STSJ Comunidad de Madrid 1/2016, 14 de Enero de 2016
| Ponente | MARIA DEL PILAR MALDONADO MUÑOZ |
| ECLI | ES:TSJM:2016:175 |
| Número de Recurso | 715/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 1/2016 |
| Fecha de Resolución | 14 de Enero de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2014/0025674
Recurso nº 715/2014
Ponente: Dña. Pilar Maldonado Muñoz
Recurrente : Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús
Representante: Procurador Dña. Mercedes Caro Bonilla
Parte demandada: Ministerio de Fomento
Representante: Abogado del Estado
Parte codemandada: Eugenio Diez, S.A. (EDSA)
Representante: Procurador Dña. Gema Fernández -Blanco San Miguel
SENTENCIA NÚM. 1
ILTMO. SR. PRESIDENTE:
D. Gustavo Lescure Ceñal
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Dña. Pilar Maldonado Muñoz
Dña. Margarita Pazos Pita
----------------------------------- En Madrid, a 14 de Enero de 2016.
Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 715/2014 interpuesto por la representación procesal de la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (FENEBUS), contra la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento de 16 de Octubre de 2014 (publicado en el BOE del día 18 de octubre) de la convocatoria de licitación pública y aprobación del Pliego de Condiciones que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros entre Eibar y Pamplona; habiendo sido parte demandada el Ministerio de Fomento, representado por el Abogado del Estado y parte codemandada la mercantil Eugenio Diez, S.A. (EDSA), representada por el procurador Dña. Gema Fernández -Blanco San Miguel.
La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente la anulación de acto objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en los términos que figuran en aquéllos.
Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 13 de Enero de 2016.
Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Pilar Maldonado Muñoz.
La representación procesal de la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (FENEBUS) impugna en el presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento de 16 de Octubre de 2014 (publicado en el BOE del día 18 de octubre) de la convocatoria de licitación pública y aprobación del Pliego de Condiciones que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros entre Eibar y Pamplona (expediente AC -CON- 06/2014).
Pretende el recurrente se revoque la resolución impugnada, alegando, en síntesis, que se ha prescindido totalmente del procedimiento legal establecido al efecto en la normativa sectorial de aplicación ( artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ), toda vez que los artículos 70.1 LOTT y 61.2, 62,1, 63 y 68,2 del ROTT establecen como trámites preceptivos previos, la redacción de un proyecto de prestación de los servicios y apertura de un periodo de información pública y el artículo 95.2 del ROTT solo exime de dichos trámites cuando concurran conjuntamente los dos requisitos siguientes: Que no se introduzcan modificaciones significativas en relación con los tráficos o el itinerario de la concesión extinta y que el pliego de condiciones se ajuste básicamente al título concesional extinguido. Afirma que comparando el pliego de bases que se impugna y la concesión extinguida resulta que aunque no existen modificaciones significativas con relación a los tráficos o al itinerario, el resto de las condiciones son totalmente diferentes. Por tanto, nos encontramos ante un servicio radicalmente distinto del que venia prestándose, por lo que la Administración ha incumplido la obligatoriedad de sometimiento a los trámites previstos en los preceptos antes mencionados. Añade que la Administración no ha definido ni en el pliego ni en documento alguno "las modalidades de distribución de los costes derivados de la prestación de servicios", lo que es preceptivo conforme al artículo 4.1.c) del Reglamento de la UE 1370/2007, constituyendo, además, un elemento básico para que las empresas licitadoras puedan confeccionar debidamente su oferta.
Continúa diciendo que el Pliego impugnado adolece de dos clases de inadecuaciones a derecho: Por un lado, no fija el personal estrictamente necesario para prestar el servicio, añadiendo que considerar personal estrictamente necesario para prestar el servicio a la categoría de conductor no es conforme a derecho, debiendo contemplarse también a otras clases de trabajadores y, por otro, no reconoce el derecho de subrogación al personal que ostenta este derecho conforme al Convenio Colectivo aplicable .
