STSJ Comunidad Valenciana 706/2015, 18 de Noviembre de 2015
| Ponente | MARIA JESUS OLIVEROS ROSSELLO |
| ECLI | ES:TSJCV:2015:5284 |
| Número de Recurso | 263/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 706/2015 |
| Fecha de Resolución | 18 de Noviembre de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SENTENCIA NÚMERO 706 / 2015
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Ilmos. Sres/as: !
Presidenta: !
Dª. ALICIA MILLÁN HERRANDIS !
Magistrados: !
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MIGUEL SOLER MARGARIT !
Dª Mª JESÚS OLIVEROS ROSSELLÓ ! =============================================
En Valencia, a dieciocho de noviembre de dos mil quince.-VISTO, por la Sección Segunda de este Tribunal, el presente Recurso Contencioso-Administrativo num. 263- 2014, promovido por D. Apolonio, contra el acuerdo de fecha 12-5-2014 del Director de la Zona 5 de Correos, imponiendo la sanción de apercibimiento por la comisión de falta disciplinaria de carácter leve, en el que han sido partes, el actor, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza de Oca Ros y asistido por la Letrado D. Ignacio Soler Caballero, y como demandada, la Sociedad Estatal de Correos Y Telégrafos S.A., que ha comparecido a través del Abogado del Estado; ha pronunciado la presente Sentencia.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Mª JESÚS OLIVEROS ROSSELLÓ.
Interpuesto el presente Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dictara Sentencia anulando por no ser ajustado a derecho el acto recurrido y reconociendo sus pretensiones.
La Administración contestó a la demanda mediante escrito en el que se solicitó la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de las resoluciones objeto del mismo, por estimarlas ajustadas a derecho.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes que resultó admitida, y cumplido dicho trámite, y formulados los escritos de conclusiones, quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo.
Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día 17 de noviembre de 2015, en cuya fecha tuvo lugar.
En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.
Se interpone recurso contencioso administrativo por D. Apolonio, en impugnación del acuerdo de fecha 12-5-2014 del Director de la Zona 5 de Correos, imponiendo la sanción de apercibimiento por la comisión de falta disciplinaria de carácter leve. Postula el actor en el suplico de su demanda que se anule la resolución impugnada.
Alega el demandante que es funcionario de carrera de la Sociedad Estatal de Correos Y Telégrafos S.A, la cual el ha considerado responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter leve por descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. Consistió la negligencia en el custodia de un envío que le había sido encomendado para su reparto y que fue objeto de una sustracción que el actor denunció el mismo día de los hechos, habiendo observado el Protocolo de actuaciones en materia de seguridad.
La administración demandada se opone al recurso y señala que los hechos están justificados y son constitutivos de la sanción impuesta.
La cuestión suscitada en el caso de autos ha de ser resuelta aplicando el criterio que ya resulta reiterado por esta Sala y Sección, en las sentencias que a continuación se enumeran y por ello resulta palmariamente conocido por el Abogado del Estado. Sobre dicha materia esta Sección ha resuelto en las Sentencias Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso, nº de recurso 615/2011, sentencia nº 601/2014 de fecha 30/09/2014, en la que se establece:
" Esta Sala y Sección desde el pronunciamiento adoptado en STSJCV, Sec.2ª. 930/2010, de 28 de julio, Rec. Ape. núm. 403/2010, viene considerando como "El pronunciamiento acerca de la eventual vulneración del citado derecho fundamental del recurrente, va a requerir necesariamente determinar si el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado mediante RD num. 33/1986, en aquellos de sus preceptos en los que se tipifican las faltas de carácter grave, mantiene su vigencia, tras el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), o por el contrario ha de estimarse derogado por el mismo, tesis ésta última que se sostiene por la Sentencia apelada, que considera que se ha producido un vacío normativo en esta materia disciplinaria.
Así las cosas, debe hacerse una escueta referencia a cuál era el estado jurídico de esta cuestión en el momento de promulgarse el EBEP; el régimen disciplinario general venía contenido esencialmente en dos normas: 1ª) la LMRFP num. 30/84, que, al igual que hiciera la precedente LFCE de 1964, sólo recoge en su articulado las faltas muy graves ( art. 31 ); y 2ª) el Reglamento Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado ( RD . num. 33/86), donde se contiene asimismo la enumeración de las faltas graves y leves.
