STSJ Comunidad de Madrid 52/2016, 27 de Enero de 2016
| Ponente | ANTONIA DE LA PEÑA ELIAS |
| ECLI | ES:TSJM:2016:118 |
| Número de Recurso | 1011/2013 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 52/2016 |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2013/0019074
Procedimiento Ordinario 1011/2013
Demandante: HERMANOS PICON CONSULTORES,S.L
PROCURADOR D. /Dña. MANUEL SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL
Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SENTENCIA 52
RECURSO NÚM.: 1011-2013
PROCURADOR Don Manuel Sánchez-Puelles González- Carvajal
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo
Dña. María Rosario Ornosa Fernández
Dña. María Antonia de la Peña Elías
----------------------------------------------- En la Villa de Madrid a 27 de Enero de 2016 Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1011-2013 interpuesto por Hermanos Picón Torralba Consultores SL representado por el procurador Don Manuel Sánchez-Puelles González- Carvajal contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 25.6.2013 reclamación nº NUM000, interpuesta por el concepto de Impuesto de Sociedades habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.
Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.
Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 19-01-2016 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Antonia de la Peña Elías.
PRIMERO La representación procesal de la entidad Hermanos Picón Torralba Consultores SL, parte recurrente, impugna la resolución de 25 de junio de 2013, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que desestimó la reclamación económico administrativa NUM000 que interpuso contra la liquidación derivada del acta de disconformidad A02/ NUM001 en concepto de Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, por importe a devolver de 11.847,32 euros.
En esta resolución se confirma el acto de liquidación recurrido, ya que la reclamante factura a DLA Piper Spain SL y a Squire Sanders Patentes y Marcas por servicios jurídicos que en realidad son prestados por el letrado Don Jesús Luis y no por la sociedad interpuesta que no añade valor alguno, la intermediación de la reclamante en los servicios jurídicos prestados a los clientes de DLA Piper Spain implicó simulación relativa, en la que existe dos hechos simulados que respectivamente consistieron en la prestación de servicios jurídicos por la reclamante a DLA Piper Spain y por Don Jesús Luis a la reclamante y un hecho disimulado por la prestación de servicios laborales directos por parte de Don Jesús Luis a los clientes de DLA Piper Spain de la que es empleado, con una finalidad estrictamente fiscal de menor tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades dado que se distribuyen la renta y se deducen más gastos y no hay economía de opción.
El TEAR se basa en la resolución dictada en la reclamación contra el resultado de la regularización a la entidad DLA y llega a las conclusiones siguientes:
Los servicios jurídicos que presta uno de los socios de DLA a los clientes de esta se dicen prestados por la sociedad de intermediación que retribuye a la persona física por un valor muy inferior al que luego factura por los mismos servicios a sus clientes DLA sin justificar ninguna ventaja salvo al fiscal y la responsabilidad ya está limitada y garantizada a través del despacho colectivo y la simulación se infiere de una serie de indicios constatados por la Inspección en aplicación del artículo 108 de la LGT .
DLA proporciona una completa infraestructura para la prestación de los servicios a sus socios profesionales abogados y la autonomía y la capacidad de gestión de estos. La relación abogado-cliente es personalísima y el cliente nada sabe y es ajeno a la sociedad de intermediación porque en realidad los servicios son prestados por el letrado Don Jesús Luis .
Al margen de la intervención no acreditada en la prestación de los servicios jurídicos facturados de las letradas Doña Hortensia y Doña Teresa, los medios humanos y materiales con los que cuenta la sociedad reclamante no son acordes con la prestación de servicios jurídicos: vivienda, muebles y enseres de Don Jesús Luis, chofer, profesional de reforma de vivienda y dos abogadas de las que no se ha concretado pese al requerimiento efectuado los servicios jurídicos que se afirma que prestaron.