Por otra parte, dice que, aún cuando la convocatoria fue anunciada en el DOUE con fecha 5 de diciembre de 2012, esta publicación no puede considerarse válida por cuanto que la propia Administración, antes de la convocatoria del concurso había vuelto a publicitar ante el DOUE este mismo concurso; este segundo anuncio de julio de 2014, relativo al mismo concurso y servicio público es incompatible con el anuncio de 5 de diciembre de 2012, lo que debe conllevar la anulación de la convocatoria que no debe ser objeto de una nueva sino hasta que transcurra un año a contar a partir del segundo anuncio publicitado en el DOUE en julio de 2014.
Dice que el pliego (cláusula 1.11) obliga al sometimiento a las Juntas Arbítrales de transporte en relación con cualquier controversia que pueda suscitarse con los usuarios del servicio en el cumplimiento del contrato de transporte y que ello excede de la regulación legal (artículos 73.2 y 38.1 de la LOTT y 68.3.8 y 69.1 del ROTT) que solo obliga al sometimiento a las Juntas Arbítrales cuando la cuantía de la controversia sea mayor de 15.000 euros. Además esta prescripción del Pliego, como requisito "sine que non" para poder licitar, no es conforme a derecho, como tiene declarado el TC en sentencias 174/95, 75/96 y 325/2006, en el sentido de que no puede constituir una condición para licitar ni tampoco ser objeto de valoración de la oferta.
Añade que, el Pliego omite toda referencia a las instalaciones mínimas para la prestación del servicio (artículo 73.2 de la LOTT y 68.3 de ROTT) y tampoco concreta las obligaciones contractuales calificadas como esenciales; calificación que es obligatoria que haga todos los pliegos reguladores de esta clase de concurso ( artículo 223 del TRLCSP).
Finalmente, en cuanto a la acreditación de la solvencia técnica y profesional señala que el artículo 78 del TRLCSP dispone que podrá acreditarse, por uno o varios de los medios que establece, a elección del órgano de contratación, mientras que el pliego, en contradicción con dicho precepto, exige la presentación de todos los documentos que relaciona, disponiendo una serie de modos de acreditación que omite la práctica totalidad de los previstos en la norma, constituyendo una autentica " barrera de entrada", lo que obliga a la anulación del Anexo V a los efectos de que puedan licitar cuantas empresas estén en condiciones de acreditar la solvencia técnica, conforme a la legislación vigente. Continua diciendo que el propio Ministerio de Fomento, mediante resoluciones de 30 de enero de 2015 modificó el contenido de la misma cláusula del Pliego de bases referidos a las convocatorias de los similares servicios públicos Murcia- Almería (expediente AC-CON-07/2014, convocado en el BOE de 28 de noviembre de 2014) y Jaén- Benidorm (AC-CON 08/2014, convocado en el BOE de 19 de diciembre de 2014) admitiendo que los licitadores puedan acreditar su solvencia a través de cualquier otra certificación o documento de prueba equivalente. Concluye señalando que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con fecha 20 de enero de 2015 ha dictado resolución número 65/2015 en el recurso especial en materia de contratación número 900/2014, estimando en parte el recurso interpuesto por la representación de la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares ( ANETRA) declarando la nulidad de la cláusula contenida en el Anexo V, punto 5, letras c), d) y e) del pliego de condiciones para la licitación del contrato para la gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Badajoz y Sevilla.
La Administración demandada plantea, en primer término, la inadmisión del recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 69.b) en relación con el artículo 45.2.d) de la LJCA, alegando que el recurso se ha interpuesto por una persona jurídica, en concreto por una Federación, sin que se haya aportado el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos que las normas o estatutos exigen para entablar acciones, entre ellos, el documento acreditativo de que el órgano competente de la persona jurídica ha adoptado el acuerdo de accionar con arreglo a sus estatutos o normas fundacionales y en cuanto al fondo se opone a la pretensión actora argumentando, en primer término, que no se han vulnerado las normas procedimentales, dado que, conforme al artículo 95 del ROTT, la Administración puede convocar un nuevo concurso para el otorgamiento de una nueva concesión, dando por cumplidos todos los requisitos contenidos en el Capítulo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba