STS 1547/2016, 27 de Junio de 2016
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2016:3302 |
| Número de Recurso | 18/2014 |
| Procedimiento | Error Judicial |
| Número de Resolución | 1547/2016 |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En Madrid, a 27 de junio de 2016
Esta Sala ha visto la presente Demanda para la declaración de error judicial 18/2014, promovida por la procuradora doña Gloria Llorente de la Torre, en nombre y representación de D. Casiano , contra la sentencia de 28 de noviembre de 2013, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Procedimiento Ordinario 781/2011, sobre aptitud psicofísica. Ha comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia. Ha informado el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 28 de noviembre de 2013 , desestimatoria del Recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario 781/2011) interpuesto por D. Casiano contra Resolución de la Subsecretaria de Defensa del Ministerio de Defensa de 8 de abril de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la citada autoridad de 6 de noviembre de 2009, por la que se acuerda declarar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajena a acto de servicio, del marinero recurrente, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar .
Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2014 ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, D. Casiano , representado por la procuradora doña Gloria Llorente de la Torre, presentó demanda de error judicial contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Procedimiento Ordinario 781/2011, al entender que la Sala sentenciadora ha incurrido en error al valorar unas pruebas procesalmente inexistentes, pues si reconoce que existe una prueba pericial psiquiátrica del Dr. Eduardo , debió de haber actuado como previene el artículo 627 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ ). Añade que los resultados de los distintos reconocimientos que a la fecha de los hechos se hicieron a su representado no constan en el expediente administrativo, y que la sentencia se funda en el criterio del tribunal calificador como enfundado en el "principio de discrecionalidad técnica", aplicando la doctrina sobre dicho principio como imposibilidad de controlar las decisiones técnicas de la Administración, doctrina que ha sido superada por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Por Diligencia de ordenación de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal de fecha 12 de mayo de 2015, se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid par que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, y remitiera a esta Sala Tercera el correspondiente rollo así como el informe preceptivo a que se refiere el artículo 293.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ ).
En este último Informe, el órgano judicial concluye que no convierte en error lo que es únicamente natural disconformidad con el sentido de la valoración judicial de la prueba practicada en el procedimiento, y que "En este caso concreto, a la presunción de veracidad del informe médico pericial efectuado por el órgano llamado a realizar dicha valoración, Junta Médico pericial del Ministerio de Defensa, se une la valoración expresa y motivada de la prueba que para destruir esa presunción de veracidad practicó la parte recurrente y que, según se expresa en la resolución judicial, no se aprecia por el Tribunal sirviese para detectar error o incorrección en la prueba médica oficial practicada por la Administración".
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda para el reconocimiento de error judicial mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2015, solicitando su inadmisión por falta del requisito exigido por el artículo 293.1.f) de la LOPJ , al no haberse interpuesto incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia a la que se imputa el error; subsidiariamente, solicita la desestimación de la demanda por falta absoluta de error.
Por Diligencia de ordenación de 29 de septiembre de 2015 se acordó pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que fue emitido mediante escrito presentado el día 20 de octubre de 2015, solicitando la inadmisión de la demanda por no haberse cumplido con el requisito de haber agotado previamente todos los recursos previstos en el ordenamiento a que se refiere el artículo 293.1.f) de la LOPJ , al no haberse formulado Incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia objeto de la presente demanda. En cuando al fondo del asunto, concluye que "... nos encontramos ante una sentencia perfectamente organizada, que aborda cuantos extremos se someten a su consideración tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, que razona al detalle los elementos de prueba que se someten a su criterio y los pros y los contras que puede haber en cada uno de ellos. No hay el menor atisbo de notas peyorativas de arbitrariedad o dejación; la sentencia cumple perfectamente con su función de valorar la prueba y explicarlo hacia el exterior para que cualesquiera (partes y terceros) puedan colegir los vericuetos de su razonamiento".
Por diligencia de ordenación de 14 de junio de 2016, se señaló para votación y fallo el día 23 de junio de 2016, fecha en la que, efectivamente, tuvo lugar.
La presente demanda para el reconocimiento de error judicial se interpone contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , desestimatoria del Procedimiento Ordinario 781/2011, interpuesto por D. Casiano contra Resolución de la Subsecretaria de Defensa del Ministerio de Defensa de 8 de abril de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la citada autoridad de 6 de noviembre de 2009, por la que se acuerda declarar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajena a acto de servicio, del marinero recurrente, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre .
Por parte de la representación procesal de don Casiano se promueve el presente proceso para el reconocimiento de error judicial al considerar que la sentencia incurre en error al valorar unas pruebas procesalmente inexistentes, efectuar una inadecuada valoración de la prueba y realizar una interpretación de la doctrina de la discrecionalidad técnica contraria a la última jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La Sala debe examinar, como cuestión previa, si la presente demanda para el reconocimiento de error judicial es admisible o no por razón del agotamiento de los recursos, al haber alegado el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal que el requisito relativo al agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento, art. 293.1.f) de la LOPJ , no se ha cumplido.
Según la letra a) de dicho precepto "La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse". Así pues, dicho plazo constituye un requisito temporal al que se supedita el éxito de la acción de reconocimiento del error judicial, y dicho plazo, dado el carácter sustantivo y autónomo de la demanda de error judicial frente a la resolución judicial con respecto a la cual se solicita su declaración ---al igual que ocurre con las demandas de revisión de sentencias firmes--- no es un plazo procesal, sino un plazo sustantivo de caducidad del derecho que se rige por las normas establecidas en el artículo 5.2 del Código Civil ( SSTS de 22 de diciembre de 1989 , 20 de octubre de 1990 y 14 de octubre de 2003 ---REJ 18/2002---, todas ellas de la Sala Primera del Tribunal Supremo ).
Por otra parte, el cómputo se inicia desde la notificación de la resolución judicial firme. Así resulta del apartado f) del artículo 293.1 LOPJ , al señalar que "no procederá la declaración de error judicial contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubiera agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento"; tal disposición solo puede referirse a los que resulten procedentes o, al menos, a los que le hayan sido ofrecidos al litigante aunque fueran improcedentes, pero no a cualquier otro recurso que, aunque esté previsto en el ordenamiento, no esté establecido concretamente para combatir el fallo de que se trate.
Es cierto que esta Sala venía estableciendo ---en un principio--- que el plazo para la interposición de la demanda para el reconocimiento de error judicial no se interrumpía por la formalización y desarrollo de un Incidente de nulidad de actuaciones, ni tampoco por la interposición de un Recurso de amparo, sin embargo, a partir de la STS de 23 de septiembre de 2013, de la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (REJ 9/2013), esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, asumiendo plenamente los razonamientos contenidos en la citada sentencia, ha considerado que el Incidente de nulidad de actuaciones se incardina dentro del ámbito del artículo 293.1.f) de la LOPJ , decisión, pues, que exige qué, previamente a la interposición de la demanda para el reconocimiento por error judicial, se promueva Incidente de nulidad de actuaciones frente a la resolución judicial a la que imputa el error, comenzando el cómputo del plazo para interponer aquélla a partir de la resolución denegatoria del Incidente de nulidad de actuaciones. Y ello es así porque iniciar un procedimiento específicamente destinado a declarar el error judicial ---como el que ahora nos ocupa--- no tiene sentido cuando la equivocada apreciación de los hechos o aplicación del derecho puede ser un remedio dentro del proceso, a través del Incidente de nulidad de actuaciones.
Por todas, SSTS de 16 de enero , 17 de julio y 2 de septiembre de 2014 , dictadas en los Recursos para reconocimiento de error judicial números 41/2013 , 9/2013 y 18/2013 , respectivamente. En términos similares se pronuncia el Tribunal Constitucional que considera al Incidente de nulidad de actuaciones como "el remedio procesal idóneo" para obtener la reparación de la vulneración de derechos fundamentales, señalando que, en tales casos, antes de acudir en amparo debe solicitarse en vía ordinaria el referido Incidente de nulidad "sin cuyo requisito la demanda de amparo devendrá inadmisible ... por falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial" ( SSTC 228/2001, de 26 de noviembre , 74/2003, de 23 de abril , 237/2006, de 17 de julio y 126/2011, de 18 de julio ).
Esta doctrina no es contradictoria con los últimos pronunciamientos al respecto de la citada Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Efectivamente, en la STS (Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ ) de 23 de abril de 2015, REJ 15/2013, se ha recordado que, fuera de este supuesto contemplado por el Tribunal Constitucional en la STC 216/2013, de 19 de diciembre ---esto es, en el que "el propio objeto del proceso consistía en la posible vulneración de derechos fundamentales (derechos a la libertad de expresión y al honor), de forma que la posible lesión del derecho fundamental no resultaba atribuible ex novo a la sentencia que cerraba la vía judicial previa al amparo" - --, ha de entenderse qué, antes de acudir al amparo constitucional, ha de acudirse al incidente excepcional de nulidad de actuaciones para intentar solventar ante la jurisdicción ordinaria eventuales vulneraciones de derechos fundamentales que no hubiesen podido denunciarse con anterioridad. La misma STS de la Sala Especial recuerda la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su STS de 27 de octubre de 2010 (REJ 32/2008 ), que configura el Incidente de nulidad de actuaciones como un remedio de exigencia previa inexcusable antes de la reparación excepcional del derecho que supone la declaración de error judicial. Y, a su vez, reitera la doctrina establecida por la propia Sala Especial en su ya citada STS de 23 de septiembre de 2013: "haciendo referencia a que la exposición de motivos de la lo 6/2007 por la que se modifica el artículo 241 LOPJ caracteriza el incidente de nulidad de actuaciones como el mecanismo procesal idóneo para identificar y corregir las infracciones de derechos fundamentales acaecidas en el quehacer jurisdiccional y lo configura como el primer escalón de protección y garantía de los derechos fundamentales, como una corrección interna dentro del propio ámbito judicial de las infracciones de los derechos fundamentales, la sala concluye que es una razón de lógica jurídica incluir el incidente de nulidad de actuaciones en el ámbito del artículo 293.1.f) LOPJ como forma de agotar dentro de la propia esfera jurisdiccional las posibilidades de subsanación y corrección del error, apurando las posibilidades de dar a la parte una respuesta judicial a su pretensión, dado que la eventual sentencia estimatoria de una demanda de error judicial no colmaría ese derecho, pues solo daría, a lo sumo, derecho a una indemnización por el error sufrido. En consecuencia, si existe una posibilidad de corregir el error dentro del proceso entiende la sala que habrá que ser apurada siempre antes de acudir al mecanismo indemnizatorio, que solo puede paliar las consecuencias del error, pero nunca equivaler a la satisfacción de la tutela solicitada mediante el ejercicio de la acción" .