Don Jesús Luis es administrador solidario de DLA y según el artículo 24 de los Estatutos de esta entidad se exige acuerdo expreso para poder prestar servicios jurídicos a la sociedad interpuesta y no se ha aportado. La Memoria de DLA del ejercicio económico 1/05/07 a 30/04/08, el socio Don Jesús Luis facturo 991.598 euros y esta cantidad coincide con la suma de los servicios facturados directamente y los facturados por la reclamante.
No se ha aportado contrato que modifique la prestación de servicios pero desde marzo de 2008 la sociedad de intermediación deja de prestar servicios a DLA y es Don Jesús Luis quine factura y presta servicios directos a DLA y se emite la factura 1/2008 por servicios de enero a marzo pero los servicios directos no se prestan sino desde marzo de 2008.
Los contratos para prestar servicios de DLA son los mismos que para Don Jesús Luis que para la sociedad reclamante.
Hay falta de publicidad de gastos de oficina y de licencia de apertura en relación a la sociedad de intermediación como prestadora de servicios jurídicos y las manifestaciones de las partes evidencian que conocían al situación irregular que se generaba.
En cuanto a los gastos no puede haber ninguno que resulte deducible que se correlacione con la actividad de prestación de servicios jurídicos porque no existe esta última y se ha simulado.
SEGUNDO La parte actora solicita de la Sala que se invalide y deje sin efecto la resolución del TEAR y la liquidación por retenciones a cuenta del IRPF de 2006 y 2007 con condena en costas a la Administración y para respaldar esta pretensión alega, en síntesis, que:
No hay simulación relativa, la entidad Hermanos Picón Torralba Consultores SL si contaba con medios personales y materiales para la adecuada prestación de servicios jurídicos teniendo en cuenta el carácter eminentemente intelectual de los servicios prestados. Contaba con tres abogados en ejercicio cuya colegiación resulta acreditada, que prestaron servicios jurídicos a los clientes de la misma y que percibieron rendimientos, por lo que resulta incorrecta la identificación de los servicios y de la actora únicamente con Don Jesús Luis y siguiendo la tesis de la Administración resulta incongruente que no se regularizasen las retenciones correspondientes a las letradas pero es que la Administración actuaba de forma preconcebida y se elimina el gasto de la base imponible por los honorarios satisfechos a las letradas, pero se admiten las retenciones a cuenta del IRPF en concepto de rendimientos de actividades profesionales. Por otra parte ni el ordenanza ni las letradas han sido objeto de comprobación
Se trata de economía de opción y la obtención además de una ventaja fiscal no es reprochable.
La jurisdicción penal viene a reconocer la legitimidad de la prestación de servicios jurídicos mediante sociedades interpuestas con su propia personalidad jurídica distinta de la persona física, auto de la Audiencia Provincial de Madrid 505/11 y no constituye simulación relativa.
Los servicios jurídicos por parte de la sociedad actora no solo se prestaron a DLA, sino también a otras sociedades, Squiere Patentes y Marcas y Codysis mediante iguala. No es cierto que la primera sociedad fuera absorbida por DLA y buena prueba de ello es que en octubre de 2006 fue liquidada y se extinguió su personalidad jurídica y la Administración si estimaba que había simulación negocial debió extender la comprobación a estas sociedades pero de manera arbitraria no lo hizo.
En segundo lugar son deducibles los gastos que la Inspección suprime, ya que se acredita la realidad de los servicios jurídicos prestados por la entidad recurrente y por tanto no se ajusta a derecho la supresión de los gastos por retribuciones a Don Jesús Luis y de la Seguridad Social; si procede la deducción por amortización del inmueble de Ortega y Gasset carece de lógica que no se admite la amortización y la correspondiente deducción de las obras de reforma del mismo inmueble y debe admitirse también la amortización de los elementos incluidos en las cuentas a las que se refiere por su vinculación con el mismo inmueble; en relación a los honorarios del ordenanza chofer se afirma indebidamente que se trata de una retribución de los fondos propios del socio mayoritario sin que paralelamente se califiquen de rendimientos de capital mobiliario; las retribuciones a las dos letradas deben ser también gastos deducibles ante la realidad de la actividad...
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