/1987, 97/1990, 116/1991, 37/1994, 367/2003, 213/2005, 128/2009 y 205/2011 . Cierto es que la Constitución no establece ningún modelo específico de Seguridad Social, una forma determinada ( STC 37/1994 ), sino un cuadro de conjunto, un marco, un territorio con líneas de demarcación. La configuración legal, que no es inamovible sino que puede ser cambiante ( STC 74/1994 ), es susceptible de varios posibles modelos de protección. Si bien consagra una institución protegiéndola...
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