SAN, 30 de Abril de 2009
| Ponente | ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2009:1879 |
| Número de Recurso | 937/2007 |
SENTENCIA
Madrid, a treinta de abril de dos mil nueve.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional y bajo el número 937/07, se tramita a instancia de Dñª. Noelia ,
representada por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, y asistido por el Letrado D. Antonio Palazón Rubio, contra
Resolución de la DGRN, por delegación del Ministro de Justicia, de 17-9-2007 denegatoria de la solicitud de nacionalidad por
residencia y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
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- La parte indicada interpuso en fecha 3/12/2007 este recurso respecto de los actos antes aludidos y, admitido a trámite, y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el Suplico de la misma, en el que literalmente dijo: "que, teniendo por presentado este escrito y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, por formulada en el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 18/9/2007, y, tras los trámites legales oportunos, se dicte sentencia estimando el recurso y revocando la resolución impugnada, acordando conceder la nacionalidad española a Dñª. Noelia ".
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- De la demanda se dió traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó: "Que tenga por contestada la demanda deducida en el presente litigio y, previos los trámites legales, dicte sentencia por la que se desestime el recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de las costas a la demandante" .
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- Solicitado el recibimiento a prueba del recurso, la Sala dictó Auto de fecha 29 de Junio de 2008 acordando el recibimiento a prueba por plazo común de treinta días, habiéndose practicado la propuesta y admitida con el resultado obrante en autos.
Siendo el siguiente trámite el de Conclusiones, a través del cual, las partes, por su orden, hanconcretando sus posiciones y reiterado sus respectiva pretensiones. Por providencia de 13 de Abril de 2009 se hizo señalamiento para votación y fallo el día 28 de Abril de 2009, en que efectivamente se deliberó y votó
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- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente el Magistrado de esta Sección Dª Isabel García García-Blanco.
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- En el presente recurso se impugna la resolución de la DGRN, por delegación del Ministro de Justicia, de 17-9-2007 denegatoria de la solicitud de nacionalidad por residencia sobre la base de no haber justificado suficientemente buena conducta cívica al aparecer condenada en sentencia de 29-1-2002 por un delito de falsedad en documento oficial.
En la demanda se sostiene que los antecedentes penales derivados de tal sentencia pueden entenderse cancelados y que su trayectoria posterior ha sido y es intachable.
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- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un...
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