En términos similares se han expresado los AATS de la misma Sala Especial de 19 de junio de 2015 (REJ 1/2014 y 2/2015 ), concluyendo, este último, en los siguientes términos: "En suma, la pretendida violación de derechos fundamentales achacada por los demandantes a la referida sentencia no ha sido objeto, ni formal ni materialmente, de ningún incidente de nulidad de actuaciones que permitiera un remedio dentro del proceso. Y así, al no haberse cumplido el requisito establecido en el art. 293.1.f) LOPJ , esta demanda debe ser declarada inadmisible".
En el presente caso, D. Casiano no instó la nulidad de actuaciones contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a la que se imputa el error, por lo que cabe concluir, por las razones expuestas, que ha quedado incumplido el requisito, exigido por el artículo 293.1.f) de la LOPJ , de haberse agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento para que proceda la declaración de error; lo que determina la desestimación de la presente demanda.
Efectivamente, el supuesto a que se remite el actor es de los que permitían dar acceso al Incidente excepcional de nulidad de actuaciones según la redacción dada al artículo 241.1 LOPJ por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre ---redacción modificada, a su vez, por la Disposición Final 1º de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo ---, conforme a la cual, el Incidente excepcional de nulidad de actuaciones puede fundarse en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 CE .
La materia exclusiva y excluyente del Incidente de nulidad de actuaciones ha de ser la vulneración de un derecho fundamental, no, por tanto cualquier infracción legal. Por ello, el Incidente es solo idóneo para remediar violaciones de derechos fundamentales (salvo que, como se ha señalado, el propio objeto del procedimiento fuese la lesión de un derecho fundamental), debiendo, por tanto, analizarse, si la pretensión ejercitada a través de la demanda de error judicial lleva aparejada una eventual vulneración de un derecho fundamental para que resulte exigible promover previamente el incidente.
Pues bien, el actor fundamenta su pretensión en la existencia de un error manifiesto, en la inadecuada valoración de la prueba y en la interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina de la discrecionalidad técnica llevada a cabo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual, en su caso, comportaría una lesión del derecho fundamental de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE .
En consecuencia, ha de entenderse que la pretensión ejercitada afecta a una eventual vulneración de un derecho fundamental de los contemplados en el artículo 53.2 CE y que, por lo tanto, resultaba exigible haber promovido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones como remedio ordinario a través del que la parte pudiera haber obtenido una respuesta judicial a su pretensión antes de acudir a una demanda de error judicial, pues, ni siquiera la eventual estimación de la misma puede colmar su derecho, al tratarse de un mecanismo indemnizatorio subsidiario que, aunque pueda paliar las consecuencias del error, nunca puede equivaler a la satisfacción de la tutela solicitada mediante el ejercicio de la acción.
Por lo tanto, la Sala estima que procede desestimar la demanda de error judicial por falta de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento.
De conformidad con lo dispuesto en las letras c ) y e) del artículo 293.1 de la LOPJ ---en relación con los artículos 139 de la LRJCA y 516.2 de la LEC ---, procede condenar en costas a la parte demandante, y acordar la pérdida del depósito constituido.
Sin embargo, la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 139.3 de la misma LRJCA , establece que, por todos los conceptos que las integran, y a la vista de las actuaciones procesales desarrolladas, el límite máximo de las mismas, por todos los conceptos, será el de 3.000 euros.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1º. Que debemos desestimar y desestimamos la Demanda para la declaración de error judicial 18/2014, interpuesto por D. Casiano contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Procedimiento Ordinario 781/2011. 2º. Que imponemos las costas del recurso en los términos expresados, así como la pérdida del depósito realizado.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Rafael Fernandez Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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