Sabido es que el carácter preconstitucional de la Ley de 1964, posibilitaba que, tras enumerar éste en su art. 88 las faltas muy graves, dispusiera en en art. 89 que "La gravedad o levedad de las faltas no enumeradas en el artículo anterior se fijará reglamentariamente en función de los siguientes elementos: (.....)";
lo que así hizo el Decreto 2088/1969 de 16 agosto, por el que se aprobó el anterior Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Pero la reforma que en la función pública realiza la Ley 30/84, viene ya vinculada por los preceptos constitucionales; y por ello la cobertura legal del RD 33/86, se buscó por la jurisprudencia en el art. 89 LFCE, que nunca fue expresamente derogado por la LMRFP/84, a diferencia de lo que sucedió con su art.88, objeto de expresa derogación. Así pues, la exigencia del cumplimiento del principio de reserva de ley a la hora de tipificar las infracciones y sanciones disciplinarias, se entendió cumplida por la jurisprudencia por el hecho de que la enumeración de las faltas graves que llevaba a cabo el RD . 33/86, se ajustaba a las prevenciones impuestas por un precepto con rango formal de Ley -que, aún siendo de 1964, no estaba viciado de inconstitucionalidad sobrevenida-; con ello quedaba salvado el principio de legalidad en la tipificación de las infracciones graves. En consecuencia, el precepto aplicado al recurrente, hasta la aprobación del EBEP hubiera cumplido con las exigencias que del principio de legalidad derivan para el régimen disciplinario funcionarial.
Sin embargo, la promulgación del EBEP va a incidir radicalmente sobre esta situación. De nuevo se opera con la misma técnica que con las normas precedentes, es decir: el EBEP asume para sí la enumeración de las faltas muy graves (lo hace en su art. 95.2 ); y remite para las futuras normas de desarrollo la tipificación de las infracciones graves y leves y sus sanciones; pero el EBEP va a ser respetuoso con las exigencias derivadas del art. 25.1 CE, y así, en su art. 94.2, expresamente dispone que "La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa"; y por ello, la determinación de las faltas graves y leves ya no va remitirse al desarrollo reglamentario, sino que se impone que su regulación lo sea mediante norma con rango de ley; así lo dispone con claridad su art. 95.3, al indicar: "Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma .......,
atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.". Añadiendo en su núm. 4 que "Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias".
Las consecuencias que ello supone para el supuesto objeto de enjuiciamiento son dos:
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El EBEP no contempla otro régimen disciplinario que no sea el fijado por normas con rango de ley, estatal o autonómica en función del correspondiente reparto competencial. Y a la hora de determinar qué efectos derivan de esta conclusión en orden a la subsistencia o no de RD . 33/86, hay que tener en cuenta que, al propio tiempo, el EBEP, no sólo no contiene ninguna previsión específica en sus Disposiciones Transitorias en la que se regule la situación hasta tanto se produzca ese desarrollo legislativo, sino que deroga expresa e individualizadamente el art. 89 LFCE/64 (Disp. Derog. Única ap. a), y deroga, también expresamente, con carácter general "todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto" (Disp. Derog. Única ap. g).
La conclusión que deriva de lo anterior no puede ser otra que la de considerar que a partir de la entrada en vigor del EBEP, ha quedado derogada la tipificación y sanción de las infracciones graves realizada por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado ( RD . 33/86), al ser, por su condición jerárquica de norma meramente reglamentaria, abierta y frontalmente incompatible con las exigencias de reserva de ley en materia disciplinaria que se imponen por el citado EBEP, por lo que resulta directamente afectado por la derogación general prevista en la letra g) de su Disposición derogatoria única, y a falta de disposiciones de Derecho Transitorio, se ha generado un vacío normativo con relación a la tipificación y sanción de las faltas disciplinarias graves, como sostiene la Sentencia apelada.
Tres cuestiones deben...
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